Siete diputados frenan reducción de deuda electoral

Carísima factura

Costo será 2,5 veces mayor respecto a votaciones de 2010

Podemos contar con un mecanismo para financiar las elecciones que no cueste tanto, y asegure el financiamiento democrático.
Pero, salvo que voten a favor las reformas al Código Electoral, siete diputados obligarían a los electores a financiar el modelo actual, que es a la vez caro e inseguro.

Una de las posibles motivaciones para no apoyar el cambio, sería que tres de estos congresistas pertenecen a Liberación Nacional, partido que recibiría el grueso de la deuda electoral, y por eso les conviene el mecanismo actual.
Sin embargo, más de 4 millones de personas no deberían pagar una cara factura electoral por la simpatía política de esos diputados.
La solución al problema de las finanzas, se realizaría mediante el ingreso de contribuciones a los partidos políticos, por dos vías.
La primera es la pública, pagadera por todos los costarricenses vía impuestos.
En este contexto, sería cuestión de fijar la contribución hecha por este concepto en un 0,10% del producto interno bruto, monto aplicado con éxito en las votaciones de 2010.
La otra vía consistiría en las contribuciones privadas, que tendrían un límite anual por persona.
Este régimen cuenta con tres importantes ventajas.
Primero, es sumamente democrático, al permitir a cada ciudadano apoyar al grupo que prefiera.
Es además un mecanismo sencillo de operar, de hecho el partidario puede simplemente hacer una transferencia bancaria desde su celular.
Finalmente, es seguro; para evitar el fraude, el Tribunal Supremo Electoral solo tendría que hacer chequeos aleatorios de las contribuciones, para confirmar que las contribuciones sean legítimas.
Sin embargo, los siete diputados integrantes de la Comisión de Asuntos Electorales, no se han mostrado dispuestos a apoyar las reformas del Código Electoral, ni siquiera se reúnen a trabajar.
Para que las reformas sean válidas a partir del año entrante, las reformas tendrían que aprobarse a más tardar en agosto.
Al no reformar el Código, seguiremos con el mecanismo actual, que es a la vez caro e inseguro.
En este momento, el gasto autorizado por concepto de la deuda política de la campaña venidera es no menos del 0,19% del producto interno bruto.
Esto implica un gasto de ¢43 mil millones, o sea unos ¢15 mil por costarricense para financiar la campaña, aunque no seamos partidarios de ningún candidato.
Peor aún, las personas que no votan —tres de cada diez— también pagarán de forma obligada vía impuestos.
El pago de este monto implica menos fondos para otras prioridades, desde educación hasta salud, y todo esto en tiempos de supuesta austeridad estatal.
En lo que a la seguridad se refiere, mantener el régimen actual implica también retener la opción de la venta de bonos de deuda electoral, que el mismo TSE cuestiona, por la dificultad para identificar a los donantes.
Bajo este esquema, cualquier persona adinerada —hasta un extranjero— podría influir en una campaña, al comprar una gran cantidad de bonos.
La sospecha entre algunos analistas, es que la motivación para no aprobar la reforma, sea precisamente no rebajar la deuda política.
Con las reglas actuales, Liberación Nacional recibiría unos ¢30 mil millones, tomando en cuenta la intención de voto prevista por CID Gallup.
Esto sería el triple de lo que recibiría el PUSC, y diez veces más del monto pagadero al PAC.
Ningún otro partido recibiría una contribución, por no alcanzar el 4% de los votos para la Presidencia, de acuerdo con la medición de CID Gallup a mayo.
Para el cálculo, se desestimó la deuda política por concepto de diputados electos, pues las encuestas no han medido esas tendencias aún.

Esteban Arrieta
earrieta@larepublica.net