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Ecuador vive una nueva crisis social con el recrudecimiento de la violencia en el paro nacional indefinido que se inició el 13 de junio.
Las protestas contra el gobierno del presidente Guillermo Lasso, convocadas por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) y a las que se han ido sumando otros sectores como estudiantes, maestros, transportistas y sindicatos, no tiene, de momento, una salida.
Ha habido fallecidos en los enfrentamientos violentos entre la policía y los manifestantes, y entre estos últimos y quienes se oponen al bloqueo de las carreteras del país, que ha generado una crisis de desabastecimiento.
Una de las principales quejas de los manifestantes es el alza de los precios de los combustibles, que ha conllevado desde 2020 un encarecimiento del costo de la vida.
También se pide la protección de los territorios indígenas, el aumento del gasto público en áreas como salud y agricultura, y la congelación de las deudas a las personas de menos ingresos, quienes son las más afectadas por la histórica crisis económica que vive el país sudamericano.
En este contexto, BBC Mundo entrevistó a Juan Carlos Holguín, Ministro de Relaciones Exteriores de Ecuador.
¿Cuál es el análisis que hace usted como parte del gobierno de Ecuador de estos diez días de paro nacional?
El Ecuador es un país de paz y no hay que permitir que se siga enfrentando pueblo contra pueblo. Creo que el Ecuador ha dado un mensaje importante de que está listo para atender las legítimas demandas ciudadanas, porque entendemos que la exclusión de las comunidades indígenas ha venido manifestándose por décadas, pero tenemos que sentarnos juntos en una misma mesa para poder encontrar una solución.
El presidente Guillermo Lasso ya emprendió desde la semana pasada un paquete de acciones para apoyar a las familias que más lo necesitan.
Se aumentó el bono para el saco de urea, que costará la mitad; se condonaron deudas y se reiteró la necesidad de un crédito más barato.
Me parece que si no llegamos en este momento a una mesa de diálogo, (y acabamos con) la violencia, sobre todo de quienes, como la misma dirigencia indígena ha comentado, se han infiltrado entre los manifestantes, tendremos más días de caos y eso no es lo que quiere el país.
Usted menciona algunas medidas que han adoptado. Pese a estas, el paro continúa e incluso se ha agravado. ¿Cuál cree usted que es la salida ahora mismo?
No comprendemos los pedidos cambiantes de la dirigencia indígena, porque han hablado de diez puntos que fueron debidamente contestados por el gobierno ecuatoriano en una carta el pasado sábado.
El lunes, el líder de la Confederación de Nacionalidades Indígenas, Leonidas Iza, manifestó que había recibido la comunicación y que la iban a contestar ayer, pero no contestaron esa comunicación.
El presidente Lasso aceptó un llamado al diálogo con una metodología que han propuesto la ONU y la Unión Europea, con 300 organizaciones de la sociedad civil.
Pero la CONAIE no la ha aceptado y si no tenemos un proceso de diálogo, no podremos entender qué es lo que hace falta o cuáles son estos puentes que requerimos para llegar a acuerdos.
Muchos piensan que si no se hubiese detenido a Leonidas iza, el presidente de la CONAIE, quien además convocó este paro nacional, las protestas no se hubiesen radicalizado. ¿Qué opina usted de esto? ¿Fue un error?
Nunca será un error que el Estado precisamente actúe cuando hay flagrancia de temas que finalmente incumplen la ley. Nosotros somos muy respetuosos con el legítimo derecho a la protesta y a la resistencia, pero eso no quiere decir que damos patente de corso a que haya actos vandálicos o que se vulneren los derechos del resto de ciudadanos.
Cuando la dirigencia indígena llamó a un un paro indefinido, sin ir al diálogo, entendemos que hay otras razones.
No fue el gobierno sino la justicia la que determinó que existían todas las causales por las violaciones que habían existido, precisamente a los derechos y a la armonía de la sociedad ecuatoriana.
Casi en paralelo a la detención (de Iza), el propio presidente Lasso anunció el inicio de estas detenciones y además calificó a la dirigencia indígena de autores materiales e intelectuales de actos violentos.
Aquí quisiera como paréntesis decir lo siguiente: ellos saben (la CONAIE) ,y esa es una preocupación que ha manifestado públicamente el señor Leonidas iza, que puede haber infiltrados en su marcha. Saben que su marcha, convocada por ellos, los convierte también en copartícipes de ese tipo de actos vandálicos violentos que rayan en el terrorismo.
Esa es nuestra preocupación. El pedido que ha hecho el gobierno ecuatoriano esta madrugada al señor Iza es que si, como él mismo está mencionando, no puede controlar a las personas que están actuando con violencia y sobre todo con actos terroristas, con uso de explosivos y granadas, pues que vaya a un diálogo y dé una solución porque el país no puede esperar más.
En campaña en 2017, el presidente Lasso, que en ese momento era candidato, habló de "indultar a perseguidos políticos", entre los cuales se encontraban líderes indígenas durante el gobierno de Rafael Correa. Ahora acusan a Lasso de estar haciendo precisamente lo que criticó durante el correísmo. ¿qué piensa usted?
Aquí no se persigue a nadie. Este es un gobierno que, nuevamente lo reitero, respeta absolutamente las legítimas demandas que puedan tener los pueblos que se sientan vulnerados o los ciudadanos que sientan que sus derechos y necesidades no están siendo atendidos. Pero hay una línea muy delgada en este paso a la violencia.
Y eso es lo que no podemos aceptar.
Debemos de entender que sí hay una legítima protesta social, pero esta debe ser pacífica. Y ha trascendido que hay gente infiltrada y el presidente Lasso y el ministro de Defensa han hablado de algunas mafias transnacionales que estarían haciendo de las suyas con actos de terrorismo en medio de estas protestas.
Mientras nuestra fuerza pública debe moverse para resguardar nuestros pozos petroleros y otras obras que son de extrema importancia estratégica para nuestro país, el narcotráfico sigue operando en algunos lugares con mucha libertad.
Se ha criticado la detención de Iza y otras imágenes fuertes que se han visto durante el paro, como por ejemplo la militarización de la Casa de la Cultura. Hay quienes se preguntan si el presidente Lasso está dando un giro autoritario a su gobierno.
Para nada. Tanto no lo da que es el primero en aceptar un proceso de diálogo y de convivencia en armonía.
La detención del señor Leonidas Iza ha sido declarada por la justicia como legal. Es una detención que fue en flagrancia y hay sobre eso ya un proceso judicial en el que el gobierno ecuatoriano, respetuoso precisamente del Estado de Derecho y de la separación de poderes en democracia, no tendrá intervención alguna.
En relación a la Casa de la Cultura, hubo denuncias de que allí se establecían aparatos explosivos. Entró nuestra policía con la Fiscalía en un acto legal y sobre todo, abierto.
Y después se tomó la decisión de alargar el estado de excepción en nuestra ciudad (Quito) para salvaguardar las instalaciones.
Hemos visto con preocupación, por ejemplo, que en universidades que no estaban consideradas como zonas de recibimiento para los grupos de indígenas que han llegado (hasta allí), se irrumpió con violencia y la policía encontró en flagrancia a varios, voy a llamarlos criminales, que tenían en su poder lanzagranadas y explosivos.
Eso es lo que no queremos en los lugares que son importantes a nivel no solamente patrimonial, sino también estratégico y urbano para nuestra ciudad.
Además de los indígenas, que fueron los que convocaron el paro, otros sectores como transportistas, sindicatos, profesores o estudiantes se han ido sumando a las protestas. Y se nota la desesperación en mucha gente que no tiene acceso a salud o la educación. La pobreza multidimensional alcanzó en Ecuador a casi el 40% de la población. Se trata de una deuda social enorme.
Enorme y legítima, y nuestro gobierno en un año no puede cambiar precisamente un problema estructural que viene por décadas en el Ecuador y allí es donde tenemos que enfocar en este momento las energías.
Por eso yo creo que hay un derecho legítimo a la protesta, eso es indudable. Las formas no son las correctas necesariamente, pero la necesidad de que esa protesta política haga reflexionar a quienes gobernamos es algo positivo.
Creo que el presidente Lasso ha escuchado varias de esas necesidades.
Ha empezado un proceso de anuncios precisamente para rectificar ese proceso en el que sí hay temas que los pudimos haber cambiado en un año.
Creo que en el sector salud hay una crisis, eso es indudable. Hubo un primer año del gobierno donde nos enfocamos en lo que fue la vacunación. Hay que entender que hace un año había menos del 5% de la población vacunada con una dosis.
Y había una necesidad de reactivación (económica) que hizo que las prioridades en el sector salud fueran la vacunación y ahí puede haber existido un error que ha sido corregido.
Ahora se declaró la emergencia en el sector salud, que ha sido una de las demandas de esta marcha y creo que ha sido lo correcto tomar esa decisión para cambiar esa realidad.
¿Por qué no se tomaron estas medidas antes?
Yo creo que es parte de estos errores que hay que enmendar, saber escuchar las necesidades del territorio y no necesariamente creer en las informaciones técnicas que nos llegan a quienes tomamos las políticas públicas.
Y me parece que el abrir los ojos con un legítimo derecho a la protesta es algo muy positivo para la democracia.
El presidente Lasso ya había llegado bastante vulnerable al poder en (mayo de) 2021 sin mayoría. Pero llegó con el eslogan de ser el "gobierno del reencuentro". No obstante, ha pasado un año y más que reencuentros, hay muchísimos desencuentros. ¿Cuál es el margen de maniobra actualmente para el presidente?
Otro de los temas que tenemos que rectificar es precisamente que ganamos una elección escuchando a la sociedad civil, pero cuando llegamos al gobierno abandonamos esa prioridad de que la sociedad civil sea parte integrante de la toma de decisión y de la implementación de políticas públicas.
Y ese es otro de los temas que hay que resaltar de esta manifestación: que al aceptar el presidente Lasso este llamado a que la mediación y el diálogo sea liderado por organizaciones de la sociedad civil, nos volvemos a reencontrar con ellas para que esos acuerdos que alcancemos sean sobre todo implementados, con una supervisión de la sociedad civil que hará que estas medidas sean sostenibles más allá de la coyuntura política.
Creo que eso es lo más importante de resaltar y el rol que la sociedad civil debe jugar en este proceso es fundamental.
¿Usted reconoce entonces errores en este año de gestión del gobierno del presidente Guillermo Lasso?
Si no reconocemos nuestros propios errores, no podremos rectificar y mejorar, y ese es un principio básico de la democracia para que pensemos que el bien común está por encima de cualquier proyecto político.
¿Cuál es el mensaje que tiene el gobierno ahora mismo para el país?
El Ecuador es un país de paz, como decía anteriormente, y desde el primer día nuestro gobierno ha tendido puentes para llegar a esos acuerdos. Es momento de que el diálogo sea el camino para subsanar estas diferencias.
Y lo que no podemos permitir es que pasen más las horas, puesto que se pone en riesgo con violencia al resto de ciudadanos que solo quieren reactivarse y vivir en paz.
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