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Durante los próximos cuatro o seis meses, dependiendo si hay o no segunda ronda, el presidente Rodrigo Chaves saldría del ojo público, para darle todos los reflectores a los candidatos presidenciales.
En teoría, el mandatario tiene que limitar sus apariciones públicas por orden del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) para no influir en la decisión de los votantes.
De lo contrario, estaría cometiendo el delito de beligerancia política que se castiga con la inhabilitación con cargos públicos y hasta la destitución del cargo.
“El TSE recuerda oficialmente que a partir de este jueves 2 de octubre entra en vigor la prohibición establecida en el artículo 142 del Código Electoral, la cual impide al Poder Ejecutivo, instituciones descentralizadas, empresas estatales, alcaldías y concejos municipales difundir mensajes que destaquen los logros de su gestión, obras públicas o que incluyan la imagen de sus jerarcas”, dijo el órgano electoral.
La prohibición, implica que no se pueden realizar transmisiones por las redes sociales de ninguna institución, lo que también frenaría las tradicionales conferencias de prensa de los miércoles.
La restricción estará vigente hasta el día de las elecciones nacionales del 1° de febrero de 2026 y, en caso de segunda vuelta, se extenderá hasta el primer domingo de abril de ese mismo año.
La resolución del TSE incorporó criterios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que en casos como Capriles vs. Venezuela y Gadea Mantilla vs. Nicaragua advirtió que el uso de recursos públicos, incluso sin gasto adicional, puede generar un desequilibrio en la competencia electoral.
