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Por desorden y mala gestión en las instituciones del Estado, se puede caer en el error de creer que lo malo son las entidades, cuando realmente de lo que se trata es de malos administradores

Buena medida en medio del desorden

En una acertada medida tendiente a bajar el déficit fiscal o al menos frenar su crecimiento, el Ejecutivo autorizó a las instituciones, incluidas las autónomas y descentralizadas, a vender inmuebles o mobiliarios ociosos, innecesarios o lujosos. Algo que, más bien, ninguna de esas entidades debería tener si hubieran gozado de buena administración en gobiernos anteriores, a menos que existiera algún caso muy especial oportunamente justificado.
El Ministerio de Hacienda inició ya las acciones en este sentido por medio de la primera subasta o remate electrónico y es de esperar que el resto de las entidades lo haga. Estaremos atentos a ello.
La medida, obligada por la circunstancia fiscal del país, se suma a otros hechos, conocidos por la población a veces por la acción de la prensa y en otras ocasiones de modo fortuito, que no hacen más que demostrar cuánto desorden y falta de buena gestión hay en las entidades del Estado.
Incluso se puede caer a veces en el error de creer que lo malo son las instituciones cuando realmente de lo que se trata es de malos administradores.
Esto es necesario distinguirlo porque todo país democrático necesita de sus instituciones. Estas, sin embargo, no deben duplicarse ni superponerse y han de tener al frente jerarcas capaces y con intenciones de bien administrarlas a fin de que no entren en el mal funcionamiento y el desprestigio. Por el contrario, han de ser fortalecidas y muy bien manejadas para que cumplan con eficiencia y profesionalismo las funciones que cada una tiene según su naturaleza.
Volviendo al caso de la venta de edificios y muebles públicos, es el momento de revisar el otro renglón de gastos injustificables que es el de los edificios que alquilan instituciones estatales. No hace falta mucha especialización en la materia para saber que las altísimas sumas que se pagan por alquileres de edificios, locales y terrenos es originado también en la mala administración. No se planifica, no se previene ni se construye a tiempo lo que el Estado requiere para su normal funcionamiento.
Hoy la tendencia de estos alquileres es muy creciente y están en los primeros lugares de la larga lista que incurre en esos gastos instituciones tan importantes como la Caja, el Banco Nacional, el Ministerio de Hacienda o el ICE, entre muchos otros.
Una responsabilidad compartida por la clase política que llega al poder y hace sus nombramientos y por jerarcas y asesores.
Dentro de lo lamentable de la situación actual, hay algo positivo: los costarricenses tienen cada día más conciencia del porqué de las cosas y más tarde o temprano reaccionan.

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