Arrecian críticas a Morales

Arrecian críticas a Morales

La Paz

EFE

Las críticas sobre la supuesta ineficacia de la nacionalización petrolera del gobierno de Evo Morales han arreciado en los últimos días por la debilidad de la estatal petrolera YPFB, bajas en la exportación y falta de inversiones.

Legisladores opositores, un ex ministro, un especialista e incluso un diputado oficialista reconocieron a Efe que la política emblemática de Morales tiene problemas de institucionalización y eficacia, tras un año y cuatro meses de haber sido implementada.

La nacionalización, decretada el 1 de mayo de 2006, cambió las reglas del juego y obligó a las empresas a pagar más tributos y las conminó a firmar nuevos contratos de operación, pero también, según los analistas, paró las inversiones en el desarrollo del sector.

La nacionalización “es parcial e impacta desfavorablemente sobre la economía porque no se ha reactivado la inversión y, por eso, hay problemas de abastecimiento en el mercado externo e interno”, dijo el ex ministro de Hidrocarburos Mauricio Medinaceli.

El ex funcionario aludió al recorte de los envíos de gas hacia los mercados de Brasil y Argentina anunciado la semana pasada por el ministro de Hidrocarburos, Carlos Villegas.

Bolivia dejó de exportar a la ciudad brasileña de Cuiabá, luego de que Brasil le exigiera aumentar los envíos del energético a Sao Paulo de 28 a 30 millones de metros cúbicos diarios.

“Desde mi punto de vista, el decreto (de nacionalización) no es el resultado de un análisis detallado del sector. Ha sido una decisión política. Por eso hay problemas”, concluyó Medinaceli.

Para el analista Francesco Zaratti, la política nacionalizadora tiene aspectos positivos, como la firma de nuevos contratos con las petroleras, la dotación “modesta” de ingresos a YPFB y la apertura del mercado argentino.

No obstante, según Zaratti, la desconfianza con que las empresas miran a Bolivia y la falta crónica de las inversiones en explotación de los campos ya descubiertos, en la industrialización y en la exploración de nuevas reservas son algunos de sus puntos flacos.

Por otro lado, el diputado del partido opositor Unidad Nacional (UN, centro), Peter Maldonado, destacó el aumento de los ingresos por la mayor participación estatal en el negocio petrolero.

No obstante, recalcó que existían “desinteligencias” y falta de capacidad en el personal que dirige el sector, lo que, a su juicio, privó al país de obtener mayores rentas.

Por su parte, Óscar Ortiz, senador del principal partido de la oposición en Bolivia, Poder Democrático y Social (Podemos, derecha), dijo a Efe que la nacionalización “no funciona bien”.

“YPFB no tiene la capacidad técnica. Está copada por militantes del oficialismo”, dijo.

Además, criticó que los contratos no incluyeran compromisos de inversión y que se tardara seis meses, hasta la semana pasada, en el tratamiento de una nueva ley que permitirá la aplicación de la nueva ley de reparto de ganancias entre YPFB y las petroleras.

Los 44 nuevos contratos suscritos con doce petroleras fueron aprobados por el Congreso en abril pasado y un mes después una notaría los protocolizó para que tengan vigencia inmediata.

Según la oposición, el retraso en la aprobación de esa nueva normativa, entre mayo y agosto pasado, supuso una pérdida de $32 millones para el Estado.

De su parte, el legislador oficialista César Navarro, subjefe de los diputados del gubernamental Movimiento Al Socialismo (MAS), afirmó que la nacionalización sirvió para que el Estado condicione a las empresas privadas y no al revés.

Sin embargo, reconoció que faltaba consolidar una estructura institucional en YPFB.

“Esta consolidación debe estar acompañada de recursos económicos que le permitan en el corto plazo explorar hidrocarburos, y, en el largo, explotarlos, industrializarlos y comercializarlos”, explicó.

YPFB firmó una alianza con Petróleos de Venezuela (PDVSA) para la formación de la compañía mixta Petroandina y con la argentina Enarsa, que anunciaron recientemente inversiones en Bolivia, por $1.050 millones.

Bolivia, cuya producción de gas es insuficiente para cumplir con la demanda total de sus mercados en Brasil y Argentina, debe subir sus valores de exportación a partir del 2010 de forma significativa, cuando el mercado argentino necesite 27,7 millones de metros cúbicos, cinco veces más que lo que actualmente recibe.

Sin embargo, el gobierno de Morales confía en que finalmente las empresas harán las inversiones para cumplir con esos compromisos, aunque ya el presidente argentino, Néstor Kirchner, advirtió que si eso no ocurre, su país traerá los capitales que necesite Bolivia.

Las reservas de gas de Bolivia están cifradas teóricamente en 48,7 billones de pies cúbicos en regiones que, según el gobierno, representan el 11% del potencial petrolero existente en el país.