Campo Pagado: Más distorsiones y falacias en torno a las jubilaciones del RTR magisterial

Dr. Jorge D. García, Ph.D.

Vuelve a la carga el matutino que ataca las jubilaciones y los jubilados del Régimen Transitorio de Reparto (RTR) del Magisterio, llamándolos “pensionados de lujo”, apelativo que el mismo medio se han encargado de grabar en el imaginario popular, a pesar del señalamiento negativo que conlleva.

Se distorsiona la realidad:

a) Cuando se resalta en primera plana que el aumento del aporte solidario de las “pensiones de lujo” dará 20 mil millones al año, sin decir que dicha suma no es más que un ínfimo 3% del gasto previsto en pensiones del RTR. Proyecciones de SUPEN ilustran la insignificancia del “ahorro” comparado con el total del pago de estas jubilaciones (1). Tampoco se resalta que el 60% del aporte en cuestión proviene de los jubilados que reciben montos nominales inferiores, y solo el 40% viene de los jubilados con montos nominales superiores. A esas jubilaciones de monto inferior, más numerosas, la contribución que les fue impuesta es más cuantiosa que a las más elevadas.

b) Cuando se menciona superficialmente que el fondo previsional para el pago de las jubilaciones magisteriales nunca se constituyó. La verdad es que Magisterio cotizó regularmente y hasta con un 16% del salario mensual. Si el Estado costarricense no hubiera gastado las cotizaciones del Magisterio, y hubiera contribuido las que le correspondían como patrono y Estado, es probable que la reserva sería de 6 billones de colones actualmente (JUPEMA proyectó 5 billones al 2012, y el actuario Luis G. Fernández 5.4 billones al 2008). Así se “informa” acerca de uno de los desvíos de fondos más colosales en la historia del país.

Como es cuestión de perspectiva, comparemos algunos desvíos y agujeros financieros (en miles de millones de colones) con el desfalco de que fuera objeto el Magisterio:

c) Cuando se da como hecho que una “pensión de lujo” es aquella que sobrepase los ocho salarios base. Tal “definición” no tiene ningún asidero técnico. Como lo manifestaran a ese mismo periódico el ex Director Nacional de Pensiones y el ex Superintendente de Pensiones, la que se considera técnicamente “pensión de lujo” es aquella que se devenga sin haber cotizado para justificar el monto jubilatorio de acuerdo a capitalización y réditos de su fondo. En el caso del Magisterio, se cotizó hasta un 16%, y el fondo previsional habría cubierto el pago de esas jubilaciones (Según el actuario Sr. Fernández). De acuerdo a ese criterio técnico, las jubilaciones del Magisterio NO SON DE LUJO.

Recuentos inexactos y tendenciosos

En ocasiones, no solo se distorsiona la realidad, sino que se incurre en falsedades; ofrecemos dos ejemplos:

a) Se afirma que “Posterior a 1992, los diputados fueron creando aportes solidarios a los pensionados de lujo de regímenes de Hacienda y Ex diputados, y el de Obras Públicas y Transportes. Empero, no se hizo de la misma manera para los pensionados del Magisterio Nacional, a pesar de que representan más del 60% de los jubilados con cargo al Presupuesto Nacional y tienen la mayor cantidad de personas con pensiones altas”

La verdad es que la contribución especial solidaria y redistributiva se estableció primero para los jubilados del Régimen Transitorio de Reparto por art. 71 de la ley 7531, vigente a partir de 1997, hace 24 años. No es sino hasta el 2016, con la entrada en vigencia de la ley 9383, “Ley Marco de Contribución Especial de los Regímenes de Pensiones”, que dicha contribución solidaria se crea para otros regímenes de pensiones con cargo al Presupuesto.

La inexactitud se acompaña de las ya familiares apostillas, “jubilada de la UCR ostentaba una pensión nominal (bruta) de 14.4 millones”, (sin molestarse por listar el neto que recibe, que es de menos de la mitad), y que “433 jubilados por JUPEMA tienen jubilaciones superiores a 5 millones” (sin hacer mención de los netos correspondientes, o de que la jubilación promedio en el RTR es de 1.1 millones de colones).

El gran público percibe claramente el mensaje: los jubilados del Magisterio en general, no solo no pagaban contribución solidaria, sino que reciben montos muy elevados. Aparte de que la afirmación no tiene valor de verdad, crea animadversión e inquina, y aviva el rencor en contra de los jubilados magisteriales, a quienes se despersonaliza y sataniza por descontextualización, al no aclarar que quienes devengan jubilaciones elevadas son en su gran mayoría académicos de brillante trayectoria, con producción superlativa en docencia, investigación, o acción social. Su “crimen” fue devengar mejores salarios en razón de su excelencia y productividad, que los hicieron acreedores a jubilaciones más elevadas, de acuerdo al marco legal.

Llamativo es que el periodista no mencione que el aumento de la contribución solidaria se fundamenta en la ley 9796, a pesar de la intensísima campaña con que su medio apoyó su trámite y aprobación. El periodista se refiere con sordina a esa ley como “una reforma legal aprobada por la Asamblea Legislativa”. En contraste, acerca de la 9796 se han publicado varios análisis por parte de jubilados que documentan lapidariamente sus insalvables defectos técnicos y jurídicos.

b) Es éticamente inaceptable alimentar la indignación popular que los medios (y ahora algunos candidatos a puestos políticos) han propiciado contra los jubilados con una corriente constante de “información” que aviva esas impresiones negativas.

En otra entrega, un título en grandes caracteres señala que “4 de cada 5 pensiones pagadas con impuestos provienen del Magisterio”. Sabemos que en el imaginario popular jubilaciones altas pagadas con dineros “de todos” evocan sentimientos muy adversos. Sin embargo, se continúa así: “Se trata de pensiones cuyos beneficios superan las cotizaciones que las personas efectuaron durante su vida laboral y que terminan siendo pagadas con impuestos”.

No se menciona que las jubilaciones cargadas al Presupuesto son consecuencia directa del desfalco estatal en contra del fondo de pensiones que por mandato de la ley 2248 y según precepto del 73 constitucional debió de haberse conformado. Es por eso, y por nada más, que esas jubilaciones se cargan al presupuesto.

Sentando responsabilidades.

Reiteramos el desfalco cometido por el Estado en forma de desvío a gasto ordinario de las cotizaciones magisteriales, resultando en la ausencia del fondo previsional para el pago de las jubilaciones. En lugar de reconocer lo ocurrido y negociar reparaciones, las diferentes administraciones, las legislaturas, y los medios de comunicación, se han enfrascado en una campaña que lleva décadas convenciendo al país de que los apuros fiscales se deben a las jubilaciones del Magisterio, creando así ambiente para la imposición reiterativa de contribuciones y gravámenes, para rebajar los montos y aproximarlos a los del IVM -CCSS.

Resoluciones recientes de la Sala Constitucional salvaguardaron el principio de seguridad jurídica al rechazar la pretensión de imponer topes a las jubilaciones en curso de pago (19030-18, 19485-18, 15116-20) y más recientemente fijaron límite porcentual a la imposición de gravámenes (119274-20), previniendo así mayor confiscación. Sin embargo, todavía queda mucho terreno por recorrer para lograr que se tome conciencia del ilícito perpetrado contra el fondo de pensiones magisterial.

1) Informe de SUPEN. Expediente legislativo proyecto 21035

Firma responsable Roxana Salazar Bonilla.

Cédula 104940776