Camino despejado a megapuerto en Moín
Obras arrancarán en setiembre de 2013
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Sin lugar demanda para anular contrato
Camino despejado a megapuerto en Moín
Obras arrancarán en setiembre de 2013
El grupo holandés APM Terminals podrá construir y operar por 30 años un megapuerto de contenedores en Moín, Limón.
El proyecto vio su camino despejado ayer, luego que el Tribunal Contencioso declarara sin lugar una demanda para anular el contrato.
La querella fue presentada de forma conjunta entre el sindicato de trabajadores de Japdeva y los exportadores de banano.
No obstante el caso aún no está cerrado del todo pues queda la posibilidad de apelación por parte de los sectores que se vieron afectados con el fallo.
Con una inversión por el orden de los $1 mil millones, la megaterminal de contenedores es la concesión en la que se invertirán más recursos hasta ahora.
La obra comprende la construcción de una isla que hará las veces de un puerto de 1.500 metros, equipado con 13 grúas y un rompeolas de 2,2 kilómetros.
Tendrá una profundidad de 16 metros que permitirá el atraque de embarcaciones con capacidad para trasladar hasta 10 mil contenedores.
Las instalaciones portuarias actuales de Moín, a cargo de Japdeva, tienen capacidad para atender buques de hasta 2 mil contenedores.
Con el avance logrado en los Tribunales, se mantiene para setiembre de 2013 el inicio de la primera de las tres fases en que se dividió la construcción del puerto de contenedores. Estará lista en 2016.
Se dio ese extenso plazo para el comienzo de las obras porque APM Terminals aún debe concluir los estudios y planos definitivos y conseguir el financiamiento.
Los tres jueces contenciosos resolvieron ayer una disputa legal que tiene un año en los Tribunales.
La presunta creación de un monopolio privado, al otorgarle todo el negocio de los contenedores al grupo holandés, fue el principal cuestionamiento del sindicato portuario.
La falta de estudios financieros que justificaran los $223 por contenedor que se cobrarán fue el reclamo mayor de los bananeros.
También se criticaron los posibles daños ambientales que producirían las obras y el compromiso del gobierno con el grupo holandés para realizar varias obras que se necesitan para el puerto, entre ellas una calle de más de $20 millones.
La defensa del gobierno se basó en que existen precedentes de que darle la explotación del puerto de contenedores a una empresa privada es una especialización de servicios y no un monopolio.
Sobre el monto de la tarifa y los análisis ambientales, el Poder Ejecutivo señaló que surgieron de un plan maestro elaborado por una consultora holandesa.
Al final los jueces José Roberto Garita, Marianella Alvarez y Cynthia Abarca dieron la razón al gobierno y a la firma APM Terminals, al declarar sin lugar en todos sus extremos la demanda de nulidad del contrato.
Danny Canales
dcanales@larepublica.net
