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Martes 14 Octubre, 2008

Biocombustibles


El programa de biocombustibles que pretende realizar esta Administración tiene una serie de ventajas técnicas que es loable destacar, sin embargo, falta por definir quién se beneficiaría de su explotación. Esto de acuerdo con el seminario sobre el tema realizado por Recope el viernes anterior.
Entre los aspectos positivos tenemos que en primera instancia permitiría un ahorro de divisas que estiman en Recope rondaría unos $50 millones anuales, en el caso de las gasolinas, al sustituirse en un 7% ciertos componentes químicos (propios de la elaboración de gasolina) y en su lugar usar etanol; y de $15 millones al utilizar en un 2% biodiésel, en el diésel.
En total se podría presentar una reducción de $65 millones en divisas que se pagan al exterior y en su lugar hacer dichos pagos a una industria nacional que traería como beneficio un gran valor agregado y con ello un efecto multiplicador, tanto en el sector agrícola como en el industrial, sobre todo con el biodiésel, al ser una industria no desarrollada a nivel local.
Es interesante notar que, a futuro, Costa Rica puede ser autosuficiente en la elaboración de estos dos productos, etanol y biodiésel, ya que se estima que, dadas las necesidades actuales de consumo de gasolinas y de diésel, con la siembra equivalente a 10.500 hectáreas, se cubriría el 100% de lo que eventualmente serían nuestras necesidades nacionales de etanol, partiendo de la caña de azúcar para producirlo. Para el caso del biodiésel, se requerirían 4 mil hectáreas, si se partiera del aceite de palma para su elaboración; en la actualidad existen 50 mil hectáreas sembradas de palma y se estima que hay en el país un potencial adicional de tierras aptas para la obtención de dicho producto de 50 mil hectáreas más.
Si nos basamos en el índice de eficiencia energética, esto es, en la energía generada para su uso, en relación a la energía empleada para su obtención, resulta que tanto para el etanol como para el biodiésel serían los mejores productos (conocidos por ahora) para su elaboración, pues en el caso del biodiésel, esta relación es de nueve veces si se parte del aceite de palma, de tres veces si se parte de la soya y de 2,5 veces para la colza. Este índice para el etanol es de 1,3 veces para el caso del maíz, de dos veces para el de la remolacha y de ocho veces para el caso de la caña de azúcar.
Por otra parte, se debe tomar en cuenta que el artículo 63 del Reglamento de Contrataciones de Recope establece el procedimiento para la contratación de los hidrocarburos y sus derivados y específicamente establece que debe ser “concurso internacional para la adquisición, importación, exportación, fletamento e inspección de petróleo crudo y sus derivados…”, y la contratación directa en lugar del concurso internacional, como un mecanismo de excepción por razones de urgencia o conveniencia empresarial debidamente justificadas y así lo demanden, según la programación de necesidades.
Por último, las contrataciones con empresas estatales, gobiernos o empresas petroleras estatales extranjeras, cuando ello conlleve facilidades crediticias, mejores precios, garantías de suministros, o cualquier ventaja para Recope, lo cual deberá quedar constando en el expediente de la contratación. Estas contrataciones podrán ser para la satisfacción de necesidades puntuales o bien, referirse a contratos a plazos determinados.
Como hasta ahora la contratación no prevé que en forma local puedan existir oferentes, falta aclarar cuál será el mecanismo de compra de dichos productos. Para el caso del etanol se esperaría que con un pequeño ajuste al Reglamento, quizá, simplemente se haría una negociación con la Liga Industrial de la Caña, al ser una empresa pseudoestatal (según su normativa de creación) y por ser la que comercializa el 100% de los derivados de la caña de azúcar a nivel nacional; así, a lo interno se establecería la cuota de etanol que cada ingenio debe producir. Claro está, suponiendo que no exista potencial adicional de ninguna otra industria que se quiera establecer para competir a nivel local, en la elaboración de etanol.
Pero en el caso del biodiésel, dado que no existe un proveedor local que en la actualidad produzca dicho producto, ¿qué certeza tendría algún inversionista de venderle a Recope, si a esta fecha no existe una normativa que le asegure que medianamente podría venderles el producto?
Este tema falta por contemplarse, y estimo que para ello se debe ajustar con tiempo y a tiempo nuestra normativa jurídica.

Randall Castro Vargas
Economista