Cárceles detonan bomba de tiempo en sistema de justicia
Luis Fernando Cascante lcascante@larepublica.net | Viernes 26 agosto, 2016
Costa Rica invierte parte de un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para construir tres centros penitenciarios en Alajuela, Pérez Zeledón y Pococí.
La creación de nuevos espacios carcelarios podría ser una medida que apague incendios leves, sin embargo, hay dos problemas que aún persisten y detonan el alto flujo de personas hacia las cárceles: el estancamiento del modelo de desarrollo y el abuso de la pena de prisión para castigar los delitos.
¿Cómo se llegó a esto?
La desigualdad es una desventaja dentro de un contexto social, y lo cierto es que Costa Rica muestra un preocupante estancamiento en sus indicadores sociales.
La pobreza, la desigualdad en los ingresos y el desempleo, son variables clave a la hora de entender el camino de las oportunidades en la vida y el desvío hacia las cárceles.
En los últimos cinco años, el desempleo se ha mantenido por encima del 9%, una de las tasas más altas de Latinoamérica, cuyo fuerte se concentra en las personas de menor nivel educativo y, por ende, con los ingresos más bajos.
Además, el desempleo en jóvenes alcanza al 23%, es decir, uno de cada cuatro jóvenes que buscan trabajo no lo encuentran.
Por su parte, la pobreza afecta 22 de cada 100 hogares, cifra estancada desde 2012, pero que en los últimos dos años en vez de mejorar ha empeorado.
La desigualdad en los ingresos es otra variable clave para evaluar las oportunidades que podrán generar los padres a sus hijos, dentro de una sociedad cada vez más competitiva, donde la dignidad del trabajo y el salario vienen de la mano del nivel educativo.
El año pasado, la diferencia entre los ingresos de los hogares del 20% más pobres y el 20% más ricos fue hasta de 13 veces, cifra que ha venido en crecimiento desde 2010.
Leyes más represivas
Otro factor que explica un crecimiento en la tasa de encarcelamiento tiene que ver con las reformas al Código Penal, que han tomado un énfasis represivo desde 1994, cuando se subió el tope máximo de pena de 25 a 50 años.
Además, se estableció un impedimento para que los reos descuenten con trabajo en la primera mitad de su condena.
“Hay una lógica pervertida que ha venido imperando desde el Derecho Penal para resolver los conflictos. Hay una ganancia político-electoral de los grupos en llevar mayor represión”, comentó Rosaura Chinchilla, jueza de apelación de Goicoechea.
La gota que derrama el vaso se da con la creación de los tribunales de flagrancia, que han facilitado las posibilidades de los jueces para dictar prisión preventiva.
“El atún de supermercado es la especie más protegida del país. Nunca he visto cómo un sistema tiene un fracaso tan exitosos como el punitivo. Estamos encerrando sin criterios científicos, de manera vergonzosa”
Asi se expresó Héctor Sánchez, defensor público, a raíz de la primera sentencia de los Tribunales de Flagrancia en San José, al condenar a un hombre a 12 días de cárcel por robar 10 latas de atún, según reportó La Nación, en septiembre de 2012.
Estas situaciones, en un contexto de estancamiento en pobreza, desempleo y desigualdad, llenan los centros penitenciarios en cifras récord, convirtiendo a Costa Rica en el país con la cuarta tasa de encarcelamiento más alta de la región, según datos del Instituto de Investigaciones en Política Criminal.
El alto número de personas que ingresan al sistema penitenciario ha obligado al país a invertir en más y mejores cárceles, sin embargo, los recursos y la delicada situación fiscal invitan a pensar en otras soluciones.
“O nos convertimos en ricos de la noche a la mañana para hacer cárceles de primer mundo o bajamos la población penitenciaria, porque es excesiva”, comentó Marco Feoli, viceministro de Justicia.
Pese a que estas construcciones significarían unos 4.080 espacios nuevos, se prevén perder 3.753 espacios por el estado crítico de la infraestructura en varias de las cárceles nacionales, entre ellas todo el centro penitenciario de San Sebastián (1.463 espacios), los ámbitos A y B de La Reforma (1.480) así como el módulo C de la cárcel de San Carlos (190), entre otros.
La raquítica infraestructura carcelaria obligaría a hacer movilizaciones de privados de libertad a otros centros que ya están sobrepoblados, para su posterior demolición o reparación.
El Gobierno apuesta a reducir la población penitenciaria mediante un proyecto que permitiría a las personas que cometen delitos no violentos cumplir su pena con trabajos comunales en centros de ancianos o en obras sociales. El proyecto fue enviado a la Asamblea Legislativa.
De no avanzar las iniciativas que pretenden sustituir las penas de cárceles por medidas alternativas, se estima que el país deberá construir una cárcel cada seis meses.