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Chisporroteos

Alberto Cañas afcanas@intnet.co.cr | Sábado 25 agosto, 2007

Desde que las autoridades calderonistas, en el mes de mayo de 1943 apalearon en el patio del Palacio Nacional a los diputados Francisco J. Orlich y Francisco Urbina que se oponían a un proyecto gubernamental de quitarles a las mesas electorales el derecho de contar los votos y darles esa función a los diputados (proyecto que derrotamos EN LAS CALLES las mujeres y los estudiantes); y desde que el 1 de marzo de 1948 secuestraron al diputado Manuel de Jesús Quirós para que no llegara a votar negativamente la anulación de las elecciones presidenciales, en Costa Rica no había ocurrido nada tan grave como lo que sucedió en Zarcero el sábado pasado.

Al diputado Joaquín Salazar, del PAC y residente en Zarcero, le impidió la fuerza pública, alegando tener instrucciones superiores, acercarse siquiera al sitio donde don Oscar Arias iba a tener una reunión, a la que el diputado se proponía asistir, y fue agredido por un matón, que se dijo funcionario de la Casa Presidencial, y lanzado por éste violentamente contra una persona que estaba tomando fotografías de lo que sucedía. Dichosamente las fotografías existen. Yo las he visto.

Según se dice (porque ahora sí que no sé si es cierto), las autoridades de policía están ahora bajo el mando del Tribunal Supremo de Elecciones, de manera que cabría preguntarse: UNO, si fue el TSE el que instruyó a las autoridades de Zarcero, y DOS: si el grupo de que forma parte el musculoso y aguerrido matón del cuento es una fuerza pública lícita que debe estar bajo la jurisdicción del TSE, o un invento o truquito para eludir a éste.

Agrego que el mismo día, la fuerza pública de San Ramón agredió a unos estudiantes en un contexto parecido (el TLC), pero de ese hecho no he visto fotografías como del de Zarcero.

Algunos han hecho un gran escándalo porque en un pleito entre particulares, un dirigente sindical le dio de puñetazos a alguien que lo insultaba. Advierto, por si algún editorialista lo ignora, que los dirigentes sindicales no son autoridades, aunque sean según algunos, hijos de Satanás (por no decir hijos de otra cosa), pero esa circunstancia les viene floja a la Constitución y a las leyes.

El hecho es que autoridades agredieron a un ciudadano que transitaba tranquilamente por las calles de su pueblo, le limitaron arbitrariamente su derecho al libre tránsito por ellas, le impidieron participar en un acto que se celebraba en un lugar público o presenciarlo, y que ese ciudadano es un diputado, diputado de oposición por más señas, portador de un carnet en que se ordena a las autoridades servirle, protegerle y facilitarle sus actividades.

Tengo suficientes años, para haber vivido la década del 40, y sentirme autorizado para proclamar aquí, a voz en cuello, que así empezaron en aquel entonces las cosas. En alguna parte escribí, hace algún tiempo, que la agresión a los diputados Orlich y Urbina fue el primer disparo de la guerra del 48.

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