Alberto Cañas

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Miércoles 9 Julio, 2008

CHISPORROTEOS

Alberto F. Cañas

Como no puede haber semana sin escándalo, ahora tenemos ese de las platas del Banco Centroamericano de Integración, que están sirviendo para financiar desde los gastos del Ministerio de los Pobres, hasta guitarristas que amenicen fiestas en Zapote.

Ha quedado claro que esos dineros eran para programas de protección a los pobres, pero seamos generosos: la verdad es que los guitarristas no son ricos.

El abuso es viejo, y mal haría cualquiera en suponer que es propio de la Administración Arias Hermanos. Ya durante el gobierno de Pacheco una comisión de que formé parte preguntó el origen de ciertos pagos y sobresueldos, con el resultado de que nos mandaron para la casa por indiscretos curiosos y preguntones. Ahora sé, o por lo menos supongo, que el origen de algunos puede haber estado en el BCIE, pero sabemos que no de todos, porque a la larga todo se sabe.

Aparte de la inmoralidad implícita en todo esto, surge la pregunta de si es correcto, constitucional, legal o ético que la Casa Presidencial tenga empleados fijos cuyos salarios no se pagan con fondos del Presupuesto Nacional, y se los fija el jefe como le da la gana sin la intervención del Poder Legislativo que prevé el inciso 11 del artículo 121 de la Constitución, y que no gozan de la protección del servicio civil. Es decir, todo a la manera de 1940, cuando los gobiernos obviaban la obligación de someter sus presupuestos al Legislativo. Valdría la pena leer la declaración para impuesto sobre la renta de esos empleados, para ver cómo declaran el origen de sus ingresos. Valdrá también la pena, de paso, saber qué protección legal tienen, si, al no estar regidos por el Servicio Civil, los cubre el Código de Trabajo o qué. Porque parece, juristas de mérito lo afirman, que los empleados públicos trabajan, según la Constitución, bajo el servicio civil y no bajo el Código de Trabajo. Si a uno de ellos lo despiden sin prestaciones, y gana judicialmente su reclamo, ¿a quién condenará el tribunal a pagarlas?

Y, por supuesto, las benditas, inevitables consultorías, que se han convertido en el mejor negocio que puede hacer en Costa Rica un profesional que no tenga demasiados prejuicios morales. La verdad monda y lironda es que los verdaderos consultores del gobierno están, si jurídicos en la Procuraduría; si económicos, en el Banco Central, y así sucesivamente. Y que los mejores gobiernos que ha tenido Costa Rica no sintieron necesidad de contratar consultores cuyo precio es un acuerdo arbitrario entre el consultor y el jerarca.

Otra cosilla: ¿Qué méritos, títulos, experiencias o conocimiento se necesitan para ser consultor? Y si uno es consultor, ¿a qué está obligado? Si rinde un informe, ¿quién lo lee? ¿Habrá un alto jerarca del gobierno que jure que ha leído y aprovechado el informe de un consultor?

Lo único que nos falta es una Ley Marco (¿qué demonios significará marco en este contexto?), de Consultorías con unos 100 o 200 artículos.

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