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¿Qué pasa si no se aprueba el plan fiscal?

Ya las calificadoras de riesgo internacional alertan del aumento en el riesgo de incumplimiento del país en sus metas fiscales y el desmejoramiento de la deuda.
De igual manera, la noticia que indica que Hacienda tuvo que recurrir a pedir prestado a un banco local, para hacer frente a los eurobonos, es indicio de que la anterior calificación es correcta y va agravándose.
Pende el plan fiscal de muchas variables, de la decisión de la Sala Constitucional, de la débil sostenibilidad de la alianza de bancadas en el Congreso y una fuerte oposición de diversos sectores a este plan.
Solo estos efectos son meritorios de ser considerados en materia de oportunidad de los tomadores de decisiones, para dar a los costarricenses, el marco de referencia fiscal en el que pueden planificar sus negocios en el mediano y largo plazo, así como tener accesibilidad a crédito privado, hoy oprimido por la tendencia alcista de la captación de Hacienda y su incidencia directa en la tasa básica pasiva.
La situación que plantea el déficit fiscal creciente pone además en riesgo la posibilidad del país de atender las obligaciones ya presupuestadas, hace que las presiones sobre elementos fundamentales como lo son el empleo y compras de gobierno, partícipes fundamentales en la conformación del PIB costarricense se vean severamente amenazados.
Los sectores productivos del país enfrentan, a la vez, una situación creciente de reducción de la competitividad internacional, así como del consumo interno, en virtud de que la inflación real, distinta a la que se publica por el Banco Central, se manifiesta en reducciones reales de consumo. Esto atenta contra la estabilidad de la economía y la paz social que ya de por sí es precaria.
Los aspectos más severos de la no aprobación de una reforma tributaria, acompañada de una eficacia en la recaudación y reducción comprometida del gasto público, pueden poner a Costa Rica en la puerta de entrada de economías que hoy vemos lejanas como la de Grecia y que, objetivamente, estamos a poco de llegar a ella en virtud de la carencia de compromiso institucional.
Vemos una Administración Tributaria más fuerte, donde se requiere que haya condiciones de seguridad jurídica, que se vienen a enmendar en el Proyecto de Solidaridad, pero que hoy se resuelven de manera inapropiada y con herramientas incorrectas en asuntos tan delicados como el comercio internacional y los precios de transferencia.
A la vez se puede prever, como se ha anunciado, un aumento significativo en los esfuerzos de Tributación, por recaudar más, por lo que es importante para los contribuyentes, no enfrentar estos procesos de manera solitaria, buscando asesorías tempranas y de calidad, ya que esto es mejor que tener que enfrentar costosos litigios tributarios, evitables con prevención.

Gerente de Estrategia y Negocios
Grupo Camacho
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