Caja atrasaría pagos a pensionados

La pugna que existe entre la Caja y los bancos estatales por los dineros de los pensionados fallecidos podría afectar a los que aún están vivos, pues una de las opciones de solución sería atrasar un mes los pagos.

Dado que el régimen de pensiones de la Caja (el IVM) puede tardar hasta 30 días en enterarse de que uno de sus pensionados falleció, piensan que si les pagan al mes vencido reducirían el problema de tener millones congelados en esos bancos mientras buscan la orden deun juez para retirarlos. “Esto se aplicaría a los nuevos pensionados una vez que la Caja apruebe una modificación al reglamento”, dijo José Luis Quesada.

Esta medida está pensada dado que actualmente los bancos estatales retienen ¢140 millones que el IVM giró a 5 mil pensionados que habían fallecido.

Otra de las opciones es que los 196 mil pensionados actuales firmen una autorización a la Caja para que una vez fallecidos esta pueda hacer uso de los dineros depositados hasta que se defina si hay un beneficiario de esa pensión.

Asimismo, la Caja está redactando una consulta a la Procuraduría General de la República, para que indique cuál proceso será el correcto para que los dineros del IVM, régimen para el que cotizan casi todos los trabajadores costarricenses, no esté congelado hasta por años en las entidades financieras.

Todo este problema inició cuando la Caja decidió dejar de pagar comisiones a los bancos estatales y pagar usando el Sinpe. Antes de eso los estatales devolvían el dinero con solo recibir una lista enviada por la Caja.

Tras el uso del Sinpe por la Caja los estatales informan que si le devuelven al IVM los dineros de los pensionados que fallecieron, podrían incurrir en una violación a la privacidad de las cuentas y ahora piden una orden judicial.

Los bancos privados y mutuales sí devuelven los dineros actualmente, sin requerir esa orden.

Tras una publicación de LA REPÚBLICA evidenciando el conflicto, los gerentes de los bancos estatales se reunieron con los jerarcas del IVM para llegar a una solución.

Después de la reunión los bancos dejaron del lado de la Caja ejercer las acciones legales.

“Nosotros no podemos resolver un problema de la Caja creándonos un problema nosotros. Llegamos a un arreglo de la forma ideal de proceder. La Caja tiene un abanico de opciones que puede ejercer entre ellas la Procuraduría”, dijo Gerardo Ulloa, director de banca corporativa del Banco Nacional.

La Procuraduría podría tardar meses en pronunciarse.

La Caja está preocupada por el cambio de reglas de los bancos dado que podría costarles unos ¢600 millones anuales.

Conformados por ¢450 millones en pensiones, ¢90 millones en órdenes judiciales, y los intereses.

Además otro riesgo latente es que algún familiar, que tenga acceso a la clave y a la tarjeta bancaria del pensionado, retire el dinero sin ser beneficiario de esa pensión.

Carolina Acuña
cacuna@larepublica.net