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Iniciativa urgente de capitalización de entes estatales empezará discusión el lunes en plenario
Bancos podrían prestar hasta $1.170 millones

• Capitalización urge para afrontar crisis económica, lo cual ayudaría a evitar desempleo y promover el consumo
• Proyecto no define forma de elección de beneficiarios, por lo que colocación quedaría a discreción de instituciones

Carlos Jesús Mora y Eduardo Alvarado
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El vital proyecto de ley que pretende capitalizar a tres bancos estatales sería una medida necesaria para paliar los efectos de la crisis económica en Estados Unidos y permitir que la pequeña economía costarricense sostenga lo máximo posible buenas tasa de empleo y consumo.
Esta primera capitalización que incrementaría la suficiencia patrimonial de los bancos estatales es una iniciativa del Poder Ejecutivo que busca facilitar el otorgamiento de nuevos créditos a la pequeña y mediana empresa (según reza el proyecto en el Congreso).
A las puertas de recibir su primer debate en la Asamblea Legislativa, la “tabla de salvación”, como la define el gobierno, se encuentra en medio de la incertidumbre para su urgente aprobación.
Entre los diputados es casi generalizado el desconocimiento del mecanismo que utilizarían los bancos para el uso de estos fondos, pero la mayoría está dispuesta a respaldarlo.
Nadie ni nada puede determinar hasta hoy con claridad la forma en que se distribuirán los $1.170 millones de que dispondrán los bancos Nacional (BN), de Costa Rica (BCR) y Crédito Agrícola de Cartago (Bancrédito) gracias a la capitalización de $117,5 millones que recibirán del superávit del Ministerio de Hacienda.
La repartición de montos que colocará cada entidad está clara: $500 millones para el Banco Nacional e igual cantidad al de Costa Rica y $170 millones para Bancrédito. La especificación de los beneficiarios en cambio es menos concreta pues el texto del proyecto se limita a señalar que “los recursos serán canalizados hacia los sectores productivos del país con el fin de aumentar la producción nacional y mitigar los efectos que la crisis internacional pueda tener sobre el empleo”.
El encargado de controlar el funcionamiento del plan del Ejecutivo es la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef), según el proyecto de ley. LA REPUBLICA trató de constatar el criterio de Oscar Rodríguez, superintendente de la Sugef, sin embargo no respondió a las consultas realizadas.
“Debemos tener claro que $1.170 millones es en realidad poco dinero y cuando hay poco es cuando mejor debe administrarse. Si el uso de los recursos se deja a discreción absoluta de los bancos nada garantiza que efectivamente se otorguen los créditos que necesitan los medianos y pequeños empresarios de actividades como la agricultura y agroindustria que generan importante cantidad de trabajo. Como han dicho los bancos, que se establezcan requisitos para la colocación del dinero, máxime que este además es aportado por el propio Estado. ¿Acaso Estados Unidos no les puso condiciones a las grandes automotrices para darles el dinero que requerían?”, dijo Ronald Solís, diputado de Acción Ciudadana (PAC).
Un actor directamente involucrado en la producción nacional, específicamente en café, comparte la apreciación de Solís. Este es el caso de Guido Vargas, quien asegura que “en el pasado los sectores inmobiliario y turístico han sido los más beneficiados con medidas de emergencia como esta”.
El proyecto de ley ocupa el primer lugar de la agenda de los diputados, este lunes se iniciará su trámite de primer debate en el Plenario. “Es un proyecto en el cual hay consenso, está bien elaborado y su finalidad está bien definida, por lo que no habrá mayor problema de dejarlo en firme”, dijo Oscar Núñez, jefe de fracción de Liberación Nacional.
Por su parte, los empresarios enfatizan en que de no aprobarse el paquete de ayuda, los sectores más afectados y necesitados de crédito serán la construcción, los servicios y la industria.
“Por ejemplo, si se paraliza la construcción de hoteles, como ha ocurrido en Guanacaste, se perjudica t
ambién el turismo pues no hay nueva oferta hotelera y se limita la contratación de personal”, reconoció Manuel H. Rodríguez, presidente de la Unión Costarricense de Cámaras (UCCAEP).
Hasta el momento, los bancos beneficiados con esta capitalización no se han pronunciado claramente so
bre las condiciones bajo las cuales prestará dinero, ni tampoco especificado las actividades productivas a las que se dirigirán los empréstitos.
En noviembre, en una carta a los diputados los banqueros se comprometieron a “orientar prioritariamente los recursos crediticios adicionales (...) a aquellas actividades altamente productivas, con elevada capacidad de generar empleos y que tengan, al mismo tiempo, un nivel de riesgo aceptable”.
“En el caso de Bancrédito, lo canalizará hacia aquellas actividades productivas de la micro, pequeña y mediana empresa que generen un mayor empleo nacional”, dijo Guillermo Quesada, gerente general de Bancrédito.
El Banco Nacional por su lado considera que poco se ganaría si solo se estimula la producción pero la gente no mantiene su poder adquisitivo ni la capacidad de consumir.
Representantes del Nacional manifiestan el deseo de mantener su estructura de crédito, con un peso preponderante en los sectores vivienda, servicios, comercio, industria, turismo y consumo.

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