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Entidades registran disminuciones de tiempo en procesos de contratación de hasta un 50%
Atajos legales agilizan compras del Estado

• Esquema promueve la competencia

Ernesto José Villalobos
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Cables para electrificación y telecomunicaciones, tuberías para el abasto de agua, suministros de oficina, reactivos médicos y hasta servicios de seguridad, son comprados hoy por entes gubernamentales en la mitad del tiempo que hace menos de un año.
La realidad en las compras y contrataciones estatales encontró en el nuevo reglamento de la Ley de Contratación Administrativa, una salida expedita y eficiente a tediosos y añejos procesos.
La figura contractual se conoce como Consumo por Demanda.
Un ejemplo que ilustra las posibilidades de dicho instrumento administrativo es lo ocurrido a finales de 2009 cuando se inauguró la más reciente sucursal del Banco Popular.
Desde su inicio, el proceso de apertura demoró apenas tres meses y medio, en lugar de los ocho meses que hubiera demandado en 2002.
“Desde 2002 analizamos las opciones que nos daba la ley que nos rige, para responder a las exigencias del mercado. Con un poco de voluntad logramos que la Contraloría avalara el modelo que le propusimos, y eso fue suficiente para que pasara a ser la modalidad de contrato que más utiliza la banca estatal”, explicó Maykel Vargas, director de Contratación Administrativa del Banco Popular.
Antes de que se implementara esta modalidad contractual los proveedores de cada instancia tenían que cumplir tediosos procedimientos que alargaban procesos de compra por meses.
“Desde la segunda mitad del año pasado los organismos que manejan mayores volúmenes de compra en el Gobierno han venido utilizando más y más la figura… es algo muy sencillo pues una vez cumplidos los requerimientos iniciales de ley, no hacen falta todos los refrendos que otrora tenía que hacer la Contraloría”, agregó German Brenes, gerente asociado de Contratación Administrativa de la Contraloría.
Entre las facilidades que aporta el Justo a Tiempo, se pueden mencionar que evita las frecuentes modificaciones a los contratos, que elimina el exceso de trámites —pues descarta llevar a cabo un concurso público para cada contratación—, facilita la competencia y permite ajustarse a la inmediatez que demandan los consumidores.
Entretanto, los ministerios y municipalidades del país mantienen una renuencia expresa a aligerar sus procesos de contratación mediante el uso de esta figura, lo cual derivaría en una mejor ejecución de sus presupuestos anuales.
Esto se hace notorio no solo en la altísima subejecución de dichas partidas, sino en la casi nula utilización de novedosas herramientas de contratación administrativa, por parte de esas entidades.
Así se confirma en los informes de ejecución presupuestaria de la gran mayoría de los gobiernos locales, y de los ministerios.
“Podríamos decir que existe un poco de temor en la utilización de opciones que apenas tienen dos años de estar en el reglamento de la Ley de Contratación Administrativa, pero que en definitiva han venido a convertirse en una de las que con más frecuencia utilizan los mayores compradores del país, como el ICE, el INS, la Caja de Seguro y los bancos del estado”, afirmó Brenes.

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