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Inflación, altos intereses y devaluación de la moneda entre las implicaciones
Arias hereda déficit de ¢1 billón a Laura
El año próximo deberá atender también vencimiento de eurobonos por ¢129 mil millones

La administración de Oscar Arias heredará un faltante en las finanzas públicas de casi ¢1 billón (un millón de millones) a su sucesora Laura Chinchilla.
Se reconoce que el déficit rondará este año unos cinco puntos del Producto Interno Bruto (PIB), y cada punto equivale a ¢193 mil millones.
Aún sin entrar a darle solución a este desajuste fiscal, el nuevo Gobierno tendrá que encarar el pago de vencimientos de eurobonos equivalentes a ¢129 mil millones que vendrán a ensanchar el faltante.
Los eurobonos son colocaciones de títulos en el mercado internacional denominados en dólares, emitidos bajo la normativa estadounidense, y conocidos como tales por el especial atractivo que ejercen entre inversionistas europeos.
Para el problema de la deuda, no se han propuesto a la fecha las soluciones. Solo a marzo pasado, se acumuló un déficit financiero de ¢261 mil millones; más del doble del registrado el primer trimestre de 2009.
El crecimiento del déficit implica a su vez un aumento del pago de intereses de la deuda (22% a marzo) la cual también sube impulsada por la colocación de bonos en respuesta a las necesidades de financiamiento para tapar el hoyo financiero.
El hueco fiscal genera como consecuencia una creciente deuda interna y externa. El faltante del año anterior ya hizo crecer para este el endeudamiento del Gobierno en un 3%, con respecto al valor de la producción.
Aun cuando las cifras lucen sombrías, Jenny Philips, ministra de Hacienda, ha insistido en que entregará una sana administración financiera al gobierno de Chinchilla.
El déficit lo atribuye a la crisis financiera internacional que trajo aparejada a su juicio una caída de la carga tributaria del 15,71% al 13,71%, dijo la jerarca.
Debido al faltante, el endeudamiento se ha convertido nuevamente en una amenaza y tendrá efectos graves en los años venideros de no adoptarse medidas drásticas.
El peso de la deuda pública total de casi un 44% del PIB representa otra vez una de las mayores vulnerabilidades de la economía costarricense.
El faltante consume en intereses ingentes sumas a diario y representa un alto porcentaje del total de los ingresos corrientes de este año.
Debido a la brecha entre ingresos y egresos las autoridades fiscales han tenido que recurrir a las colocaciones de títulos de deuda para obtener recursos. Es así como en el primer trimestre se captó el 60% de la deuda programada para la primera mitad del año.
Desde ya el déficit plantea interrogantes a los expertos de cómo enfrentarlo.
La magnitud del faltante fue reconocida por Fernando Herrero, nuevo ministro de Hacienda, quien dijo a LA REPUBLICA que el año entrante habría que pensar en una reforma fiscal.
El monto por cubrir es muy elevado y no podría ser sostenido a mediano y largo plazo sin imponer un costo económico, dijo por su parte Francisco de Paula Gutiérrez, presidente del Banco Central.
Esta ideología contrasta, sin embargo, con la del jefe de la política económica del nuevo gobierno, Luis Liberman, quien considera que poner nuevos tributos en un periodo en que la producción empieza a repuntar, podría hacer aún más lento el proceso de recuperación.
A pesar del riesgo cambiario que entraña, Herrero se dijo partidario de usar recursos de un crédito de $500 millones con el Banco Interamericano para pagar los eurobonos y atender el déficit, mientras se logran soluciones de más largo alcance.
La presencia del déficit, de acuerdo con analistas consultados, presiona el mercado interno con posibles tasas de interés más altas y poniéndole freno al crecimiento de las empresas y del empleo.
Las opciones de financiamiento externo podrían por otra parte alertar a los inversionistas extranjeros de las dificultades de Costa Rica para pagar, como ha ocurrido en otras latitudes.
Hacer uso de créditos como el del BID, de $850 millones para infraestructura y el de $500 millones para apoyo presupuestario, y otros fondos puestos a disposición del país por el Fondo Monetario Internacional se consideran una mala práctica porque van dirigidos a financiar más gasto.
El aumento de la deuda por otra parte compromete más recursos que se tendrían que dedicar al pago de amortización e intereses.

Wilmer Murillo
[email protected]



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