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Bienes de difunto

Carlos Denton cdenton@cidgallup.com | Miércoles 12 septiembre, 2007

Generaciones de políticos costarricenses, nombrados en puestos de importancia en las instituciones estatales, han tratado los bienes a su cargo como si fueran “bienes de difunto”.

Como muchos lectores tienen que saber, cuando muere alguien, los bienes de esa persona los reparten entre los familiares con poca atención a su valor —de por sí, no son de ellos y no tuvieron que trabajar para obtenerlos.

Los sindicatos estatales tienen toda la razón en protestar las decisiones recientes de la Sala IV que han quitado algunas de sus “conquistas”. Sus líderes negociaron con los jerarcas para obtener estos beneficios, y ahora la Corte Suprema se los está quitando. A estos jerarcas no les importó conceder los beneficios —de por sí no eran de ellos, y no les costaba nada salir como magnánimos frente a los trabajadores.

El autor de esta columna estuvo relacionado con una universidad estatal por varios años y recuerda bien haber participado en una reunión con un líder del sindicato de la misma casa de enseñanza superior que llegó triste a tomar café. Se sentía mal porque había presentado al rector de turno una lista de “demandas”, algunas tan absurdas que casi no cabían en el papel en que estaban escritas. El máximo jerarca de la universidad había aceptado todas. Se sentía triste el líder sindical porque con esa acción del rector, se le quitó lo que le daba sentido a su puesto. Ya no podía organizar una “lucha” de un par de meses con reuniones, pancartas de protesta, tortuguismo y paros. “Nosotros presentamos la lista como para “pedir al Niño”, me dijo, “y todos sabemos que uno nunca recibe todo lo que se pide”.

Este caso no es atípico aunque se debe notar que los rectores no son nombramientos políticos. La verdad es que los presidentes ejecutivos y directores de las instituciones estatales, sin importancia de color político, en muchos casos han cedido sin ninguna preocupación en las negociaciones colectivas.

Más les ha preocupado que haya un paro, porque entonces podría el público comenzar a verlos como incapaces. Es posible, incluso, que el presidente de turno les hubiera dicho que tenían que arreglar el asunto, aunque implicara compromisos que significaran la ruina financiera en el futuro.

Estas acciones de la Sala IV, en que la Corte declara inconstitucional un acuerdo entre una institución y el sindicato de sus trabajadores, tienen implicaciones para el futuro. Lo lógico es que el Poder Ejecutivo, igual que lo hace la Asamblea Legislativa, mandara todo acuerdo a la Sala IV para asegurar que no violará la Constitución Política. Es lógico, porque así no se levantan las expectativas de los trabajadores, y no se asumen compromisos que después no se pueden cumplir.

Pero por otro lado, si se asume esta práctica de consultar los acuerdos, de nuevo se erosiona la división de poderes establecida por la misma Constitución. Ya la Asamblea Legislativa ha claudicado y acepta que la Corte Suprema decide si son aceptables sus procedimientos internos —el próximo paso sería que hiciera lo mismo el Ejecutivo. Después de cada reunión de gabinete se podría mandar la lista de acuerdos a la Sala IV para obtener su opinión.

Lo ideal sería que en el futuro los gobiernos de turno nombraran directivos más responsables a los puestos —pero quizás eso es un caso de “pedir al Niño” de parte de este columnista.

Los sindicatos tienen razón por estar disgustados.

Bienes de difunto

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