Bienvenida preocupante al nuevo Congreso venezolano
De hecho, el tumulto en el edificio del capitolio venezolano esta semana da una idea de lo que podría convertirse en un choque total entre el congreso controlado por la oposición y el resto de las instituciones del país, dominadas por una rama ejecutiva hiperactiva. AFP/La República
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 Cuando la oposición venezolana obtuvo una victoria aplastante en las elecciones legislativas de diciembre, los defensores de la democracia latinoamericana se entusiasmaron. Por fin, una de las autocracias más obstinadas de la región salía corriendo. ¿O no?
Nada más que para poder prestar juramento en sus nuevos cargos en la Asamblea Nacional este martes, los legisladores de la oposición tuvieron que atravesar una barricada de policías y guardias nacionales hostiles, someterse a un combate de empujones y gritos con leales al gobierno dentro de la cámara legislativa y ver cómo los miembros de la vieja guardia zapateaban a modo de protesta.
Hasta esa fría recepción fue moderada en comparación con la connivencia política que el presidente, Nicolás Maduro, generó en las últimas semanas del año, en tanto el partido socialista gobernante se aprestaba a perder su mayoría parlamentaria y Maduro sus facultades excepcionales para gobernar por decreto.
Se sabía que no sería fácil derrocar la revolución que Hugo Chávez lanzó en 1999 en nombre del libertador latinoamericano Simón Bolívar, prometiendo abundancia a los pobres y aflicción a los ricos, cortesía de una reserva sin fondo de petrodólares. Transcurridos casi 17 años, esa visión colapsó junto con el producto interno bruto, los precios estables, las leyes básicas de la oferta y la demanda, y la seguridad pública.
Y sin embargo, los extremos a los que ha llegado Maduro, el sucesor de Chávez, para aferrarse al poder, negar la realidad económica que lo rodea y neutralizar al congreso entrante resultan impresionantes, aun para los parámetros autoritarios del chavismo.
No nos engañemos con el mensaje público conciliador de Maduro, aconsejando a los aliados que se ajustaran a una “nueva dinámica política”.
En diciembre, el gobierno de Maduro designó apresuradamente 13 nuevos jueces en la Suprema Corte, reafirmando aún más el control del presidente sobre una magistratura ya doblegada –una jugada importante porque el tribunal supremo tiene la facultad de revocar muchas de las iniciativas del legislativo.
No sorprende que la semana pasada el alto tribunal reabastecido haya prohibido asumir sus funciones a tres legisladores de la oposición, dejando a los rivales de Maduro apenas por debajo de la mayoría legislativa absoluta que habían obtenido. El miércoles, empero, el nuevo presidente del congreso, el opositor duro Henry Ramos Allup, desafió al alto tribunal tomando juramento a los tres legisladores, lo cual sentó las bases para una confrontación institucional.
 


 


 

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