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Presidenta no mostró disconformidad, cuando Canciller se sintió confiado de que dragado no afectaría suelo nacional
Chinchilla pudo oponerse
Bruno Stagno, anterior ministro de Relaciones Exteriores se había negado a dar aval a la limpieza en el cauce, presagiando un lío

Sin estudios técnicos y con un poco de ingenuidad, el canciller René Castro pensó que se daban las garantías ambientales para no cuestionar el dragado en el río San Juan, trabajos de limpieza que hoy desatan un nuevo conflicto entre Costa Rica y Nicaragua. Subsecuentemente, en ese momento la presidenta Laura Chinchilla, a quien el ministro se reporta, no mostró reticencia.
Pesó más una promesa verbal de Samuel Santos, jerarca de la diplomacia del vecino país, que un informe detallado para que Castro confiara en que la margen costarricense del San Juan no iba a sufrir afectaciones ambientales y mucho menos ser víctima de una invasión militar.
Y es que el conflicto que actualmente se vive en las inmediaciones del río era algo que ya se preveía desde la administración de Oscar Arias.
Presagiando que Daniel Ortega, mandatario nica —como es habitual cuando se avecinan los comicios presidenciales—, utilizaría a Costa Rica como cortina de humo, para minimizar los cuestionamientos hacia su gestión; el entonces canciller Bruno Stagno lanzó misivas fuertes ante las amenazas ambientales que suponían el dragado, hasta no contar con un sustento técnico.
En ese sentido, envió una carta de protesta (el 27 de agosto de 2009) a las autoridades de Managua solicitando estudios que demostraran que el proyecto de limpieza no afectaría a Costa Rica, nota que nunca fue respondida, pero que frenó por más de un año las pretensiones nicas.
Dicha carta luego fue secundada en esta administración por el vicecanciller Carlos Roverssi, en julio; sin embargo, su accionar fue minimizado y hasta algunos medios de comunicación sugirieron su destitución.
Pese a las advertencias y el claro historial sobre este problema, en una comparecencia en setiembre ante la Asamblea Legislativa, Castro fue enfático y hasta mostró seguridad en que los trabajos de dragado en el San Juan no ocasionarían daños ambientales en territorio nacional, ni en la afluencia del río Colorado, tomando como base las promesas de su homólogo nicaragüense y del presidente Ortega.
Confiado en que no era necesario un estudio del proyecto que desglosara quién se encargaría de la limpieza, dónde se depositarían los sedimentos y qué implicaciones ocasionaría en suelo nacional, el Canciller tico, con el aval del Gobierno central le dio luz verde a Nicaragua para que comenzara el dragado.
Posteriormente, en una nota que el Ministerio de Relaciones Exteriores subió a Facebook, Castro aceptó que Nicaragua no contaba con una base técnica para realizar el dragado.
Con el aval de Costa Rica, el resto es historia y todavía con un final incierto para el país.
Una serie de fotografías y vídeos de sobrevuelos en las inmediaciones del río San Juan, develaron que se estaban depositando sedimentos, debido al dragado, en suelo nacional, precisamente en Isla Calero, en la provincia de Limón.
Posteriormente, otra serie de imágenes también revelaron la presencia de soldados de Nicaragua en dicha localidad, zona donde instalaron un campamento e izaron una bandera de su país. Los efectivos permanecen en el mismo lugar hasta el día de hoy.
Dichas acciones fueron catalogadas como una violación a la soberanía costarricense y por ello, las autoridades diplomáticas nacionales acudieron a la Organización de los Estados Americanos (OEA), para que mediara en el conflicto y ordenara la salida de los militares.
No obstante, a la fecha se han realizado tres encuentros en el seno de la OEA, sin lograrse un consenso ni una salida pacífica al problema.

Natasha Cambronero
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