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Jueves, 22 de agosto de 2019



COLUMNISTAS


Castrarla o depurarla

Alvaro Madrigal [email protected] | Jueves 30 septiembre, 2010



De cal y de arena
Castrarla o depurarla

Castrar o depurar la Sala Constitucional. Sus descarríos y desvaríos han desatado una recia ola de críticas que en modo alguno deben ser razón para reducirla a la impotencia o para retornar al engorroso e ilusorio mecanismo de control de la constitucionalidad existente antes de su creación. De sus flaquezas hay que sacar fuerzas para cambiar su diseño institucional y reencarrilar su desempeño hacia los objetivos que inspiraron su creación. Instituir en su interior cámaras para abocarse separadamente a habeas corpus y a amparo, y dejar el pleno de la Sala reservado para los temas de constitucionalidad, su exclusión del Poder Judicial, son iniciativas planteadas desde hace rato y que ensayan una respuesta a tantas dudas acumuladas sobre la calidad del trabajo de esta institución. Sobre un estimado de 264 días hábiles, el promedio de asuntos votados cada día en 2009 (cuando la Sala resolvió 18.856 expedientes) es de 71,42. Para el primer trimestre de 2010 (con 5.469 casos terminados) la media diaria llega a 82,86. Aun apartando la paja del grano y especulando con que los magistrados, sin los letrados, se queden exclusivamente para los expedientes más delicados, siempre subsistirá la duda sobre la factibilidad material de un esfuerzo sometido a exigencias de calidad. Máxime si se computan las horas que dedican a la Corte Plena, a la docencia, a los viajes (que no son infrecuentes), a los actos protocolarios y… a atender a doña Amelia Rueda. Entonces ¿quiénes están estudiando y poniendo los expedientes “a punto”? ¿Los letrados? Sí o no, ante esa montaña de trabajo de 70 u 80 votos al día, ellos son pieza clave del engranaje y su opinión de repente marca el rumbo de la sentencia. Por supuesto, algo aberrante.
La Sala IV jamás va a quedar bien con tirios y troyanos. Ni esa es su misión ni eso es posible. Hay satisfacción en quienes logran de ella el mandato para que los hospitales atiendan su mal con perentoriedad y en el copero que recibió su amparo para su actividad. No en quienes ven en estas actuaciones una invasión de competencias ajenas. Los hay satisfechos con el voto de mayoría que no encontró absolutamente ningún roce constitucional en los más de 3 mil folios del TLC o con la dilación habida en los casos de los diputados Fernando Sánchez y Maureen Ballestero. Pero no en quienes hemos interpretado que la Sala se desborda cuando de hecho reforma al artículo 132 de la Constitución, le manda al parlamento legislar sobre la punición de la improbidad del diputado o se pone de montera toda la elaboración constitucional que acoge el estado social de derecho para darles paso a sentencias que lo niegan.
En buena medida la Sala IV está corrigiendo la negligencia, la irresponsabilidad o la ineptitud del funcionario público, que no es problema de poca monta en estos los tiempos del imperio de la mediocridad. Para atajar sus desvaríos y descarríos lo que procede es refinar cualitativamente la selección de sus miembros (sobre todo en previsión de su contaminación política), reformar su funcionamiento y cuidado si no su ubicación. Comparto el llamado a defenderla y perfeccionarla como único refugio que queda para medio detener las arbitrariedades y abusos del poder.

Alvaro Madrigal