Cajeros automáticos estarían obligados a advertir comisión por uso
Redacción La República redaccion@larepublica.net | Lunes 26 octubre, 2009
Reforma sobre tarjetas de crédito y débito incorporará una serie de cambios en el mercado
Cajeros automáticos estarían obligados a advertir comisión por uso
• Banqueros deberán invertir para cumplir nueva exigencia con cajeros automáticos
• Ajustes generarían desbalances y afectarían a los segmentos de personas con menor capacidad de financiamiento, aducen banqueros
Daniel Chacón
dchacon@larepublica.net
Los cajeros automáticos deberán indicar la comisión que será cobrada por retirar efectivo y los estados de cuenta deberán cumplir con información mínima para que el cliente la entienda.
Estos son parte de los principales cambios planteados en la reforma al reglamento que regula la actividad de las tarjetas de débito y crédito en el país, la cual data de 1995.
Los cambios propuestos incorporan áreas como la protección de datos personales, homologa la metodología para calcular los intereses por cobrar, y establece una diferenciación con respecto a las comisiones.
Ya el texto lo tienen los banqueros, emisores de tarjetas y los gremios que los reúnen, para que analicen los planteamientos y presenten cualquier sugerencia durante el próximo mes.
Después de eso, con la salida del decreto final en La Gaceta, los bancos y emisores tendrán 30 días para cumplir con el nuevo marco legal.
Más de la mitad de las denuncias que se han presentado en lo que va del año contra el sistema bancario son precisamente contra las tarjetas de crédito (34). Los motivos principales son el presunto incumplimiento del contrato y falta de información.
Para los banqueros, este negocio es uno de los más rentables para su operación. Por ello el análisis se dará con mucha profundidad.
“Esta iniciativa pretende recoger las experiencias que la operación y dinámica del crédito a través de tarjetas ha generado. También comparamos los cambios propuestos en Estados Unidos, México, Argentina, España y Brasil para regular al mercado”, dijo Eduardo Sibaja, ministro de Economía, Industria y Comercio.
Los diferentes actores de la industria, en su mayoría, prefieren esperar hasta leer la totalidad del documento antes de emitir criterio. No obstante, algunos consideran que la regulación existente es eficiente y que de implementarse muchos cambios, más bien podría perjudicar al usuario.
“Efectuar nuevos ajustes diferenciados al mercado costarricense de tarjetas, que ya de por sí es competitivo, generaría desbalances y afectaría a los segmentos de personas que tienen menor capacidad de financiamiento. Por tanto, son más propensas a caer en el mercado informal”, consideró José Ignacio Cordero, vicepresidente ejecutivo de BAC Credomatic.
A su criterio, la normativa vigente promueve la competencia y cumple la función de proteger al consumidor; además califican al mercado como maduro y competitivo.
Al realizarse las reformas vía decreto, existen muchas limitantes. Por ejemplo, es inviable poner límite a los intereses, o exigir la revisión previa de los contratos para evitar cláusulas abusivas.
“El Ministerio de Economía tendrá que evaluar si le entra al tema. Con la reforma pretende llegar hasta donde la regulación permite modificar vía decreto”, aceptó Cinthya Zapata, directora de la Oficina de Protección al Consumidor.
Cajeros automáticos estarían obligados a advertir comisión por uso
• Banqueros deberán invertir para cumplir nueva exigencia con cajeros automáticos
• Ajustes generarían desbalances y afectarían a los segmentos de personas con menor capacidad de financiamiento, aducen banqueros
Daniel Chacón
dchacon@larepublica.net
Los cajeros automáticos deberán indicar la comisión que será cobrada por retirar efectivo y los estados de cuenta deberán cumplir con información mínima para que el cliente la entienda.Estos son parte de los principales cambios planteados en la reforma al reglamento que regula la actividad de las tarjetas de débito y crédito en el país, la cual data de 1995.
Los cambios propuestos incorporan áreas como la protección de datos personales, homologa la metodología para calcular los intereses por cobrar, y establece una diferenciación con respecto a las comisiones.
Ya el texto lo tienen los banqueros, emisores de tarjetas y los gremios que los reúnen, para que analicen los planteamientos y presenten cualquier sugerencia durante el próximo mes.
Después de eso, con la salida del decreto final en La Gaceta, los bancos y emisores tendrán 30 días para cumplir con el nuevo marco legal.
Más de la mitad de las denuncias que se han presentado en lo que va del año contra el sistema bancario son precisamente contra las tarjetas de crédito (34). Los motivos principales son el presunto incumplimiento del contrato y falta de información.
Para los banqueros, este negocio es uno de los más rentables para su operación. Por ello el análisis se dará con mucha profundidad.
“Esta iniciativa pretende recoger las experiencias que la operación y dinámica del crédito a través de tarjetas ha generado. También comparamos los cambios propuestos en Estados Unidos, México, Argentina, España y Brasil para regular al mercado”, dijo Eduardo Sibaja, ministro de Economía, Industria y Comercio.
Los diferentes actores de la industria, en su mayoría, prefieren esperar hasta leer la totalidad del documento antes de emitir criterio. No obstante, algunos consideran que la regulación existente es eficiente y que de implementarse muchos cambios, más bien podría perjudicar al usuario.
“Efectuar nuevos ajustes diferenciados al mercado costarricense de tarjetas, que ya de por sí es competitivo, generaría desbalances y afectaría a los segmentos de personas que tienen menor capacidad de financiamiento. Por tanto, son más propensas a caer en el mercado informal”, consideró José Ignacio Cordero, vicepresidente ejecutivo de BAC Credomatic.
A su criterio, la normativa vigente promueve la competencia y cumple la función de proteger al consumidor; además califican al mercado como maduro y competitivo.
Al realizarse las reformas vía decreto, existen muchas limitantes. Por ejemplo, es inviable poner límite a los intereses, o exigir la revisión previa de los contratos para evitar cláusulas abusivas.
“El Ministerio de Economía tendrá que evaluar si le entra al tema. Con la reforma pretende llegar hasta donde la regulación permite modificar vía decreto”, aceptó Cinthya Zapata, directora de la Oficina de Protección al Consumidor.