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Reincidencia de desarrolladores motiva que Tribunal anuncie “mano dura” el próximo año

Barridas ambientales ampliarán cobertura

• Paquera, Lepanto, Cóbano y Nicoya figuran como nuevos objetivos de los recorridos
• Operativos se reforzarán con más funcionarios para proteger ecosistemas

Ernesto José Villalobos
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Los propietarios de un tajo ilegal ubicado en las orillas del río Barú, Península de Osa, recibieron la visita de personeros del Tribunal Ambiental Administrativo (TAA), el 7 de julio pasado, y por ello debieron cesar de inmediato las actividades en ese sitio.
Cuatro meses después, y a pesar de la medida cautelar impuesta por la autoridad, una nueva orden debió emitirse pues la explotación se reabrió.
Debido a situaciones como esta, el órgano contralor organizará dos barridas ambientales más que en 2008 para el próximo año.
A la fecha el TAA mantiene bajo su tutela alrededor de 3 mil expedientes, de los cuales casi 500 se abrieron este año. Durante 2008 el incremento de casos atendidos por el Tribunal fue de un 50%.
La ampliación de los operativos en pro de la naturaleza se confirman en el recién aprobado cronograma para el periodo que oficialmente se iniciará el 5 de enero próximo.
Guanacaste, Puntarenas y Limón figuran como las provincias que albergan los destinos que se han valorado como urgentes de recibir las visitas de los contralores ambientales.
“Con los resultados que han arrojado las barridas de 2008, no podemos más que intensificar las labores del próximo periodo. Lo que hemos encontrado es prueba de lo mal planificada que está la construcción en algunos puntos de Costa Rica”, explicó José Lino Chaves, Presidente del TAA.
A fin de facilitar el trabajo que vienen realizando los personeros de ese despacho, el Poder Ejecutivo avaló que se abran nueve plazas nuevas con el fin de reforzar las labores de campo y garantizar la prontitud con que se procese la información obtenida en las barridas.
Actualmente, el grupo que lleva a cabo las labores propias del órgano contralor está compuesto por 11 personas, de los cuales tres son jueces.
No obstante, y aunque ya se confirmó la apertura de las nuevas posiciones, el Congreso aún no aprueba el total de dineros que darán sustento al trabajo de esos nuevos funcionarios.
El 80% de los nuevos funcionarios corresponderá a ingenieros o abogados, cuya gestión se verá respaldada por dos personas nuevas en el área administrativa.
Durante 2008, las labores del TAA permitieron enviar a cobro cerca de $13 millones por daños ambientales. El caso de mayor cuantía, es el que se lleva contra Químicas Holanda, S.A., por los daños ocasionados por el incendio de su planta ubicada en Moín, Limón.
El monto en que se calculó el daño ambiental que deberá cancelar esa firma, es de $6,3 millones.
Otra de las iniciativas que buscará concretar el órgano contralor es el establecimiento de alianzas estratégicas con organizaciones no gubernamentales identificadas por su interés ambiental.
Entre esas figuran MarViva y The Nature Conservancy, cuyas labores en pro de obtener los mejores beneficios para el mantenimiento de la biodiversidad son ampliamente conocidos en la región.
Las barridas programadas para 2009 arrancarán en febrero y culminarán en diciembre. Durante este año estos recorridos de control totalizaron cinco.
El cantón de Osa —en dos oportunidades—, Santa Cruz en Guanacaste, Jacó y Parrita en el Pacífico Central y la región de Talamanca, en Limón, fueron los sectores abarcados por el trabajo del TAA, entre marzo y noviembre de 2008.
La zona que generó mayor preocupación entre los expertos ambientales, fue la de Osa. Allí, 33 expedientes fueron abiertos y al menos 14 de los proyectos sancionados fueron cerrados parcial o definitivamente.
“Las dos barridas ambientales sirvieron para constatar el enorme impacto ambiental que está ocurriendo en la fila costeña de Osa, e incluso en la península, y que compromete zonas de bosque primario y secundario, mantos acuíferos, áreas de protección de ríos y quebradas, y la zona marítimo-terrestre”, indicó Chaves.
Aunque después de la primera ocasión en que las barridas visitaron Osa, el municipio se comprometió a mantener una vigilancia más estricta sobre los proyectos inmobiliarios, no se han visto mayores cambios.
El propio alcalde de Osa, Alberto Cole, posterior a la segunda barrida que tuvo como escenario la Fila Costeña en Osa, afirmó que “aunque a los ambientalistas no les guste, en Osa hay muchas familias que se benefician de los proyectos inmobiliarios; eso no puede ser tomado a la ligera”.
Cada mes el Tribunal recibe al menos 45 denuncias nuevas y debe lidiar con la interposición de al menos 15 recursos de amparo, ante la Sala Constitucional, procurando revertir sus medidas cautelares.
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