Alberto Cañas

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Sábado 23 Julio, 2011


CHISPORROTEOS


Debo decirle a mi estimado amigo don Arnoldo Mora, que en el artículo en que me referí al destino que tuvo una pequeña partida que como diputado logré destinar al Museo de Arte Costarricense en el presupuesto nacional de 1975 con la intención de que el Museo sirviera, como su antecesora la Dirección General de Artes y Letras, de caja chica al Ministerio de Cultura, no dije “me contaron” (como don Arnoldo me atribuye) sino “me enteré”. Lo que él me pone a decir huele a chisme, y yo me preocupo, tal vez más de la cuenta, de emplear las palabras más exactas y que tengan menor número de significados. Me enteré del destino que tuvo la partida, porque llamé al Museo y lo pregunté, para saber si valía la pena insistir en ella, mientras se le encontraba (si es que el Ministerio la buscaba) otra solución al asunto.
El escándalo de la Caja Costarricense de Seguro Social se veía venir. Quienes hemos estado en su Junta Directiva seguimos interesados en ella y convencidos de que es la institución más importante de todas para el pueblo de Costa Rica. De allí la indignación que siempre he sentido desde que al aplicar la última convención colectiva, los empleados de la Caja reciben trece salarios mensuales antes que el aguinaldo, que viene a ser el número catorce.
El truco fue muy sencillo. A los empleados se les pagaría por quincena y no por mes, y se ideó una nueva definición de la quincena. Su etimología misma. Quincena viene de quince. Los pagos quincenales se efectúan el quince y el último día de cada mes Pero en la Caja decidieron que quincena es sábado de por medio, o sea cada catorce y no cada quince días. De suerte que las veinticuatro quincenas que hay en un año de doce meses, se convirtieron en veintiséis: sábado por medio durante cincuenta y dos semanas. Dos quincenas más, lo que hace una mensualidad más.
Cuando desde la Junta Directiva me puse detrás del asunto, la Presidente del tribunal que aprobó la convención, mi buena amiga Elizabeth Odio, me explicó que los representantes “patronales” de la Caja durante la negociación, eran empleados de ella y por lo tanto accedían a todo cuanto pedía el sindicato. Desde entonces estoy convencido de que los convenios colectivos con las instituciones públicas deben ser considerados como convenios colectivos con el Estado, y que la parte patronal debe ser el Estado mismo. He llegado a la conclusión (desgraciadamente cuando llegué a la Asamblea en 1994 no se me había ocurrido) de que lo que debe hacerse es crear, dentro del Ministerio de Trabajo, un grupo de expertos entre los cuales la institución respectiva escogerá al que habrá de negociar como representante patronal, y le pagará sus honorarios. Así se evitarán cosas como las que he contado, y las que vienen sucediendo continuamente en Japdeva.

Alberto F. Cañas
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