Banca de desarrollo tuvo mal arranque
Wilmer Murillo wmurillo@larepublica.net | Lunes 01 junio, 2009
Productores aún no han gozado de recursos disponibles
Banca de desarrollo tuvo mal arranque
• Esquema caminará bien hasta que se realicen mejoras legales
Wilmer Murillo
wmurillo@larepublica.net
El sistema de banca para el desarrollo, que nació con la idea de otorgar préstamos con tasas de interés preferenciales a pequeños empresarios que no tienen acceso a la banca tradicional, no ha pasado de buenas intenciones.
Esta legislación, aprobada hace un año por 42 legisladores, no ha logrado caminar correctamente. Para ello se requerirían buenos “cirujanos de ortopedia” que le den un adecuado tratamiento. Estos médicos llamados a administrar el tratamiento son la Asamblea Legislativa y el Consejo Nacional para la Supervisión del Sistema Financiero (Conassif).
En primer lugar se requiere una regulación diferente de la que se aplica a los fondos de la banca tradicional. No obstante, el Conassif, no está dispuesto a dar ese dictamen, “porque son recursos del público y se deben cuidar”, señalan los supervisores.
La solución requiere por otra parte reformas legales en la Asamblea para eliminar la llamada tasa “techo” a los créditos para desarrollo.
La ley estableció que estos préstamos, en colones, se otorgarán a la mitad de la tasa básica pasiva, ahora de un 11,5% más 4,5 puntos porcentuales, y en dólares a la tasa Libor a un mes más tres puntos porcentuales. Pero es un subsidio, que los diputados deben contemplar en un presupuesto extraordinario y ningún banco está dispuesto a dar.
Pero los problemas no quedan ahí. El Banco Crédito Agrícola de Cartago (Bancrédito) que administra la banca de desarrollo no puede prestar porque el manejo de estos recursos le exigen tener reservas adicionales para mantener su suficiencia patrimonial.
Ese indicador es el de más cuidado en la supervisión de los bancos y mide la relación entre activos en riesgo y patrimonio. Bancrédito exige entonces una supervisión financiera diferenciada para no perder sus indicadores de suficiencia, dijo Guillermo Quesada, gerente general.
En medio, está el tema del peaje bancario, uno de los tres pilares del sistema de banca para el desarrollo, fuente de roces entre bancos estatales y privados. Tras 12 años de su aprobación, los esfuerzos para utilizar estos recursos ($320 millones) han sido inútiles.
Lo que ocurre es que estos dineros presentan problemas estructurales en materia de tasas de interés y restricciones para inversión. Provienen además, de la intermediación, lo que supone una intervención fuerte de los supervisores en beneficio de los ahorradores y la protección al banco administrador, que es el responsable final de estos recursos.
Bancrédito estaría a punto de tener un alivio y liberar recursos que dedica ahora a responder por el sistema de banca para el desarrollo. La legislación dice que solo podrán captar en cuenta corriente los bancos privados que abran cuatro agencias en las regiones Chorotega, Pacífico Central, Brunca Sur y Huetar Norte.
Bancos privados que aportan el 85% del peaje habrían cumplido con este requisito, por lo que han emprendido gestiones para retirar $140 millones del sistema.
Es un respiro ciertamente para Bancrédito, entidad a la que este retiro le soluciona un problema. Actualmente esos fondos ahora le restan seis puntos de sus utilidades patrimoniales y el costo de oportunidad de poder colocar casi ¢40 mil millones. Como si fuera poco, al poder colocar esos recursos le aumentaría las ganancias este año en ¢3.200 millones, dijo Guillermo Quesada.
Pero hay más. Los bancos privados podrían incluso retirar otros $180 millones, correspondientes a las captaciones de menos de 30 días y que se conocen como el 17% del “peaje” bancario.
Pero ello va a depender, primero, del interés de la banca privada en la banca de desarrollo, a la que tendrían que destinar la totalidad de esa suma a través de programas dictados y controlados por el consejo rector del sistema. En este caso se prevé que Bancrédito se mantendría administrando solamente unos $40 millones.
Eso ampliaría el número de operadores para colocar recursos en el sistema, como bancos privados, cooperativas y organismos no gubernamentales.
Banca de desarrollo tuvo mal arranque
• Esquema caminará bien hasta que se realicen mejoras legales
Wilmer Murillo
wmurillo@larepublica.net
El sistema de banca para el desarrollo, que nació con la idea de otorgar préstamos con tasas de interés preferenciales a pequeños empresarios que no tienen acceso a la banca tradicional, no ha pasado de buenas intenciones.
Esta legislación, aprobada hace un año por 42 legisladores, no ha logrado caminar correctamente. Para ello se requerirían buenos “cirujanos de ortopedia” que le den un adecuado tratamiento. Estos médicos llamados a administrar el tratamiento son la Asamblea Legislativa y el Consejo Nacional para la Supervisión del Sistema Financiero (Conassif).
En primer lugar se requiere una regulación diferente de la que se aplica a los fondos de la banca tradicional. No obstante, el Conassif, no está dispuesto a dar ese dictamen, “porque son recursos del público y se deben cuidar”, señalan los supervisores.
La solución requiere por otra parte reformas legales en la Asamblea para eliminar la llamada tasa “techo” a los créditos para desarrollo.
La ley estableció que estos préstamos, en colones, se otorgarán a la mitad de la tasa básica pasiva, ahora de un 11,5% más 4,5 puntos porcentuales, y en dólares a la tasa Libor a un mes más tres puntos porcentuales. Pero es un subsidio, que los diputados deben contemplar en un presupuesto extraordinario y ningún banco está dispuesto a dar.
Pero los problemas no quedan ahí. El Banco Crédito Agrícola de Cartago (Bancrédito) que administra la banca de desarrollo no puede prestar porque el manejo de estos recursos le exigen tener reservas adicionales para mantener su suficiencia patrimonial.
Ese indicador es el de más cuidado en la supervisión de los bancos y mide la relación entre activos en riesgo y patrimonio. Bancrédito exige entonces una supervisión financiera diferenciada para no perder sus indicadores de suficiencia, dijo Guillermo Quesada, gerente general.
En medio, está el tema del peaje bancario, uno de los tres pilares del sistema de banca para el desarrollo, fuente de roces entre bancos estatales y privados. Tras 12 años de su aprobación, los esfuerzos para utilizar estos recursos ($320 millones) han sido inútiles.
Lo que ocurre es que estos dineros presentan problemas estructurales en materia de tasas de interés y restricciones para inversión. Provienen además, de la intermediación, lo que supone una intervención fuerte de los supervisores en beneficio de los ahorradores y la protección al banco administrador, que es el responsable final de estos recursos.
Bancrédito estaría a punto de tener un alivio y liberar recursos que dedica ahora a responder por el sistema de banca para el desarrollo. La legislación dice que solo podrán captar en cuenta corriente los bancos privados que abran cuatro agencias en las regiones Chorotega, Pacífico Central, Brunca Sur y Huetar Norte.
Bancos privados que aportan el 85% del peaje habrían cumplido con este requisito, por lo que han emprendido gestiones para retirar $140 millones del sistema.
Es un respiro ciertamente para Bancrédito, entidad a la que este retiro le soluciona un problema. Actualmente esos fondos ahora le restan seis puntos de sus utilidades patrimoniales y el costo de oportunidad de poder colocar casi ¢40 mil millones. Como si fuera poco, al poder colocar esos recursos le aumentaría las ganancias este año en ¢3.200 millones, dijo Guillermo Quesada.
Pero hay más. Los bancos privados podrían incluso retirar otros $180 millones, correspondientes a las captaciones de menos de 30 días y que se conocen como el 17% del “peaje” bancario.
Pero ello va a depender, primero, del interés de la banca privada en la banca de desarrollo, a la que tendrían que destinar la totalidad de esa suma a través de programas dictados y controlados por el consejo rector del sistema. En este caso se prevé que Bancrédito se mantendría administrando solamente unos $40 millones.
Eso ampliaría el número de operadores para colocar recursos en el sistema, como bancos privados, cooperativas y organismos no gubernamentales.