Alberto Cañas

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Miércoles 2 Septiembre, 2009


CHISPORROTEOS


Es perfectamente irritante la tesitura en que se colocan los bancos del Estado, de poner dificultades, y hasta negarse rotundamente a hacerlo, a la hora de descontar los bonos de deuda política que emiten los partidos y que después de las elecciones se sustituyen o rescatan por la contribución estatal, que a veces tarda porque requiere trámites minuciosos y cuidadosos.

Entre las cosas que alegan para negarse, está la de que esos bonos demoran mucho en hacerse efectivos. O sea que los bancos del Estado se valen de lo que puede ser una deficiencia pero es más bien un exceso de cautela por parte del Estado para obstaculizar o negarse a hacer la operación de descuento, que para los partidos no multibillonarios es vital.

El punto es otro: Costa Rica es una República democrática que ordena constitucionalmente el cambio de gobierno cada cuatro años. Las leyes costarricenses reglamentan y vigilan la conducta de los partidos políticos (entidades que la ley estimula), en el entendido de que, aunque no son de propiedad pública son órganos imprescindibles de la democracia cuya conducta está regida por el Código Electoral, y vigilada por el Tribunal Supremo de Elecciones porque el país está interesado en que el sistema funcione, y el Estado se supone que está integralmente al servicio de ese interés.

Uno diría que todos los órganos del Estado deben estar al servicio de la democracia política que la Constitución estatuye, y colaborar activamente para que esa democracia funcione de la mejor manera concebible. La financiación pública de los partidos es una de las medidas acertadas que el Estado costarricense ha ideado para que la democracia política funcione correctamente y no pase a ser controlada por los económicamente más poderosos.

Y es precisamente en uno de los momentos en que se ve un peligro mayor de que los económicamente poderosos controlen totalmente el país, cuando los bancos del Estado adoptan la política de poner obstáculos a la ayuda que se espera para los partidos políticos… a sabiendas de que los partidos políticos financiados y réquetefinanciados por los económicamente poderosos, no necesitarán tanto de la ayuda bancaria como los que están en situación distinta.

Es irritante que organismos importantes del Estado, pongan pretextos para no ayudar a que se cumpla debidamente y con amplitud la función esencial de la democracia que es la renovación periódica y democrática de los poderes públicos. Creo firmemente que en períodos de florecimiento democrático (concretamente 1948-1970), incluso se pudo pensar en hacer obligatoria la ayuda de los bancos del Estado a los partidos políticos, y nadie se habría opuesto a tal cosa. No abundaban entonces los neoliberales que creen, no que el mundo es el Mercado como dicen, sino que el mundo es un Mercado (hasta con refresquería de las Tapia si ustedes quieren).

Una de las peores cosas que le han pasado a Costa Rica es que los bancos públicos se sienten ahora bancos privados. Lejos están los tiempos de Julio Peña, de Elías Quirós, de Manolo Naranjo, de Angel Coronas, de Rafael Alberto Zúñiga, de Rafael Cañas Alvarez, de Gilbert Laporte, de Guido Goicoechea y de la conciencia nacional que los inspiraba.

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