Chiquita busca poner fin a escándalo

Chiquita busca poner fin a escándalo

Washington

EFE

El juez estadounidense Royce Lamberth autorizó ayer la multa de $25 millones que la multinacional bananera Chiquita Brands International accedió a abonar por los pagos realizados a las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

Esta es la mayor sanción que se ha impuesto hasta el momento bajo la legislación antiterrorista de Estados Unidos, dijo la Fiscalía.

El pasado marzo, Chiquita se declaró culpable de haber hecho más de 100 pagos a ese grupo paramilitar colombiano por un importe total de $1,7 millones.

La semana pasada la propia Fiscalía se mostró a favor de que la empresa pagara los $25 millones, cantidad de la que ayer ya había abonado $5 millones, incluso antes de que el juez de distrito de Washington diera a conocer la sentencia.

La sentencia del juez Lamberth impone además a la empresa un periodo de prueba de cinco años, durante el cual deberá hacer pagos anuales de $5 millones, hasta completar la sanción.

Como parte del acuerdo, el Departamento de Justicia de Estados Unidos también decidió no presentar cargos contra ex directivos y otros altos ejecutivos implicados en los pagos efectuados a las AUC entre 1997 y 2004.

En declaraciones a la prensa, el asesor y ejecutivo de la multinacional, James Thompson, señaló que es la “decisión correcta” y “refleja los esfuerzos de buena fe que ha hecho la compañía para manejar esta situación tan complicada”.

Thompson insistió, no obstante, en que la empresa fue “obligada a pagar extorsiones” por parte de las AUC, algo que hizo con el “único motivo de proteger las vidas de los empleados y de sus familias”.

A juicio del directivo de Chiquita, el juez valoró que la empresa confesara voluntariamente los hechos y su colaboración durante toda la investigación.

El fiscal Jonathan M. Malis también resaltó la disposición a colaborar mostrada por la compañía.

Al mismo tiempo subrayó que Chiquita hizo pagos millonarios para “financiar armas con las que las AUC mataron a civiles inocentes”, y continuó con las transferencias aun después de confesar este delito a las autoridades en 2003.

Este hecho también lo destacó el juez Lamberth cuando pronunció la sentencia, al recordar que la conducta de Chiquita era ilegal y permitió a las AUC asesinar a civiles inocentes en Colombia.

Dejó entrever, además, su preocupación por el hecho de que las recomendaciones de la Fiscalía no recojan la responsabilidad individual de los directivos en estas muertes.

Eric H. Holder, abogado defensor de Chiquita, subrayó por su parte que la compañía fue amenazada y alegó que aquellos pagos realizados antes del 10 de setiembre de 2001 —fecha en la que el Gobierno de Estados Unidos declaró a las AUC un grupo terrorista— no fueron ilegales.

Holder también apoyó su defensa en la “negativa” del gobierno a dar una respuesta a Chiquita cuando sus directivos se dirigieron a las autoridades para conocer la postura del Departamento de Justicia sobre los pagos a las AUC.

Según el abogado, si el gobierno hubiera dicho que la empresa debía parar las transacciones, Chiquita lo habría hecho de inmediato.

Con esta sentencia, Chiquita podrá pasar página a un escándalo de alcance internacional que comenzó con los pagos a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y al Ejército de Liberación Nacional (ELN), y que después se extendió a las AUC, los principales grupos ilegales del conflicto armado colombiano.

La filial de Chiquita en Colombia, Banadex, comenzó los pagos en 1997, si bien fue en setiembre de 2000 cuando los ejecutivos de la multinacional se enteraron de su existencia a través de una auditoría interna.

El 10 de setiembre de 2001, el Departamento de Estado de Estados Unidos declaró a las AUC un grupo terrorista, pero debido a los atentados del día siguiente en Nueva York y Washington, la noticia pasó desapercibida y Chiquita solo se enteró cuando un abogado se topó con ella en Internet en febrero de 2003, según la propia compañía.