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Bonos verdes, sociales y de sostenibilidad en Costa Rica: las nuevas alternativas para organizaciones con buenas prácticas

Ignacio Guzmán ignacio@gydasesores.com | Miércoles 19 abril, 2023


Ignacio Guzman


En los últimos años las empresas han incrementado el interés por incorporar - en los diferentes niveles de la organización - los criterios ESG (en alusión a los principios Ambiental, Social y Gobernanza, también conocidos por su acrónimo en castellano, ASG) de forma sostenida y ordenada, tanto en la estructura como en las decisiones que se toman a nivel corporativo en las organizaciones. Pensemos en organizaciones empresariales, gubernamentales, sin fines de lucro, entre muchas otras, que se pueden aplicar protocolos y principios de buenas prácticas.

En el otro lado de la acera, se evidencia una tendencia global por un creciente apetito por parte de los inversionistas para acceder a instrumentos que cumplan metas robustas en ESG, entre ellos bonos verdes o sostenibles. Esta propensión ha motivado a las organizaciones a asumir los costos necesarios para adoptar los requisitos técnicos, financieros y legales para realizar emisiones de deuda de esta naturaleza.

Incrementar la sostenibilidad de los procesos de la organización, optimizar la reutilización, aumentar el impacto positivo en la comunidad, reunir buenas prácticas de gobierno corporativo o elevar la diversidad de los equipos de la empresa (gerencias, directivas, liderazgos e inclusive de los stakeholders o proveedores) son algunos ejemplos que persiguen las compañías para acreditar principios ESG en sus diferentes procesos y relaciones.

Paralelamente, diferentes jurisdicciones – incluyendo a Costa Rica - han ido incorporando a sus regulaciones y cuerpos normativos, disposiciones que estimulan, promueven o exigen a las organizaciones la adopción escalonada de procesos que apoyen la transición energética y gestiones inclusivas, entre otros criterios ESG.

Por otra parte, aparejados a estas disposiciones regulatorias, han surgido también beneficios para las organizaciones que se acojan a estos nuevos modelos de crecimiento y desarrollo que abrace los criterios ESG.

Dicho esto, los bonos verdes pueden ofrecer, por ejemplo, incentivos fiscales (según el emisor y la jurisdicción), como exención de impuestos y créditos fiscales.

Someterse a este mejoramiento de los procesos para constituirse en emisor de deuda implica, ciertamente, un esfuerzo organizacional y económico pues debe ejecutarse una debida diligencia para tomarle el pulso a la entidad y, además, hacer una radiografía en las distintas áreas del negocio. Por ello, debe incluirse en el reporte de debida diligencia, cuando menos, un análisis de la gobernanza, asuntos ambientales, responsabilidad social y procesos internos de la organización.

Lograr acreditar el good standing en asuntos de cumplimiento con los reguladores, supervisores y las calificadoras suele ser un buen negocio. No obstante, además de seguir las instrucciones normativas, los gobiernos han procurado recompensar a quienes pasen por este camino (el cual, lejos de ser sencillo, suele ser riguroso) con los incentivos anteriormente mencionados, como beneficios fiscales, o bien, acreditaciones y la posibilidad de acceder a nuevas formas de financiamiento reservadas, casi que exclusivamente, para aquellos emisores que demuestren protocolos, procedimientos y prácticas que involucren de forma seria y trazable, los criterios ESG.

Es justamente aquí donde queremos llegar.

Una forma sostenible de emisión de deuda.

En primer lugar, nuestra experiencia nos indica que la adopción de buenas prácticas y la posibilidad de emitir bonos verdes o bonos sostenibles es una facultad para diferentes tipos de organizaciones, entre ellas compañías locales o regionales, empresas públicas, gobiernos, instituciones autónomas, organismos no gubernamentales, entre muchos otros.

Ahora bien, cuando las organizaciones requieren algún tipo de financiamiento usualmente pensamos en crédito financiero, más específicamente deudas de carácter bancario, las cuales – especialmente en nuestro país – no suelen ofrecer las mejores condiciones y las formas más creativas; salvo si contamos con garantías de naturaleza inmobiliaria o un colateral robusto, entre ellas carteras de cuentas por cobrar, inventarios, facturación, entre otras.

Aunque la mayoría de las empresas o gobiernos cuentan con uno o varios bancos prestamistas, con los que suelen desarrollar relaciones de confianza, a través del mercado de bonos verdes, sociales y de sostenibilidad se fortalecen la credibilidad en las organizaciones pues, al contar con inversionistas de diferentes orígenes o domiciliados en otras jurisdicciones, los emisores tienen un deber de rendición de cuentas mayor y acreditar que el destino de sus recursos se realizó en aplicación de determinados proyectos apegados a criterios ESG.

En este contexto, a las empresas líderes en la adopción de criterios ESG se les han abierto nuevas puertas o beneficios que les permiten obtener ventajas sobre aquellas otras que evidencian rezago en estas áreas. Por ejemplo, acceder a una emisión de deuda estructurada, regulada, usualmente con mejores condiciones de interés para la entidad emisora y dirigida a inversionistas sofisticados e institucionales (en rondas públicas o privadas). Vale indicar que las emisiones de deuda a través de bonos verdes encuentran respaldo en proyectos o inversiones ESG, si se le quiere llamar de alguna forma.

Otro beneficio es la posibilidad de cambiar la deuda actual y costosa que mantienen las empresas (o los gobiernos) con las entidades bancarias y financieras tradicionales, por una emisión de deuda respaldada por criterios de sostenibilidad, con mejores tasas de interés y condiciones más flexibles que las ofrecidas tradicionalmente por un banco comercial.

De esta forma, podemos acercarnos al concepto de los bonos como aquellos valores mediante los cuales emisores públicos y privados obtienen financiamiento para realizar sus actividades sostenibles, a saber, energía renovable, transporte bajo en carbono, eficiencia energética, conservación de diversos recursos (forestal, hídrico, otros), producción baja en carbono, construcción sostenible y otros.

Técnicamente, los bonos tienen definidos una fecha de vencimiento y una tasa de interés. Además, la rentabilidad se logra a través de los pagos periódicos de la tasa de interés y el reintegro del principal invertido al final del plazo (la inversión). Los pagos periódicos o cupones se cancelan de forma mensual, trimestral, semestral, anual o en un solo pago al final del plazo. Básicamente, en la estructuración o definición del bono, se establecen estas características.

Dicho lo anterior, los bonos verdes, sociales y sostenibles son igualmente un tipo de deuda emitida por instituciones públicas o privadas para financiarse, pero, a diferencia de otros instrumentos de crédito, comprometen el uso de los fondos obtenidos con un proyecto medioambiental o relacionado con el cambio climático.

Básicamente, las emisiones de deuda realizadas por organizaciones a través de bonos verdes pueden asociarse a una serie de cumplimientos, entre ellos, proyectos vinculados a eficiencia energética, energí¬a renovable, transporte limpio, prevención de la contaminación, gestión de recursos naturales, conservación de la biodiversidad, gestión sostenible del agua, entre muchos otros.

En otro ámbito de aplicaciones, encontramos la experiencia reciente de Uruguay en donde el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) apoyó al Ministerio de Economías y Finanzas a preparar el marco necesario para la emisión de su primer bono soberano cuyo precio está condicionado a indicadores de sustentabilidad.

En nuestro país podemos citar casos notables y exitosos desde el punto de vista del emisor, para financiar parques eólicos, energía solar, la adquisición de participaciones accionarias en empresas con vocación sostenible, entre otras.

Ahora bien, es preciso aclarar que este es un proceso – si se quiere – más sofisticado que el ofrecido por los productos de financiamiento tradicional. Dicho esto, es necesario advertir que las empresas que consideren acogerse a una emisión de deuda de esta naturaleza muy posiblemente precisen asesoría robusta de la Bolsa Nacional de Valores (sea una oferta pública o privada). Además, se requerirá de la figura de un estructurador o asesor de banca de inversión y contar con una calificación de riesgo (en nuestro país podemos encontrar Fitch Ratings, Sociedad Calificadora de Riesgo y Pacific Credit Ratings).

Finalmente, es muy importante que la organización emisora tenga su información financiera actualizada y con estados auditados para el último periodo fiscal.

La tendencia global, el apetito por la sustentabilidad y los ajustes regulatorios: ¿hacia una sobredemanda de bonos verdes?

El aliciente o el apetito por ingresar al mercado de bonos verdes, sociales y de sostenibilidad se debe a diferentes razones. Una de ellas es la creciente adopción de una mayor concientización en las organizaciones para sumarse a la transición climática, la implementación de nuevas y mejores prácticas en la gobernanza y asumir roles de liderazgo en la comunidad a la que impacta la organización.

En otro sector del ecosistema nos encontramos con los cambios normativos y regulatorios que sugieren – o en algunas jurisdicciones exigen – la adquisición y participación por parte de los inversionistas institucionales, gobiernos u otras organizaciones de bonos o instrumentos con estas características.

En nuestro país, podemos decir que los reguladores han sido aún cautos respecto a la posibilidad de dirigir a los inversionistas – mediante directrices regulatorias, por ejemplo, a través de reglamentos de gestión de activos – a destinar un mínimo de sus carteras a bonos o instrumentos relacionados con ESG.

Es una posición que parece resultar sensata puesto que el mercado, además de pequeño, aún no ofrece la diversidad de productos necesarios para satisfacer la demanda de una industria creciente, por lo que la normativa no debería arrinconar a los inversionistas, pensemos en operadoras de fondos de pensiones, a destinar una parte de sus recursos con el único propósito de cumplir con una meta regulatoria, aunque no necesariamente presenten las mejores condiciones de retorno para el fondo y, a la postre, para sus afiliados.

Vale la pena indicar que contamos con antecedentes de proyectos de ley que intentaron definir estos “mínimos” de inversión los cuales han sido matizados en los procesos de consulta pública de algunas normativas, entre ellas la Ley N° 10.051. Por lo que ciertamente hay un interés de estimular el desarrollo de este sector del mercado de valores y favorecer normativamente a los emisores que logren acreditar buenas prácticas y proyectos sostenibles importantes.

Sin embargo, en Costa Rica encontramos ya esfuerzos concretos para que los inversionistas institucionales, entre ellos, empresas que cotizan en bolsa u operadoras de pensiones, a través de los Reglamentos de Gestión de Activos, cuenten con políticas de gestión de inversiones sostenibles o responsables, procurando que parte de los recursos se puedan canalizar a actividades económicas o productivas que apoyen el desarrollo sostenible, mejoramiento del ambiente, servicios o productos dirigidos a beneficiar las condiciones de los adultos mayores.

Además, estas políticas buscan establecer límites o prohibiciones para las inversiones que fomentan la fabricación de armamento o cualquier producto que pueda afectar negativamente a las personas y su entorno.

Solamente para citar un par de ejemplos, en el caso citado anteriormente, en el cual el Gobierno de Uruguay emitió un bono global indexado a indicadores de sustentabilidad, el país suramericano recibió una demanda por un total de US$3.960 millones de dólares, un monto ampliamente superior a los US$1.500 millones que decidió emitir.

En un caso más cercano a la región centroamericana, la Corporación Multi Inversiones (CMI), a través su holding, realizó una emisión por 700 millones de dólares para financiar plantas de generación de energía renovable. Esta emisión registró una sobredemanda equivalente a cinco veces el monto ofertado, principalmente de inversionistas provenientes de Estados Unidos (56 %), seguidos por europeos (29,4 %), asiáticos (2,3 %) y latinoamericanos (1,3 %), esto de acuerdo con datos compartidos por la empresa.

Como corolario de estas experiencias, podemos reafirmar que las presiones regulatorias, cada vez más estrictas, y la creciente concienciación climática y social deberían seguir impulsando el interés por esta clase de activos.

Por su parte, el universo del mercado de bonos verdes, sociales y de sostenibilidad disfruta actualmente de un atractivo repunte de los rendimientos en comparación con el universo convencional y parece mejor posicionado para beneficiarse de un descenso de los rendimientos y una compresión de los diferenciales de crédito.

También, poco a poco las emisiones de bonos verdes, sociales y de sostenibilidad abarcan sectores menos “convencionales”, por ejemplo, el sector inmobiliario, vivienda de interés social o urbanismo, lo que podría allanar el camino para más emisiones corporativas en este segmento.







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