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Chisporroteos

Alberto Cañas afcanas@intnet.co.cr | Miércoles 28 noviembre, 2007

A veces es posible convertir una verdad en mentira, sin que deje de ser verdad.

El resultado del domingo 7 es uno de los casos más flagrantes. Es cierto que el SI obtuvo más votos que el NO, pero los porcentajes de 51 vs 48 no son para volverse loco, ni para ponerse tonto.

Lo mismo podría decirse de la elección presidencial de 2006. Don Oscar Arias recibió menos de 20.000 votos más que su contrincante más cercano, un poco más del 40% constitucional que eligió alguna vez a don Mario Echandi y a don Daniel Oduber, pero ninguno de ellos se comportó como si hubiera recibido un mandato verdadero. En los últimos 60 años, solamente don Pepe Figueres en 1953 y don Luis Alberto Monge en 1982 han recibido lo que se puede interpretar como un mandato.

El gobierno que tenemos emana de una mayoría de votantes, pero esa mayoría de votantes es una minoría de electores, y una asustante minoría de habitantes.

Una administración con un apoyo electoral tan tenue debería ser un poquito más cuidadosa y más prudente en sus relaciones con la oposición, que se limitan a buscar un voto aquí y otro por allá entre los minoritarísimos para que le aprueben sus proyectos, haciendo caso omiso del sector opositor que le mordió los talones en el 2006.

Esto, en cuanto a elección presidencial. En lo que concierne a referéndum la cosa es otra cosa: los corifeos del SI proclaman todos los días que hay que aprobar los proyectos que tienden a cumplir lo que los negociadores costarricenses ofrecieron. Es cierto que al aprobar el tratado, los votantes aprobaron la obligación que adquirió Costa Rica, de abrir el monopolio de seguros y abrir el mercado de los teléfonos celulares, que no ha habido negativa a abrirlo de parte de ningún gobierno.

Pero en ninguna parte aparece lo que algunos pretenden: que la obligación es aprobar precisamente los proyectos que en esa dirección preparó el Ejecutivo (o le prepararon, como fue el combo del 2000). Y cada vez que los diputados de oposición tratan de variarlos, o de detener su aprobación a alta velocidad y con la mínima discusión posible, les sacan a relucir el resultado del domingo 7.

Admitamos que hay que aprobar leyes en el sentido que el tratado dice. Es cierto. Pero repito: ¿Tienen esas leyes que ser precisamente las que envió el Poder Ejecutivo a la Asamblea, cuyo contenido, que yo sepa, no ha sido objeto de debate público, y si lo ha sido de debate parlamentario, la prensa no ha informado puntualmente como debiera sobre ese debate? ¿No podrían ser otras, elaboradas por los diputados?

Que se sepa, ningún personero del gobierno, ni diputado gobiernista ha salido a la prensa, a la radio a la televisión ni a las calles a explicarle al pueblo el contenido y significado de esos proyectos concretos. En los años que llevo de vivir, jamás he visto una precisa tan extraña ni un empeño tan repugnante en que se apruebe a rajatabla determinado texto jurídico que ni explican ni defienden.

Recuerdo que los proyectos de marras fueron expresamente excluidos del referéndum. En todo caso, existen proyectos que muchos diputados juzgan mejores que los que presentó el gobierno. En lo que atañe al ICE hay uno elaborado por la Universidad de Costa Rica, que la prensa no menciona (lo ignora, en los dos sentidos del verbo): otro redactado por una comisión legislativa especial en 1996. ¿Por qué no se les ha dado un trámite paralelo que permita a la opinión pública (referéndum o no) compararlos, y a los diputados decidir cuál es mejor?... Y después salen a criticar a Hugo Chávez.

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