ANÁLISIS
Opción tecno costaría al año unos $35 millones menos que una nueva cárcel

Brazaletes… o bomba de tiempo

Aprovechar ya esta solución para condenados e indiciados, recomienda LA REPÚBLICA

En el corto plazo, los tribunales dictarán sentencias contra malhechores, pero por culpa de la sobrepoblación en las cárceles, no habrá celdas para que cumplan su condena.

La falta de espacio es evidente en los talleres, donde los privados de libertad aprenden oficios para enfrentar la vida al salir del centro penal. Esteban Monge/La República

Para desactivar esta bomba de tiempo, aprovechar los brazaletes electrónicos, en vez de la sentencia en la cárcel, permitiría un ahorro anual de unos $35 millones, mientras se mantenga el mismo nivel de seguridad para el pueblo.
No obstante, el proyecto de ley para aprobar esta medida ha permanecido en un limbo legislativo durante más de dos años, sin dar señales de ser aprobado en un futuro cercano.
Por su parte, las cárceles están a punto de colapsar.
El riesgo que tiene para nosotros es que, si un delincuente es condenado, no habrá celda disponible donde colocarlo.
Esto haría que los jueces eviten enviar personas a la cárcel, aunque algunas puedan representar una amenaza para la comunidad.
Mientras tanto, las condiciones son duras para los prisioneros, dado que las cárceles albergan a más de 13 mil reos, sin importar que apenas haya espacio para 9 mil, así que más de un tercio de ellos no tiene una cama donde dormir, y debe acostarse en el suelo, en los baños y en los corredores.
Esto genera una serie de problemas, que van desde la posibilidad de que se arme una verdadera revuelta, hasta la tendencia de formar antisociales aún más resentidos.
Además, el número de prisioneros crece de manera constante, a un ritmo del 13% en promedio anual desde 2009.
“La inversión que se ha hecho en materia de seguridad, el fortalecimiento del Poder Judicial, los tribunales de flagrancia y hasta el aumento en la criminalidad han hecho que el asunto de la sobrepoblación carcelaria se complique”, dijo Manrique Sibaja, director general de Adaptación Social.
Construir y operar durante 20 años una nueva cárcel para tan solo 3 mil privados, representaría un monto anual de casi $35 millones (¢17 mil millones), incluido el costo de mantenimiento por reo de alrededor de $40.
Eso, aparte del hecho de que se trata de años de espera, hasta que se defina un proyecto, y se desarrolle.
Mientras tanto, los brazaletes electrónicos representarían un ahorro de unos $35 millones anuales, al suponer que el costo del uso del dispositivo ronda tan solo unos $10 diarios.
Además, se eliminaría la necesitad de construir otra cárcel.
El uso de los brazaletes se limitaría a aquellas personas que cometan delitos menores, y en los casos en que una restricción geográfica sea suficiente.

Estos dispositivos, colocados en el tobillo de la persona, emiten una señal electrónica a un centro de mando, incluso en el caso de que quien lo lleva, intente quitárselo.
Asimismo, ayudan a prevenir casos de violencia doméstica, pues si el agresor —que utiliza un mecanismo de este tipo— se acerca mucho a una víctima, la policía podría ponerse en marcha y al mismo tiempo, se le puede avisar a la mujer para que escape.
Por eso, sería recomendable que se apruebe un proyecto de ley, que permitiría iniciar el uso de los brazaletes, no solo en el caso de los futuros reos, sino también en el de los prisioneros actuales, que no representan un riesgo de crimen violento a la sociedad.
Con esta medida, unas 4 mil personas no peligrosas, saldrían de las cárceles sobrepobladas.
La misma norma se aplicaría a los indiciados, que no son acusados de un delito peligroso.
Esto permitiría que de los 3 mil indiciados, al menos la mitad de ellos, que actualmente están encarcelados, queden libres mientras esperan el juicio, proceso que puede tardar años.
Por su parte, la Asamblea desde abril de 2010 ha tenido en el limbo este proyecto de ley, algunos debaten el deseo de limitar el uso de los brazaletes a personas enfermas, y mujeres embarazadas o con hijos pequeños, así como los reos que tengan condenas inferiores a seis años de cárcel.
Este tipo de vigilancia electrónica fue desarrollado por un grupo de investigadores de la Universidad de Harvard en la década de 1960.
En 1983, un juez en el estado de Nuevo México, inspirado en un cómic Spider-Man, inició el primer programa judicialmente sancionado del uso de dispositivos de seguimiento, que ya operaban mediante señales telefónicas a través de GPS.
En 2007, se estima que al menos 130 mil brazaletes fueron desplegados en varias partes de Estados Unidos. También están ganando popularidad en la Unión Europea.

Esteban Arrieta
earrieta@larepublica.net