Alberto Cañas

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Sábado 7 Noviembre, 2009


CHISPORROTEOS


Hace días, meses o años, que está en el tapete la discusión sobre los llamados porteadores o sea propietarios de automóviles que hacen por encargo y generalmente en forma en forma regular, el transporte de determinados pasajeros. No ruletean en las calles pero carecen de permiso para hacer lo que hacen, sin que se sepa por qué razón necesitan de ese permiso.

Todo lo que se ha dicho al respecto me parece que olvida un elemento fundamental, que es el derecho del ciudadano al trabajo. Es cierto que no es total y que hay trabajos u oficios que son ilegales porque tienen carácter delictivo. Pero no puede ser ilegal que una persona desempeñe un actividad que nada tiene de criminal ni de pecaminoso ni de inmoral, aunque por su índole de servicio público, deba estar o simplemente esté reglamentada por el Estado.

Seamos francos: lo que sucede es que cuando se estableció el servicio de taxis (antes de eso había lo que llamábamos “garajes” a los que se les se les pedía por teléfono el envío de un vehículo), o sean los vehículos que recorren las calles ruleteando o sea buscando pasajeros (ahora está de moda entre ellos estacionarse,) no se pensó en que el servicio personal telefónico que estaba desapareciendo podía reaparecer y no había razón alguna para que fuese ilegal, siempre que estuviera vigilado.

Sobre todo, porque seamos francos: muchísimos choferes de taxi son empleados de personas que jamás se han sentado al volante de un taxi. Tradicionalmente las llamadas “placas” de taxi se han repartido políticamente, entre allegados al régimen y se habla de ex-diputados que tienen un buen número de esas placas. Como diputado que fui, conozco bien el asunto aunque no soy dueño de placas de taxi.

La solución de ese asunto es muy sencilla: admita el gobierno la existencia de dos tipos de transporte público en automóvil y reglamente las dos, no en beneficio de los propietarios de “placa” sino del público. Por ejemplo: me atrevo a provocar alarmas y alaridos: exíjase que quien conduzca el taxi sea su propietario, salvo el caso de que se formen cooperativas. Y déjese a los llamados porteadores prestar el tipo de servicio que prestan. Creo que ni necesidad hay de ley. Un decreto ejecutivo bien redactado (aunque no por un señor que cobre en dólares sino por un procurador) todo lo arreglará. Bueno, todo no, porque todo nunca se arregla.

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