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Fueron obligados a entregar recursos al régimen de Invalidez, Vejez y Muerte
Bancos públicos opuestos a ceder el 5% de sus utilidades
Cobro afectaría créditos y generación de empleo, aducen gerentes bancarios

Una ley que se promulgó hace diez años y que hasta ahora se pretende implementar, mantiene disconformes a tres bancos públicos.
El disgusto se presenta porque se les pidió trasladar un 5% de sus utilidades al régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) de la Caja Costarricense de Seguro Social.
Ello en cumplimiento de la Ley de Protección al Trabajador aprobada en 2000, la cual obliga a las entidades públicas a girar hasta un 15% de sus utilidades a este régimen.
Como reacción a la medida, los bancos Nacional, de Costa Rica y Crédito Agrícola de Cartago se manifestaron opuestos, aduciendo que esta contribución afectaría el otorgamiento de créditos, reduciría la posibilidad de ser capitalizados, limitaría la economía y la generación de empleo.
“Nos oponemos rotundamente a una contribución adicional del 5% o de cualquier porcentaje de nuestras utilidades, para este fin o cualquier otro”, afirmó Guillermo Quesada, gerente general de Bancrédito.
Cuando una empresa pública se encuentra en plena competencia, como son los bancos del Estado frente a los privados, cualquier contribución obligatoria, como este porcentaje, pondría en riesgo la sostenibilidad a mediano y largo plazo. Esto porque incide directamente en su patrimonio, la capacidad crediticia y su nivel de competitividad, detalló Mario Rivera, gerente general del Banco de Costa Rica (BCR).
El Banco Nacional manifestó que ese porcentaje implica reducir su capacidad de otorgar créditos en un monto entre diez y veinte veces mayor. En el caso de los bancos estatales, las utilidades son la única fuente de capitalización estable. Al reducirse estas, no crece el patrimonio, y por lo tanto se reduce la capacidad para efectuar préstamos, responde la entidad bancaria.
El 5% de las utilidades del BCR en 2009 representó ¢1,5 mil millones, lo que mermaría la capacidad crediticia en cerca de ¢150 mil millones. Si esta contribución se aplicara, implicaría una disminución de las utilidades, lo que supondría una disminución en las posibilidades de colocación de recursos a los clientes, aseguró Rivera.
En el caso del Nacional, si a las utilidades de 2009 se les hubiera restado el porcentaje que pide la ley, esa cifra significaría ¢2,1 mil millones.
Lo que implicaría, según la entidad, que se hubieran colocado ¢21 mil millones menos para préstamos a los distintos sectores productivos, o ¢42,1 mil millones menos para crédito de vivienda.
La carga tributaria directa que soportan los bancos del Estado son del orden del 60%, cualquier porcentaje adicional se traduciría en un deterioro importante de las condiciones de financiamiento para el país y de la población en general, dijo Quesada.
La medida se aplicaría hasta ahora porque el sindicato de Empleados de la Caja interpuso un recurso ante la Sala Cuarta donde exige al Ministerio de Trabajo tomar medidas al respecto. Ante ello se decidió iniciar con un cobro del 5%, sin embargo, la cifra que se debe cobrar no está clara porque no hay un estudio que indique cuánto se necesitaría para fortalecer el IVM, dijo Sandra Piszk, ministra del ramo.
El traslado de fondos solo se haría en caso de que Laura Chinchilla, presidenta de la República, acepte la recomendación hecha por el Ministerio y lo convierta en decreto, explicó Piszk, quien además comentó que el cobro no sería retroactivo.

Angélica Zamora
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