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Lunes, 19 de noviembre de 2018



NACIONALES


Burocracia tica entre las más caras

Esteban Arrieta [email protected] | Martes 17 mayo, 2016

“La ley de racionalización del gasto público debe detenerse y en su lugar, se debe promover un diálogo social en el cual todos los actores puedan participar, tanto los beneficiados, como los perjudicados”, dijo Xiomara Rojas, secretaria de Siteco. Archivo/La República


A pesar de su estrechez financiera, Costa Rica es uno de los países que más recursos destina en el mundo, para sostener al sector público.
Si se compara con las naciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), agrupación donde se gestiona su entrada, solo es superada por Dinamarca y Noruega, de acuerdo con un informe de esa organización.
Aproximadamente el país invierte un 13% del PIB para pagar a los burócratas, mientras que otras naciones como Japón, Corea del Sur, Alemania, Estados Unidos y Francia, invirtieron un porcentaje menor en 2013, de acuerdo con un informe dado a conocer este año.
Sin embargo, esto no significa que los empleados públicos en Costa Rica estén mejor pagados que sus homólogos de la OCDE, dijo Xiomara Rojas, secretaria del Sindicato Independiente de Trabajadores Estatales Costarricenses (Siteco), ya que existen marcadas diferencias salariales entre los empleados del gobierno central y los de universidades e instituciones autónomas.
El gasto del gobierno en remuneraciones no se debe a que el país cuente con la planilla estatal más grande de la OCDE, ya que los burócratas apenas representan el 15% de los trabajadores, mientras que en Dinamarca, Noruega y República Checa por ejemplo, estos representan más de un 30%.
El elevado gasto se debería a los pluses salariales que devengan los empleados públicos en instituciones fuera del Gobierno central, señala la OCDE, que considera como una tarea urgente, “simplificar y hacer más transparentes los diferentes esquemas salariales en el sector público”, incluyendo, entre otros temas, la eliminación de privilegios abusivos en las convenciones colectivas, además de la revisión de incentivos como la anualidad, que se dan sin ningún tipo de evaluación.
Para este año las instituciones públicas presupuestaron unos ¢5,8 billones en remuneraciones, lo que implicó un aumento del 4,5% en relación con el año pasado.
En promedio, por cada ¢1 de remuneraciones básicas, se presupuestan ¢1,1 en incentivos salariales, de acuerdo con la Contraloría, que ha hecho un llamado para reformar el sistema de salarios públicos, con el objeto de que el modelo de compensación salarial, “sea sostenible en el mediano plazo”.
Las advertencias de organismos técnicos y el elevado déficit fiscal que ya ronda el 5,9% del PIB, ha hecho que siete partidos de oposición en el Congreso se hayan unido para impulsar la revisión de los pluses salariales.
En estos momentos, ese bloque opositor propone la aprobación por la vía rápida de la ley de racionalización del gasto público, la cual establece varias normas fiscales para el Ministerio de Hacienda y al mismo tiempo, cambia las reglas de varios pluses salariales como las anualidades, la dedicación exclusiva y la disponibilidad.
Asimismo, se pretende establecer un tope salarial en el sector público que no sobrepase los ¢5 millones al mes para los nuevos trabajadores.
“La ley de racionalización del gasto público debe detenerse y en su lugar se debe promover un diálogo social en el cual todos los actores puedan participar, tanto los beneficiados, como los perjudicados. Si se sigue por la senda actual, podemos llegar a una confrontación social que nosotros no queremos, pero que sería necesaria a final de cuentas”, agregó Rojas.
En lo que sí están de acuerdo los líderes gremiales, es en cortar los salarios de altos jerarcas del Gobierno como magistrados, diputados, ministros, presidentes ejecutivos y gerentes.
“No se puede decir que policías, maestros y funcionarios del CEN-Cinai tienen salarios de lujo y por ello, nos oponemos a cualquier recorte de salarios o de beneficios. En donde sí podemos hacer algo es con los salarios de altos jerarcas”, dijo Albino Vargas, dirigente de Patria Justa.