Auge inmobiliario detona crisis maderera
Redacción La República redaccion@larepublica.net | Viernes 15 agosto, 2008
Crecimiento acelerado de la construcción y exportaciones de productos entarimados, sumieron al país en emergencia
Auge inmobiliario detona crisis maderera
• Cantidad de especies maderables en peligro de extinción se duplicó en los últimos diez años
• Importación de madera podría llegar a un 50% de la demanda nacional
Ernesto José Villalobos
evillalobos@larepublica.net
La falta de control de las labores de regencia forestal, la disminución del área que se reforesta cada año y sobre todo el aumento en el consumo de madera provocado en gran medida por el auge inmobiliario de los últimos años, tiene sumido al país en una crisis maderera.
Por ejemplo, mientras en 1998 la demanda de madera era de unos 650 mil metros cúbicos al año, para el año anterior el consumo llegó a casi un 1,2 millones. Lo anterior equivale a decir que cada costarricense consumió —en promedio— lo suficiente para elaborar cinco puertas sólidas de tamaño estándar.
Frente a esto, la tasa de reforestación anual que se registró en el país durante 2007, fue de apenas 2.800 hectáreas, cifra equivalente a lo que se reforestó en promedio durante la década de 1980.
“Se le ha dado tan duro al recurso forestal, que ya no se puede esperar que los comentarios sean de que faltan cinco o diez años para llegar a una crisis… el sector forestal costarricense ya está en crisis”, señaló Javier Baltodano, autor del apartado “Bosque, cobertura y uso forestal”, del Décimo Tercer Informe Estado de la Nación.
Asimismo, se calcula que en menos de 30 años, la cobertura forestal pasó de un 70% del territorio nacional (como era en 1970), a un 48% para inicios de la década de los 90, de acuerdo con la “Estrategia para la sostenibilidad de la producción bienes y servicios en bosques y plantaciones forestales en terrenos privados en Costa Rica 2007-2010”, publicada por el Sistema Nacional de Areas de Conservación (SINAC).
En ese sentido, los expertos señalan que sumado a la falta de previsión y control de las autoridades, ha habido un incremento acelerado de la demanda de madera para la construcción y de parte del sector exportador.
Algunos de los sectores involucrados incluso han propuesto que en lugar de fortalecer al sector forestal, se importe la madera.
Las cifras más recientes de consumo sostienen que durante 2005 se fabricaron alrededor de 4 millones de tarimas para exportación, lo cual demandó 400 mil metros cúbicos de madera. Esto significa que solo a esa actividad se destinó el 40% del total extraído en ese año.
En cuanto a la construcción, el mismo Informe Estado de la Nación confirma que solo en la zona de Guanacaste, se construyó más que en todo el territorio panameño. Entre 2003 y 2008, la construcción en el país se triplicó, pasando de 1,9 millones de metros cuadrados, a 5,9 millones.
De no tomarse las medidas pertinentes, el monto que deberá destinarse a la importación de madera en 2010, será de $200 millones, de acuerdo con estudios del Ministerio del Ambiente.
Otro de los factores que han alimentado la crisis ha sido el presunto incumplimiento de los contratos de Pago por Servicios Ambientales (PSA). Muchos de los propietarios de terrenos con aptitud forestal (bosques o plantaciones), aceptaron recibir un monto determinado de dinero por conservarlos en esa forma durante diez años, pero optaron por vender la madera antes de que se cumpliera el plazo, y dedicar sus tierras a la producción piñera o de ornamentales.
En respuesta a esta situación el SINAC ha planteado una estrategia para solventar la crisis maderera, que consiste en promover el aumento del hectareaje forestal y reforzar los controles a la tala ilegal.
Los críticos del tema afirman que lejos de significar una solución, los planteamientos reducen los plazos durante los cuales deberá mantenerse la plantación o bosque —de diez a cinco años— y aumentan el hectareaje que se cubrirá con los PSA (que dejará de ser un total de 4 mil hectáreas para llegar a 7.500 hectáreas por año); todo esto, destinando al programa un 30% del presupuesto anual del MINAE.
“Incluyendo la veda forestal decretada en 1996, entre ese mismo año y 2006, la cantidad de especies maderables que hoy se encuentra en peligro de extinción, aumentó en más de un 100%. A los tipos de árboles que ya casi no se encontraban, se sumaron el caoba, los chiricanos, el almendro papayo y el amarillo, entre otros. El verdadero cambio debe darse en los controles de los regentes forestales y la supervisión constante sobre el trabajo de estos últimos”, finalizó Baltodano.
Auge inmobiliario detona crisis maderera
• Cantidad de especies maderables en peligro de extinción se duplicó en los últimos diez años
• Importación de madera podría llegar a un 50% de la demanda nacional
Ernesto José Villalobos
evillalobos@larepublica.net
La falta de control de las labores de regencia forestal, la disminución del área que se reforesta cada año y sobre todo el aumento en el consumo de madera provocado en gran medida por el auge inmobiliario de los últimos años, tiene sumido al país en una crisis maderera.Por ejemplo, mientras en 1998 la demanda de madera era de unos 650 mil metros cúbicos al año, para el año anterior el consumo llegó a casi un 1,2 millones. Lo anterior equivale a decir que cada costarricense consumió —en promedio— lo suficiente para elaborar cinco puertas sólidas de tamaño estándar.
Frente a esto, la tasa de reforestación anual que se registró en el país durante 2007, fue de apenas 2.800 hectáreas, cifra equivalente a lo que se reforestó en promedio durante la década de 1980.
“Se le ha dado tan duro al recurso forestal, que ya no se puede esperar que los comentarios sean de que faltan cinco o diez años para llegar a una crisis… el sector forestal costarricense ya está en crisis”, señaló Javier Baltodano, autor del apartado “Bosque, cobertura y uso forestal”, del Décimo Tercer Informe Estado de la Nación.
Asimismo, se calcula que en menos de 30 años, la cobertura forestal pasó de un 70% del territorio nacional (como era en 1970), a un 48% para inicios de la década de los 90, de acuerdo con la “Estrategia para la sostenibilidad de la producción bienes y servicios en bosques y plantaciones forestales en terrenos privados en Costa Rica 2007-2010”, publicada por el Sistema Nacional de Areas de Conservación (SINAC).
En ese sentido, los expertos señalan que sumado a la falta de previsión y control de las autoridades, ha habido un incremento acelerado de la demanda de madera para la construcción y de parte del sector exportador.
Algunos de los sectores involucrados incluso han propuesto que en lugar de fortalecer al sector forestal, se importe la madera.
Las cifras más recientes de consumo sostienen que durante 2005 se fabricaron alrededor de 4 millones de tarimas para exportación, lo cual demandó 400 mil metros cúbicos de madera. Esto significa que solo a esa actividad se destinó el 40% del total extraído en ese año.
En cuanto a la construcción, el mismo Informe Estado de la Nación confirma que solo en la zona de Guanacaste, se construyó más que en todo el territorio panameño. Entre 2003 y 2008, la construcción en el país se triplicó, pasando de 1,9 millones de metros cuadrados, a 5,9 millones.
De no tomarse las medidas pertinentes, el monto que deberá destinarse a la importación de madera en 2010, será de $200 millones, de acuerdo con estudios del Ministerio del Ambiente.
Otro de los factores que han alimentado la crisis ha sido el presunto incumplimiento de los contratos de Pago por Servicios Ambientales (PSA). Muchos de los propietarios de terrenos con aptitud forestal (bosques o plantaciones), aceptaron recibir un monto determinado de dinero por conservarlos en esa forma durante diez años, pero optaron por vender la madera antes de que se cumpliera el plazo, y dedicar sus tierras a la producción piñera o de ornamentales.
En respuesta a esta situación el SINAC ha planteado una estrategia para solventar la crisis maderera, que consiste en promover el aumento del hectareaje forestal y reforzar los controles a la tala ilegal.
Los críticos del tema afirman que lejos de significar una solución, los planteamientos reducen los plazos durante los cuales deberá mantenerse la plantación o bosque —de diez a cinco años— y aumentan el hectareaje que se cubrirá con los PSA (que dejará de ser un total de 4 mil hectáreas para llegar a 7.500 hectáreas por año); todo esto, destinando al programa un 30% del presupuesto anual del MINAE.
“Incluyendo la veda forestal decretada en 1996, entre ese mismo año y 2006, la cantidad de especies maderables que hoy se encuentra en peligro de extinción, aumentó en más de un 100%. A los tipos de árboles que ya casi no se encontraban, se sumaron el caoba, los chiricanos, el almendro papayo y el amarillo, entre otros. El verdadero cambio debe darse en los controles de los regentes forestales y la supervisión constante sobre el trabajo de estos últimos”, finalizó Baltodano.