Carlos Alvarado tiene respaldo político para nuevos impuestos, pero no social
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El presidente electo Carlos Alvarado tiene el suficiente respaldo político en el Congreso para aprobar nuevos impuestos, sin embargo, tendrán que soportar la presión de sindicatos, funcionarios públicos y hasta empresarios, quienes le han declarado la guerra a dicha iniciativa.

De momento, los votos de los diputados de Liberación Nacional, Restauración Nacional y la bancada oficialista del PAC, estarían garantizados para la aprobación en primer debate de la ley a mediados de mayo.

Esos tres partidos unidos suman 41 votos, y posiblemente se les añadan también algunos del PUSC.

“Tenemos muy claro que es necesario darles oxígeno a las finanzas públicas y al mismo tiempo, lanzar una señal internacional importante. Nuestro compromiso es avanzar cuanto antes en este tema, aunque entendemos que no es el punto final de esta discusión, ya que se requieren más ajustes”, señaló Jonathan Prendas, diputado electo de Restauración Nacional por Heredia.

La propuesta busca mitigar el impacto del déficit fiscal en las finanzas públicas, que el año pasado cerró en un 6,2% del PIB.

Mientras tanto, Carlos Ricardo Benavides, jefe de fracción de la bancada electa de Liberación, es más cauto, aunque sí hace hincapié en la necesidad de recortar las pensiones millonarias y los pluses salariales en el sector público, con el objetivo de sanear las arcas públicas.

Por otra parte, insiste en que le corresponde al Gobierno enfrentar el costo de oportunidad por la polémica ley.

“Carlos debe decirles a los costarricenses cuáles impuestos quiere y cuáles van a ser los recortes al gasto y cómo va a detener los disparadores. Es imposible hacerlo, desde la Asamblea, sin tener la batuta de parte de un ministro de Hacienda o de un Gobierno”, agregó Benavides.

La ley de responsabilidad fiscal que se tramita en la Asamblea Legislativa, validaría el impuesto al valor agregado para bienes y servicios.

Gastos que hoy día están exentos como el gimnasio, la medicina y educación privada, empezarían a pagar tributos, mientras que otros servicios como Netflix, Spotify y las compras por Internet también estarían sujetos a gravámenes.

La normativa también incluye cambios en la renta, estableciendo nuevos parámetros para los salarios más altos, además, de tasar las rentas de capital, como podrían ser las pensiones complementarias o cualquier otra inversión a largo plazo.

No obstante, el tema más polémico de la ley estaría relacionado con los cambios en el esquema salarial del empleo público.

Los legisladores pretenden homologar la anualidad al 1,9%, en vez del 7% que se paga en algunas instituciones públicas.

Por otra parte, se establecería un sistema de evaluación depurado para evitar que el incentivo se dé en automático, mientras que la prohibición y disponibilidad se limitarían también.

En el caso de la cesantía no podría ser superior a los ocho años que hoy brinda el Código de Trabajo, cuando los trabajadores del sector público hoy disfrutan hasta 20 años.

Por estas razones, los sindicatos ya se están organizando para una gran huelga.

“Estamos haciendo el llamado a los trabajadores de la Caja e instituciones públicas, universidades, educación y estudiantes; a los trabajadores del sector privado, campesinos y en general para que se unan a esta lucha, pues del combo fiscal nadie quedará excluido”, aseguró Luis Chavarría Vega, secretario general de Undeca.

Mientras tanto, Albino Vargas, secretario del colectivo Patria Justa, considera que el proyecto fiscal es injusto, ya que carga sobre los hombros de los trabajadores el peso de los nuevos impuestos.



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