BCIE e ICE chocan por canje con Alcatel

Banco interpreta que transacción debe ser aprobada por la Contraloría; Instituto considera que no

BCIE e ICE chocan por canje con Alcatel

• Entidad financiera afirma que no fue informada, participada, ni ha sido notificada de la negociación

• Fracción legislativa de Acción Ciudadana solicitó investigación a la Contraloría

Danny Canales

dcanales@larepublica.net

El Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) discrepa con el trámite de aprobación que pretende dar el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) al convenio de canje que negocia con la firma francesa Alcatel.

El Instituto anunció la anuencia de recibirle a la compañía 200 mil líneas y otros equipos como pago por una multa de $60 millones que le aplicó el año pasado por incumplimiento del contrato, a pesar de haber anunciado hace un año la ruptura de relaciones con la empresa por ese motivo.

Para los representantes del Banco, la aprobación de esa negociación debe recaer en la Contraloría General de la República, pues afirman que así lo estableció el ente contralor cuando refrendó el contrato de arrendamiento de la red GSM provista por Alcatel.

El BCIE es el arrendador de la red móvil de 400 mil líneas de la tecnología GSM que adquirió el ICE a la compañía francesa por $150 millones.

No obstante, en el Instituto defienden que la ratificación del intercambio con Alcatel es responsabilidad exclusiva de los directivos del ICE, y que esa actuación no debe ser consultada ante ninguna otra instancia.

LA REPUBLICA intentó conocer ayer la posición de Rocío Aguilar, contralora general, pero en la oficina de prensa de la entidad se nos informó que no podía referirse por ahora.

“En cuanto al criterio de si consideraríamos necesaria la autorización legal, yo creo que sí se requeriría ir a la Contraloría, dijo Hazel Cordero, asesora legal de Alfredo Ortuño, director para Costa Rica del BCIE, quien cuestionó que el banco no fue consultado, ni participado de la negociación del ICE y Alcatel, ni ha sido notificado aún del tema.

El contrato de Alcatel “se originó por un procedimiento abreviado que fue autorizado por la Contraloría y en donde el ente contralor se reservó la facultad de que las modificaciones esenciales a los elementos contratados tenían que ser autorizadas por ella”, explicó la abogada.

De acuerdo con Cordero, la compra, cambio o renovación que haga el ICE del equipo de la red celular GSM contratada a Alcatel debe ser conocida por el órgano contralor.

Sobre el debate de quién debe ratificar la negociación entre el ICE y Alcatel, Geovanni Bonilla, director legal del Instituto, comentó que el Banco está en un error.

“El acuerdo no tiene que ir a la Contraloría porque a nivel de resolución contractual es un trámite eminentemente de la administración”, dijo el abogado, quien agregó que “solo se tendría que recurrir a la Contraloría en el tanto y el cuanto el contrato se mantuviera vigente y en este caso se está resolviendo el contrato”.

Paralelamente a la discusión entre el banco y el ICE, la fracción legislativa del Partido Acción Ciudadana (PAC) solicitó una investigación del caso a la contralora Aguilar.

“Le solicitamos que se instruya una investigación especial y sumaria sobre este caso, así como que se nos informe cuáles funcionarios estarán a cargo para darles seguimiento a los avances de la investigación y obtener insumos para el control político, señala la misiva firmada por cinco diputados del PAC.

A Alcatel se le ha atribuido el pago de unos $15 millones en dádivas a ex directivos y jerarcas del ICE, así como a ex políticos, para que presuntamente influyeran en la adjudicación del concurso para comprar la red de 400 mil líneas GSM.