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Cementera y alcaldesa batallan por clausura de obra

Danny Canales dannycanales.asesor@larepublica.net | Miércoles 11 noviembre, 2009




Compañía denuncia presunto atropello de funcionaria por paralizar apertura de nueva competidora
Cementera y alcaldesa batallan por clausura de obra
• Empresa presuntamente ocultó información, justifica titular del municipio de Alajuela

Danny Canales
dcanales@larepublica.net

La clausura de la construcción de una planta cementera desató una disputa entre la empresa dueña de la obra y Joyce Zurcher, alcaldesa de Alajuela.
El cierre del proyecto se produjo el viernes y ayer la compañía ya había recusado a la funcionaria, apelado la orden de cierre y finiquitaba detalles para recurrir a la Sala IV.
La empresa denuncia que detrás del cierre existe una presunta campaña de persecución y desprestigio por parte de Zurcher, a la que le imputa un supuesto conflicto de interés en este caso.
Del otro lado la funcionaria inculpa a la empresa de carecer del permiso de uso de suelo para fabricar cemento, de realizar más obras de las que le fueron autorizadas y como consecuencia de esto último, de evadir el pago de impuestos de construcción.
La obra clausurada es la construcción de una fábrica productora y comercializadora de cemento en San Rafael de Alajuela.
El proyecto es desarrollado por la compañía Comercializadora de Concreto y Asfaltos S.A. (Comcoas S.A. ), la cual aspira a introducir la marca de Cemento David al mercado nacional.
En la firma cuestionan que el cierre fue arbitrario, pues aseguran contar con los permisos municipales, ambientales y de salud para realizar la construcción de su planta.
“La alcaldesa justifica que el cierre se da por varias anomalías, sin embargo, estas no están documentadas en ninguna inspección ni análisis técnico que haya realizado la municipalidad”, aseguró Marco Méndez, gerente de Cemento David.
Como prueba de que están al día con los permisos, Méndez presentó un estudio del Departamento de Control Fiscal y Urbano del municipio que afirma que la obra cuenta con el permiso de uso de suelo, que las obras en construcción son las autorizadas y que se pagaron por ellas los impuestos que establece la legislació
n.
Lo que estaría primando en este caso es un conflicto de
intereses, pues presuntamente un hermano de Zurcher es directivo de una empresa productora de cemento que opera en el país, adujo el representante de la cementera.
Sobre este cuestionamiento, la alcaldesa aseguró desconocer en cuáles directivas participan sus parientes, y al tiempo aseguró que los documentos en que se basó para realizar el cierre son contundentes.
“La empresa nos reporta una construcción de casi 4 mil metros cuadrados y con esa base se calcularon los impuestos, pero un informe del Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos nos señaló que la construcción en realidad abarcará 25 mil metros cuadrados”, cuestionó la alcaldesa.
Otro asunto que incidió
en el cierre es que el permiso de uso de suelo fue supuestamente para una planta de agregados, no para una fábrica de cemento, dijo la funcionaria.
Para derogar la orden de clausura de la construcción, la única vía —según Zurcher— es que la empresa corrija las presuntas inconsistencias en los documentos entregados; no obstante, Comcoas acudió al procedimiento municipal y no descarta elevar el caso a la Sala Constitucional.






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