Bicentenario de Costa Rica: reforma del Estado

La reforma del Estado ha sido un tema en la agenda pública desde hace más de cuarenta años, cuando hubo que implementar una serie de medidas de ajuste estructural dictadas por los organismos internacionales.

A partir de ese momento, cada vez que se propone una reducción del tamaño del Estado se recurre al concepto de reformar, sin detenerse a definir en realidad lo que conlleva un replanteamiento en las dimensiones jurídicas, administrativas, económicas, sociales y políticas del Estado.

Es común que se recurra a utiliza “reformar” como sinónimo de recortar el presupuesto público para dejar sin recursos a muchas instituciones para cumplir con sus fines. No obstante, debido a la experiencia acontecida con los programas de ajuste estructural, es necesario plantear la reforma desde una visión integral del Estado, es decir como un proceso que nace de la participación y democratización social.

Es un imperativo que en Costa Rica se revise la respuesta que institucionalmente se le está dando a las grandes problemáticas sociales: al abordaje de la pobreza y el hambre, la exclusión y la calidad educativa, la atención de la niñez, la juventud y las personas adultas mayores, la descentralización del sistema de salud, la seguridad ciudadana, el desarrollo de infraestructura, el costo de los servicios públicos, entre muchos otros desafíos.

Esta es la base para la comprensión del fenómeno de la organización integral de los servicios públicos.

Por eso, una reforma del Estado tiene que sustentarse en la forma cómo se atienden las demandas de servicios públicos de la sociedad y garantizar que sean ágiles, oportunos, inclusivos, equitativos y con plena asignación de recursos.

Debe concebirse desde la institucionalidad democrática con espacios de diálogo y representación de todas las organizaciones sociales y políticas, pues es necesario no solo un amplio consenso, sino aportar una cosmovisión de Estado en un país multi y pluricultural.

La responsabilidad de presentar una propuesta de reforma del Estado no es solo del Poder Ejecutivo o del Legislativo, debe partir de una propuesta en la cual la ciudadanía esté representada, con el fin de que todos los esfuerzos conduzcan a mejorar la calidad de vida de las personas habitantes del país.

El propósito fundamental debe ser la construcción y la evaluación de los presupuestos públicos con participación social y enfoque de derechos humanos. Es decir, lograr que cada recurso estatal garantice que nadie se quede atrás ni sea excluido del desarrollo social.

El bicentenario de nuestra democracia es una oportunidad preciada para reflexionar profundamente en la institucionalidad costarricense, acotando que la pérdida de legitimidad institucional es la consecuencia de una desconexión del Estado con su ciudadanía, que la democracia está en riesgo cuando sus gobernantes le dan la espalda a la voluntad de las mayorías y que una reforma integral debe favorecer las acciones de Estado en favor de los servicios públicos para quienes más los necesitan.

Al conmemorar el Bicentenario de la Independencia, levantemos la bandera de la noble Patria que nos mueve, nos llama y nos convoca, para que, bajo el límpido azul de nuestro cielo, vivan siempre el trabajo y la paz.