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DEBATE: Flexibilidad laboral
¿Beneficio o perjuicio para los trabajadores?

Yessenia Garita
[email protected]


Mauricio Castro Méndez
Coordinador Asesoría Legal de ANEP


“Es necesaria una política pública de generación de incentivos a las empresas que mantengan el empleo y cumplan con estándares fundamentales”



Perjuicio laboral

Actualmente, se discuten dos proyectos de flexibilización laboral.
El primero pretende concentrar el horario semanal en cuatro días de trabajo, con jornadas ordinarias de 12 horas diarias y con tres días de descanso.
Este proyecto tiene problemas graves e importantes de señalar: primero porque es contrario a nuestra Constitución Política y al convenio 1 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Además generará impactos negativos para muchas personas, principalmente para las mujeres.
Si una persona ingresa a trabajar a las 7 a.m. y sale a las 7 p.m., sumados los tiempos de traslado estará siendo sometida a su trabajo de las 6 a.m. a las 8 p.m. Si debe atender responsabilidades familiares como el cuido de niños, adultos mayores, personas enfermas, no podrá mantener su empleo a menos que tenga plata para pagar por el cuidado que eso representa a diario en una familia.
Si estudia se verá obligado a renunciar a sus planes de superación. Si tiene dos o más empleos, esa jornada le impediría mantener sus dos ingresos o deberá dejar alguno. Se ha justificado el proyecto como medida para hacer uso intensivo de las plantas físicas y trabajadores durante picos de crecimiento de la demanda. Pero actualmente la crisis representa una caída en la demanda de trabajo y sería oportunista utilizar esta coyuntura para pasar una reforma pensada para escenarios de constante crecimiento económico.
No se debe manipular la discusión para aprobar una reforma innecesaria en estos momentos y generadora de problemas en momentos de crecimiento.
El segundo proyecto disminuye la jornada a tiempo parcial, reduciendo incluso las actuales bases salariales.
Esto no solo es contradictorio con el primero, sino que empobrecerá a muchas personas trabajadoras. Este proyecto también disminuirá el poder adquisitivo de miles de personas, lo que profundizaría aún más la contracción económica. Se ha dicho que es mejor disminuir jornadas antes que despedir personal. Pero esas no son las únicas opciones, disminuyendo el empleo no resolveremos el problema, lo podríamos agravar.
Es necesaria una política pública de generación de incentivos, entre ellos cabe destacar los fiscales o transferencias. Por ejemplo, a las empresas que mantengan el empleo y cumplan con estándares fundamentales se les puede ofrecer un tipo de incentivo específico o especial. Esta sería una excelente estrategia para que todos puedan ganar-ganar. Por un lado, ganan los trabajadores por la protección de su puesto; por el otro, ganan las empresas que podrían mejorar su estructura de costos. También gana el Estado porque atendería la crisis con las medidas anticíclicas. Necesitamos acuerdos que protejan todavía más el empleo y no carguen el costo de la crisis sobre las personas trabajadoras, sus familias ni su poder adquisitivo.



Manuel H. Rodríguez
Presidente UCCAEP


“En momentos como los actuales donde a diario se lee y se escucha de despidos masivos se deben idear formas para proteger el empleo y el ingreso de las familias costarricenses”


Lucha por empleo


La Unión Costarricense de Cámaras, como actor socialmente responsable, presentó recientemente un proyecto de ley para proteger el empleo en tiempos de crisis como el que viven el país y el mundo en la actualidad.
La iniciativa busca darles herramientas temporales a los empleadores para preservar los puestos de los más de 1,6 millones de trabajadores que colaboran con el sector privado en momentos como los actuales y para que el despido de personal sea la última opción que el empresario valore.
En la actualidad el Código de Trabajo únicamente da las opciones de despedir o suspender temporalmente los contratos laborales.
En ambos casos quien sale perdiendo es el trabajador ya que dejará de contar con los ingresos necesarios para vivir.
La iniciativa propone que el empleador, y con la autorización del Ministerio de Trabajo, pueda de manera temporal y por un plazo de hasta seis meses, adelantar vacaciones a sus trabajadores, trasladar empleados de turnos de la noche al día, reducir la jornada laboral hasta en un 30%, y disminuir el salario y beneficios a trabajadores con ingresos de más de ¢1.172.000.
El proyecto de ley señala que si la actividad económica cae durante tres meses consecutivos el Gobierno debe emitir un decreto para que los empleadores puedan recurrir a cualquiera de las medidas mencionadas para evitar despedir trabajadores, ya que la fuerza laboral es el activo más valioso de una empresa.
Los empleadores que deseen acogerse a cualquiera de estas medidas deben enviar una comunicación oficial al Ministerio de Trabajo informando que se acogerá, a fin de que la Inspección pueda visitar la empresa si lo estima conveniente.
Además, la iniciativa señala que los empleadores que podrán hacer uso de las medidas propuestas deben estar al día o en arreglo de pago con las cargas sociales y el pago de impuestos, pues lo que se busca es proteger la seguridad social y los ingresos del fisco.
La propuesta también protege derechos laborales de los trabajadores ya que no solo no se modifica el actual Código de Trabajo, sino que para cada una de las medidas que el empleador puede aplicar existe una clara protección hacia el trabajador, entre ellas que a un colaborador solo se le puede aplicar una sola medida.
En momentos como los actuales donde a diario se lee y se escucha de despidos masivos se deben idear formas para proteger el empleo y el ingreso de las familias costarricenses, y eso es lo que UCCAEP pretende con el proyecto que se presentó, con el fin de no generar una crisis social en Costa Rica como la que se vivió en los años 80.
Criticar es muy fácil, construir y proponer es difícil manteniendo un balance equitativo. El sector empresarial propuso medidas para disminuir el impacto de la crisis en los hogares y con el único fin de proteger puestos de trabajo.
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