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Gestión se apegó a leyes de presupuesto y administración financiera, según Contraloría
"Bonos chinos" fueron bien vendidos

Danny Canales y Carlos Jesús Mora
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La venta de bonos de deuda por $150 millones que Costa Rica le hizo a la República Popular China se realizó apegada a la legislación.
También estuvo en regla el hecho de que el título se emitiera a nombre del banco BCT como “subcustodio”.
Ambas conclusiones trascendieron en un análisis que hizo público ayer la Contraloría General de la República.
La investigación se desarrolló como reacción a las supuestas dudas surgidas por la “confidencialidad” con que se manejó el negocio con los chinos.
Sin embargo, el fiscalizador de los recursos del Estado no solo encontró que se siguió al pie de la letra lo establecido en la legislación sino también que la venta fue “beneficiosa” para el país.
“En cuanto a la legalidad de la operación, a partir del análisis jurídico, el título se clasifica como de deuda interna, dado que fue emitido conforme a las leyes de Presupuesto y Administración Financiera y colocado en el mercado nacional por medio del procedimiento de ventanilla directa”, detalló Federico Castro, gerente de Administración Financiera de la Contraloría.
Otra razón por la que la Contraloría dio validez a la negociación fue porque encontró que “se ajustó a los límites establecidos por la ley y que la tasa de interés resultó beneficiosa para el país”.
Tampoco se infringió la legislación al escoger al banco BCT como subcustodio, a pesar de que Antonio Burgués, embajador del país en China, es socio fundador de la entidad financiera.
Sobre la compatibilidad de Burgués, el estudio señala que la Ley de Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito no toma en cuenta a los miembros del Servicio Exterior. A criterio de la Contraloría, es necesario realizar una reforma para incluir a los diplomáticos dentro de la regulación.
“En cuanto a la eventual participación del embajador de Costa Rica en la República Popular China en la entidad que funge como subcustodio, no se determinó un incumplimiento legal”.
Pero no to
do fue positivo, pues se cuestionó el carácter de confidencialidad que le dio el Poder Ejecutivo al negocio y le ordenó al Ministerio de Hacienda hacer públicas las futuras negociaciones de venta de bonos.
Al respecto, la Sala Constitucional había ordenado el pasado 5 de setiembre a Guillermo Zúñiga, titular de Hacienda, dar toda la información acerca del título emitido con el Gobierno chino.
Además se insta a los diputados a regular y ordenar los mecanismos de control político del endeudamiento para los casos en que la colocación de títulos de deuda se realice por medio de negociación directa con residentes o no residentes en el país.
Asimismo, se le ordena al Ministerio de Hacienda reglamentar “de manera precisa las colocaciones efectuadas por medio de ventanilla directa, con no residentes, todo sin perjuicio de lo que al respecto resuelva la Asambl
ea Legislativa”, concluyó el estudio.
En total el Gobierno de China había ofrecido comprar $300 millones. Se espera que los $150 millones restantes se negocien el próximo año.
En el Pod
er Ejecutivo dijeron sentirse complacidos con la resolución de la Contraloría.
“Nos sentimos satisfechos y tomaremos en cuenta las recomendaciones del caso”, dijo Rodrigo Arias, ministro de la Presidencia.
Entre tanto, en el Congreso —donde el tema era investigado por la Comisión de Ingreso y Gasto Público— la res
olución generó diversas reacciones.
Liberación Nacional se mostró satisfecho con la resolución. Oscar Núñez, jefe de fracción de la agrupación oficialista, dijo que el criterio de la Contraloría “se traía abajo la cortina de humo que el Partido Acción Ciudadana (PAC) quiso lanzar sobre una transacción legal”.
Por su parte el PAC, agrupación que ha criticado de manera más fuerte la transacción, dijo que no se iban a pronunciar.
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