Atendamos las crisis de salud y económica que vivimos y defendamos nuestro futuro

Es harto conocido que la imperiosa necesidad de dar absoluta prioridad a la defensa de la vida y la salud impone costos económicos por su impacto negativo sobre las finanzas públicas, y sobre todo porque el aislamiento social disminuye la producción, aumenta el desempleo y merma el ingreso de los hogares. Ello agrava el empobrecimiento que nos ha traído el COVID-19 y por ende nos obliga a extremar la mesura y la racionalidad en la adopción de las políticas públicas que adecuadamente pretenden mitigar el costo de ese empobrecimiento. Y esa necesidad es aún mayor dadas la precaria situación fiscal de la que partimos, el bajo crecimiento de nuestra producción que se ha venido ralentizando desde 2015, el crecimiento del desempleo y de la informalidad, y la pérdida de valor de nuestros bonos soberanos que significa mayor costo en intereses y más dificultad para financiar el faltante fiscal.

Por eso el impulso por aprobar múltiples medidas para paliar el costo social de la caída en la producción y el ingreso ha provocado múltiples llamados a la mesura y al recato.

No se trata de no actuar, sino de la necesidad -hoy más que nunca- de actuar bien considerando las consecuencias de las diferentes medidas que se pretende adoptar. El costo de esas consecuencias no disminuye por más exceso de buena voluntad que haya en sus proponentes.

Es natural que pretendamos aprovechar la oportunidad para avanzar nuestras agendas particulares, sean ellas liberadoras o estatizantes. Pero creo que esa es una acción inadecuada.

El cambio en una democracia asentada en un estado de derecho debe ser el resultado de un debate inteligente, que permita conciliar intereses, prever los resultados de acciones alternativas, aquilatar los argumentos ajenos y de esa manera hacer uso del valioso conocimiento que se encuentra diseminado en la sociedad.

Esa no es tarea sencilla, y exige tiempo, reflexión, ponderación.

Atender una emergencia, especialmente si es tan importante como la actual, por el contrario, requiere adoptar con prontitud medidas, aunque no se haya tenido el tiempo para su maduración intelectual y aún con los limitados conocimientos que poseemos ante fenómenos nuevos.

Por eso considero muy inconveniente que -como se pretende- se adopten reformas permanentes a legislación que amerita mucho cuidado en su trato, en leyes destinadas a atender aspectos puntuales de las necesidades originadas en la epidemia.

Este es el caso al introducir reformas permanentes a la Ley Orgánica del BCCR en el conveniente proyecto de ley para que las personas puedan retirar su cesantía del Fondo de Capitalización Laboral de la Ley de Protección al Trabajador cuando se produzca interrupción de su relación laboral o disminución de la jornada de trabajo.

Discutir si es o no conveniente que sea el BCCR el que estimule el mercado secundario de bonos del gobierno es un tema importante que no debe festinarse, y si se llega a considerar que sus ventajas lo ameritan, debe hacerse de una manera limitada que evite los excesos del pasado. Eso no es posible hacer cuando lo que se pretende es dar liquidez a las Operadoras de Pensiones (que en este caso no creo que lo requieran) en medio de la urgencia de ayudar a quienes por la crisis de salud y económica que sufrimos ven suspendidos sus contratos laborales, o disminuidas sus jornadas de trabajo. No es esta ocasión para una modificación permanente de este calado. A viejos como yo que vivimos la crisis de los ochenta y su terrible costo social, se nos para el poco pelo que va quedando al recordar los excesos a los que nos condujo el BCCR, con el empuje del gobierno, financiando las aventuras y las cuantiosas pérdidas del estado empresario (CODESA) y la intermediación de los bienes agrícolas del CNP.

Otro ejemplo preocupante se da con relación a la propuesta de imponer a los bancos una moratoria en favor de los deudores. Las dificultades que se han tenido en la discusión legislativa de este proyecto demuestran muchos de los inconvenientes de la pretensión de legislar cambios sustanciales a legislación permanente para atender una emergencia específica. En este caso se trata de legislar sobre el corazón del contrato, los términos y condiciones específicos que se han negociado en cada caso en las esferas comercial y civil. Esto puede llegar a crear un enorme retroceso en la profundización y maduración de la intermediación financiera, y en caso extremo crear una crisis sistémica que prolongaría y haría mucho más largo y penoso el empobrecimiento que nos ha causado el COVID-19 y dificultaría la futura recuperación. Es además un pésimo precedente de intervenir destruyendo la autonomía de la voluntad de los contratantes. Además, en este caso no se requiere legislación. Las readecuaciones y acomodo de los créditos a las empresas que lo requieren y que pueden atender en el futuro las nuevas condiciones ya se ha venido dando, pues en su propio interés los bancos privados han acogido la directriz que de buena forma habían recibido los estatales del gobierno. Ya a fines de marzo la Asociación Bancaria Costarricense anunció que se están renegociando las condiciones de deudas de 701.213 personas y de 72.010 empresas.

Si lo que se quiere es facilitar nuevos instrumentos para facilitar que con las facilidades de la banca para el desarrollo se puedan atender a más empresas, eso lo puede hacer un simple decreto del MEIC modificando la definición de pyme, pues en la legislación que se dio en mi gobierno para promoverlas se dejó a cargo de esa entidad su definición y se podría adoptar la de la OCDE que abarca buena parte de nuestro parque empresarial.

Frente a los problemas de la caída en la oferta de bienes (cierre al turismo, cierre de eventos, reuniones, restaurantes y otros servicios, caída en las exportaciones sobre todo de artículos perecederos) debemos recordar que las políticas monetaria y fiscal no los pueden resolver mediante estímulos a la demanda. Por eso no es de recibo la protesta contra la necesidad de restringir gastos no imprescindibles del gobierno para aliviar los resultados fiscales aduciendo que se debe estimular la demanda con gasto público. De todas maneras, el gasto público global no va a descender pues se esta dando un gran aumento en las áreas de salud y transferencias a las personas y a las empresas que más que compensará la disminución que se logre en gastos no esenciales. Lo que se dará es una redistribución de un gasto que globalmente aumentará.

Es laudable la actitud de autoridades de todos los poderes de querer contribuir a paliar la crisis. Pero en medio de la tempestad es importante guardar la mesura y actuar con extrema racionalidad.