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En los últimos cuatro años, libre comercio, China, y concesiones compartieron la agenda presidencial con obras sociales
Arias, el presidente del Cafta
Seguridad quedó como talón de Aquiles del arismo

A punto de terminar sus cuatro años de segundo mandato, Oscar Arias será recordado más que todo por dos cosas.
Por un lado, será visto como el presidente que procuró que el país girara hacia un modelo socioeconómico, en el cual el sector privado cobra mayor fuerza, mientras se reduce el papel del Estado.
Esta transformación se simboliza más que todo en la lucha por la aprobación del Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y Estados Unidos (Cafta), que no solo permite que los productos costarricenses ingresen de forma privilegiada al mercado más grande del mundo, sino también obliga la apertura de los sectores de seguros y telecom, después de más de medio siglo de monopolio estatal.
En segundo lugar, la presidencia arista se destaca por un imponente estilo personal, en parte por la forma de ser del mandatario, pero también por razones prácticas —en lugar de lidiar con una Asamblea Legislativa fragmentada y a menudo inoperante, Arias optó por otros mecanismos.
En este contexto, ante una oposición férrea en contra del Cafta en la misma Asamblea, él ordenó que el pueblo soberano decidiera, mediante el primer referendum en la historia del país, el cual tuvo lugar el 7 de octubre de 2007.
De hecho, Arias apenas tuvo el apoyo que esperaba, al recibir un estrecho triunfo por menos del 2%.
No obstante, la medida fue audaz, tal como lo fue su decisión —tomada sin ninguna consulta pública— de romper casi de la noche a la mañana una relación diplomática con Taiwán, que había persistido por casi 60 años.
Todavía, los beneficios del cambio son inciertos.
Pronto habrá un nuevo Estadio Nacional, pagado por Pekín, pero Taiwán también había respaldado económicamente a este país.
La semana pasada, se firmó el Tratado de Libre Comercio con China, que no ayudará mucho a los exportadores nacionales, dado que el costo de penetrar un mercado tan lejano y complicado es alto, mientras varios productores estarán expuestos a una competencia china aún más intensa.
Sin embargo, es razonable esperar que el sector privado acepte un mayor grado de competencia, al beneficiarse de varias medidas aristas, incluida la apertura de los proyectos de infraestructura a las empresas privadas, mediante la figura de la concesión.
Esta figura fue impulsada en forma práctica por primera vez durante la administración de Miguel Angel Rodríguez; no obstante, Arias le ha agregado fuerza, sobre todo al lograr un acuerdo pacífico (esto también sin ningún involucramiento de la Asamblea), bajo el cual se pretende excluir el sindicato de los puertos del Caribe, que desde 1966 ha manejado este activo del Estado.
Es posible asegura
r que el culpable de la pobre administración de este recurso crítico fue un sindicato privilegiado, pero también se puede atribuir la responsabilidad a una serie de gobiernos que nunca realizaron las inversiones necesarias —en todo caso, este debate ya es estéril.
Lo que se espera más bien es el manejo de los puertos de Limón y Moín por el sector privado, tras inversiones multimillonarias, que no se realizarán hasta que pasen varios años; no obstante, si posteriormente se desarrollan instalaciones modernas de forma eficiente y transparente, formarán parte del legado arista.
Al mismo tiempo, Arias buscaba un equilibrio entre la liberación de un sector privado enérgico, y el mantenimiento de un papel importante del Estado en el área social.
Reflejo de ello fue
su impulso a la educación por medio del programa Avancemos, con el cual se logró disminuir la deserción estudiantil al dotar de becas económicas a familias pobres, así como al entregar a más escuelas rurales servicios de cómputo e Internet.
Aunado a esto, el aumento en las pensiones para adultos mayores del régimen no contributivo del Seguro Social y la erradicación de tugurios le han merecido elogios al mandatario.
Por otro lado, una de las más grandes desilusiones de este Gobierno ha sido la falta de respuesta adecuada a la crisis de la inseguridad.
Parte del problema ha tenido que ver con las duras condiciones económicas, que han prevalecido en el país, así como en casi todo el mundo, durante los últimos 18 meses, las cuales tuvieron el efecto de reducir la recaudación de impuestos, y con esto, la cantidad de recursos disponibles para invertir en seguridad.
No obstante, el público esperaba más; actualmente, no menos del 45% de la población afirma que la inseguridad es su principal preocupación, en comparación con el 35% en 2006, según las encuestas de CID Gallup.

Peor aún, hoy en día el 30% de los hogares costarricenses reporta que al menos un miembro de la familia ha sido víctima de un asalto, a cambio de tan solo el 20% hace cuatro años, según la encuestadora.
Al final de su administración quedan alegatos de algunos escándalos de corrupción atribuidos al gobierno de Arias, ninguno de los cuales se ha podido comprobar, hasta el momento.

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