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Recursos no serían solo para la campaña presidencial

Cambios a finanzas políticas se avecinan

• Tribunal de Elecciones tendría más atribuciones para fiscalizar contribuciones públicas y privadas

• Mediante reforma constitucional se crearía la Dirección de Financiamiento de Partidos Políticos


Carlos Mora J.
[email protected]  


Una serie de variaciones en materia de financiamiento de los partidos políticos podrían ponerse en práctica a partir del próximo proceso electoral.
Al menos esas son las pretensiones de los diputados integrantes de la comisión especial que estudia las reformas electorales.
Prácticamente un 80% de los temas que se reformarían o incluirían en el nuevo Código Electoral ya ha sido consensuado por varios partidos.
Una de las ventajas que tiene el análisis del expediente es que participan en todas las sesiones delegados del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), ante lo cual una de las principales discusiones se ha dado en torno al financiamiento.
“Si no avanzamos en este tema del financiamiento todo lo demás no pasará de ser un saludo a la bandera”, dijo Fernando Sánchez, diputado que preside el grupo.
Hay tres aspectos que serán vistos por separado, como son el financiamiento público, el privado, y las sanciones por violar la normativa.
La comisión tiene proyectado dictaminar a finales de este año, de tal manera que el plenario pueda ocuparse del tema antes que concluya la segunda legislatura.
En materia financiera quieren cambios urgentes el propio Tribunal de Elecciones, la Contraloría General de la República y los mismos partidos políticos.
El Tribunal no ha podido cerrar los números de la llamada deuda política de la anterior campaña electoral. La Contraloría pretende salirse de la revisión de todas las facturas y limitarse a su función fiscalizadora de los fondos públicos. La última revisión le ha costado más de ¢300 millones.
En cuanto a los partidos, estos quieren variar el sistema de control de los gastos, tener acceso a recursos de manera permanente para funcionar, así como fondos para financiar otras elecciones, como municipales o de alcaldes.
Una de las opciones que se barajan es la creación de una Dirección General de Financiamiento de Partidos Políticos.
La razón que se da para ello es que si se quieren partidos permanentes no se les debe dar recursos de manera intermitente, o sea solo cada cuatro años.
La intención es que los partidos funcionen todo el tiempo, para que se realice un reclutamiento y una capacitación constantes, dijo el presidente de la comisión.
Entre los temas que se han de discutir estarán además la situación con los bonos y el monto del porcentaje constitucional, que hoy en día es el 0,019% del Producto Interno Bruto (PIB).
En cuanto al uso de los fondos que aporte el Estado a los partidos, se buscará que sean las agrupaciones las que decidan si invierten en banderas y otros signos externos.
Se quiere establecer que un 30% del financiamiento público sea para organización y capacitación, y el 70% restante para la campaña política.
Se mantendría la prohibición de contribuciones extranjeras. Se analizará el papel de las personas jurídicas nacionales y en cuanto a los aportes de las personas físicas nacionales se podrían eliminar los topes actuales.
Por su parte, las sanciones a los incumplimientos o violaciones al Código Electoral, principalmente en el ámbito de las contribuciones, será otro tema candente.
En este capítulo se debe ser cuidadoso para no dejar portillos abiertos, ya que hasta el Ministerio Público ha alegado que los delitos no están debidamente tipificados.
Los temas que requieren reformas a la Carta Magna irían como recomendaciones de la comisión al plenario.
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