Carteles ocupan pueblos colombianos donde estaban las FARC
Tras la salida de las FARC, el grupo conocido como Clan del Golfo pasó a ocupar Pascuita, pueblo al norte de los Andes colombianos. Bloomberg/La República
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Pocos días después de que las guerrillas marxistas abandonaron la zona que rodea Pascuita, un pueblo en el norte de los Andes colombianos, apareció un nuevo grupo de hombres armados.

Después de ordenar a los pobladores que asistieran a una asamblea, la banda formada por unos 15 individuos, dijo que las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), que habían controlado la zona durante décadas, eran algo del pasado. En adelante, ellos controlaban el comercio de la cocaína en la región, y establecían la ley —no luchar, no robar y no informar.
“Desde el primer momento generaron miedo”, dijo un lugareño, que pidió no ser nombrado por temor a represalias. “Aunque no querían, algunos les permitieron alojarse en sus casas”.
El hecho de que el ejército no ocupara las zonas que habían sido de las FARC dejó un vacío que casi inmediatamente llenaron pandillas criminales, lo cual pone en peligro el muy elogiado dividendo de paz derivado de un acuerdo para poner fin a medio siglo de insurrección marxista.
Si el Gobierno no cumple con las promesas de ayudar a los guerrilleros a adaptarse a la vida civil, los excombatientes podrían ser persuadidos de abandonar su campamento controlado por la ONU para unírseles.
El ejército se movió con lentitud, pero los carteles no, ocupando puntos estratégicos inmediatamente después de la retirada de los guerrilleros. La toma fue encabezada por el llamado Clan del Golfo, según la oficina de la fiscalía.
Esta organización que trafica cocaína, también conocida como los Urabeños, nació en la región cercana a la frontera panameña, pero posteriormente se diseminó en todo el país.
“Mientras el Estado se moviliza en la región a la velocidad de una tortuga, las organizaciones delictivas, y particularmente el Clan del Golfo, llegan a la velocidad de un tren”, dijo Néstor Humberto Martínez, fiscal general durante un viaje reciente a la zona. Su oficina no es responsable de cómo se movilizan los soldados o la policía.
El cartel ofrece a los guerrilleros un sueldo mensual de 1,8 millones de pesos, unos $600, por cambiar de bando, según Martínez —más del doble de lo que acordó darles el Gobierno cuando entregaron sus armas a las Naciones Unidas.
“Han dicho que recibirán a los que consideren que peligra su seguridad debido a la presunta imposibilidad del Gobierno de cumplir con su parte de la negociación”, dijo Agustín Rivera, jefe del Frente 18 de las FARC.
El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, firmó el acuerdo de paz con las FARC el año pasado, en tanto el Congreso lo ratificó en noviembre.



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