Enviar
Chile hará valer sus derechos ante La Haya

Perú presentó demanda ante Corte Internacional por controversia limítrofe


Santiago
EFE

Chile aseguró ayer que hará valer en la Corte Internacional del Justicia (CIJ), con sede en La Haya, “todos los derechos que le asisten” ante la demanda presentada por Perú para resolver una controversia por la delimitación marítima.
El canciller chileno, Alejandro Foxley, expresó el malestar de su país por la acción peruana que para el Gobierno de Santiago “desconoce tratados vigentes”, al tiempo que reiteró “su pleno respeto” a la Corte de La Haya.
“Chile utilizará todos los recursos jurídicos a su alcance para hacer frente a esta demanda, y continuará resguardando los derechos que se intenta desconocer”, dijo Foxley.
En una nota leída a la prensa, el canciller subrayó que a pesar de la demanda, Chile desea mantener buenas relaciones con Perú.
“El Gobierno de Chile procurará que las relaciones con Perú continúen por la senda de mutua cooperación y entendimiento, en beneficio de sus respectivos pueblos y de las futuras generaciones”, señala el texto.
Previamente en Lima, el presidente peruano, Alan García, se refirió a la demanda como una “histórica acción internacional” con la cual “culmina una cuidadosa etapa preparatoria llevada paso a paso” por su Gobierno.
En un discurso ante el Congreso, García subrayó que la decisión de acudir a La Haya refleja la “histórica vocación pacífica del Perú y su tradicional conducta de apego a los principios del derecho internacional”.
En la misma línea se manifestó el ex canciller peruano y agente de su país ante la CIJ, Allan Wagner, quien resaltó que el plantear el diferendo ante el máximo órgano judicial de la ONU “no es un acto inamistoso” y debe desarrollarse en un “ambiente de buenas relaciones” entre ambos países.
La apreciación de Wagner, que fue el encargado de presentar ayer la demanda, camina en la misma dirección del comunicado chileno, que destacó el interés de mantener unas buenas relaciones entre los dos países.
Las diferencias por los límites marítimos entre Perú y Chile se remontan a la Guerra del Pacífico (1879-1883), que modificó las fronteras entre ambos países y dejó a Bolivia sin salida al mar.
Medio siglo después de ese conflicto, que terminó con el Tratado de Ancón (1883), se firmó el Tratado de Lima (1929), que fijó el denominado hito de la “Concordia” como referencia para las fronteras terrestres entre ambos.
Por su parte, Chile argumenta que los límites marítimos fueron fijados en tratados suscritos en la década de los 50, que según la posición oficial del Perú sólo son acuerdos pesqueros.
La controversia se reactivó en mayo del año pasado cuando el Gobierno peruano presentó ante las Naciones Unidas la Ley de Líneas de Base del Dominio Marítimo, aprobada por el Congreso en 2005.
Los peruanos aseguran que la línea divisoria parte del punto en la orilla del mar denominado Concordia, para proyectar, en un trazo equidistante, las 200 millas de dominio marítimo.
Chile, en cambio, utiliza la línea paralela y argumenta que el límite territorial no está a orillas del mar, sino en el denominado Hito 1, unos 220 metros tierra adentro hacia el nordeste.
La demanda peruana ante la Corte Internacional de Justicia también causó preocupación en Bolivia, que considera que puede postergar su reivindicación de la salida al mar, perdida en la Guerra del Pacífico.
El presidente de la Comisión de Política Internacional de la Cámara de Diputados de Bolivia, Michiaki Nagatani, dijo que la reclamación de Bolivia se convierte en un asunto “trilateral” y abogó por buscar alternativas y “adelantarse” a la decisión de la Corte Internacional.
Tras recibir la demanda peruana, la Corte Internacional de Justicia aseguró que el reclamo tiene dos vertientes.
Por un lado, el asunto de la “delimitación de la frontera marítima de los dos países en el Océano Pacífico”, y por el otro, “el reconocimiento en favor de Perú de una zona dentro de las 200 millas náuticas de la costa peruana” que Chile considera como una parte de alta mar.
La CIJ, integrada por 15 jueces elegidos para un período de nueve años por el Consejo de Seguridad de la ONU, deberá notificar ahora al Gobierno chileno para que éste designe un agente ante la Corte, y luego convocará a las partes para explicarles cómo continuará el proceso.
Ver comentarios