Aval internacional agilizaría camino a decreto para FIV
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Si la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) da su visto bueno al decreto presidencial para autorizar la fertilización in vitro (FIV), la resolución en la Sala Constitucional podría tener un trámite más rápido.

Al menos así lo consideran las personas afectadas por la prohibición de este mismo órgano judicial en el año 2000, a realizar el procedimiento en suelo costarricense.

La resolución de la Corte se daría en febrero próximo, como parte de la etapa de supervisión para que se cumpla la sentencia con la cual se le ordenó a Costa Rica autorizar la FIV y facilitar una normativa para acceder a ella.

“Será más fácil que el dictamen de la Sala Constitucional salga si la Corte Interamericana de Derechos Humanos le da su aval. Esto influiría en quienes tienen el poder para resolver esto”, dijo Hubert May, representante legal de este grupo de parejas.

Actualmente, el decreto firmado por el presidente Luis Guillermo Solís es objeto de estudio en la Sala Constitucional, la cual deberá determinar si la acción es o no constitucional.

El pronunciamiento de la Corte se esperaba para diciembre pasado; sin embargo, las sesiones han sufrido retraso por el cambio de cuatro de los siete magistrados que componen el organismo internacional, entre los cuales se encuentra la costarricense Elizabeth Odio Benito.

Desde que la técnica in vitro fue prohibida, 45 parejas han demandado al Estado por imposibilitarles el acceso al que sería, para ellos, el único procedimiento por medio del cual podrían procrear una familia.

De ellas, nueve lo hicieron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con sede en Washington, la cual elevó a juicio la petitoria en 2010 y dos años más tarde, la Corte IDH emitió su sentencia condenatoria contra el Estado costarricense.

Estas parejas recibieron una compensación de $20 mil cada una ($180 mil en total), pero el cambio de normativa para autorizar el procedimiento sigue pendiente, a tres años y dos meses de ordenada la sentencia.

Debido al incumplimiento por parte del Estado, seis matrimonios más presentaron su propia demanda ante la Comisión, la cual elevó la causa a juicio ante la Corte IDH la semana pasada.

Una nueva sentencia condenatoria obligaría al Estado a indemnizar a los demandantes con unos $350 mil más en total.

Asimismo, 30 matrimonios iniciaron proceso en instancias judiciales costarricenses entre 2013 y 2015, contra el Estado y la Caja Costarricense de Seguro Social.

La primera de las audiencias será en abril próximo y de ser favorable para los demandantes, cada pareja sería indemnizada con unos $150 mil, según May.

De no haberse impugnado ante la Sala Constitucional, el decreto presidencial para permitir la FIV en el país, entraría a regir en marzo próximo.

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