Aumentos ilegales: Red Solidaria Nacional
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Consumidores pagan demasiado por electricidad y combustible, según denuncia

Aumentos ilegales:Red Solidaria Nacional

Estamos actuando de la forma correcta, insiste Aresep

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Es ilegal el mecanismo extraordinario usado por Aresep para cambiar las tarifas de gasolina y electricidad, asegura un grupo de profesionales, incluido el exregulador Leonel Fonseca, que han puesto una denuncia ante la Contraloría.
O quizás, exista la potestad para realizar los ajustes de esta forma, al sostenerse la posición de la Aresep.
En caso de fallar la Contraloría en contra del regulador, los consumidores de combustibles y electricidad ahorrarían millones de colones al año.
De lo contrario, seguiríamos pagando montos altos por estos insumos, que a su vez afectan el rendimiento de la economía general.
La potestad legal para efectuar los ajustes de la forma en que se realizan desde 2008 para los combustibles, y 2012 en el caso de la electricidad, no viola ninguna ley ni la Constitución, es la posición de la Aresep.
Por su parte, la Ley Reguladora del ente permite ajustar las tarifas, sea del combustible o la electricidad, solamente una vez al año, salvo en el caso de una “variación importante” en el costo del insumo bruto, ante la cual el regulador puede aplicar el llamado “ajuste extraordinario”.
En este momento, el regulador modifica las tarifas de combustibles cada segundo viernes del mes, y en electricidad cada tres meses, tras dos resoluciones del mismo ente para interpretar el uso del mecanismo extraordinario.
El problema surge en gran parte, porque la Aresep a lo largo de los años, ha tendido a aplicar el mecanismo de los ajustes extraordinarios para incrementar el costo al público, sea de combustibles, electricidad, y no tanto para bajarlo.
En lo que al combustible se refiere, el regulador en 2012 ordenó 11 ajustes en los combustibles, en lo que llevamos del año ya van nueve, con seis al alza y tres a la baja, contando el que empezó a regir el sábado anterior.
Mientras tanto, el costo de la electricidad golpeó fuertemente a la economía, al incrementarse en un 38% en el mismo lapso, según la Cámara de Industrias.
Es posible que siempre haya variaciones durante el curso del año; sin embargo, no se puede decir que eso pase una vez al mes en el caso de los comestibles, o cada trimestre para la electricidad, de modo que la Aresep al ordenar los ajustes de esta forma está violando la ley, asegura la denuncia.
“La ley es clara al señalar cuando se da una fijación extraordinaria, para nosotros la aplicación de las resoluciones que ellos utilizan desde 2008 son inconstitucionales y violan el principio de legalidad propio del derecho público, no hay forma de justificar lo que hicieron”, indica Olmán Bonilla, exdirector de Estudios Técnicos —lo que fue antes Aresep—, quien creó los modelos de ajustes tarifarios, quien firma la denuncia presentada, a nombre de Red Solidaria Nacional, un grupo de profesionales con experiencia en gestión pública.
Otro integrante del grupo es Leonel Fonseca, exregulador.
Mientras tanto, la Aresep defiende su posición.
“Estos señores no terminan de leer bien la ley, el artículo 30 dice en el párrafo final textualmente que serán fijaciones extraordinarias aquellas que consideren variaciones importantes en el entorno económico, por caso fortuito o fuerza mayor, y cuando se cumplan las condiciones de los modelos automáticos de ajuste”, indica Carolina Mora, vocera del regulador.
La crítica interpuesta ante la Contraloría, anularía las resoluciones en las que la Aresep fundamenta los ajustes de esta forma.
La denuncia fue presentada ante la Contraloría el 15 de abril pasado, y es contra todos los funcionarios de la junta directiva de la Aresep —Dennis Meléndez, Sylvia Saborío, Édgar Gutiérrez, Guillermo Monge, Juan Manuel Quesada y Fernando Herrero—, que aprobaron las resoluciones cuestionadas.
Al final, la Contraloría podría indicar que las resoluciones no facultan a la Aresep a realizar los ajustes como ellos lo indican o dejar el asunto ante un tribunal judicial.
Tal y como lo indican varios especialistas en derecho administrativo, si la Contraloría no indica nada al respecto, cualquiera de las partes podría iniciar un juicio para imponer su interpretación.
La Defensoría de los Habitantes estudia plantear una acción de inconstitucionalidad por los motivos que indican los denunciantes ante la Contraloría, ellos creen que el impacto que está teniendo en los bolsillos de los costarricenses en estos temas amerita que se analice  si estas resoluciones están contra la ley.

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Fabio Parreaguirre
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