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Mandatario aseguró que nueva ampliación del plazo para que Cafta entre en vigencia será ”del menor tiempo posible”
Arias pediría prórroga de un mes

• Diputados del G-38 consideran que estimaciones del Presidente son erróneas y que se necesitan al menos tres meses más
• Subsecretario de Comercio de Estados Unidos llegará al país el 30 de setiembre para negociar nuevo plazo

Carlos Jesús Mora
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Hace unas semanas el Poder Ejecutivo, los diputados, los empresarios y todo el país pensaban que el tema del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos (Cafta) iba a dejar de ocupar la atención a partir del 30 de setiembre.
Sin embargo, lo cierto del caso es que el acuerdo comercial y su agenda de acompañamiento seguirán dando que hablar en el próximo mes, o por lo menos esa es la previsión del Gobierno.
El viernes, pocos minutos después de haber llegado al país de su gira por Europa, el presidente Oscar Arias aseguró que la nueva extensión del plazo para aprobar los requisitos pendientes para que el acuerdo entre en vigor, no será de más de un mes.
Notoriamente cansado y desvelado, el mandatario atendió a la prensa nacional que una hora antes de su arribo al país ya lo esperaba en las afueras de su casa de habitación en Rohrmoser.
“Jamás vamos a pedir seis meses, lo máximo va a ser un mes, debemos esperar el fallo de la Sala IV y solicitar una nueva prórroga. Esto nos deja muy mal ante los ojos del resto de países miembros”, dijo Arias.
Las declaraciones del Presidente generaron diversas reacciones entre los diputados promotores del acuerdo (G-38), pues
consideran que ese lapso es muy corto.
“No se puede emitir ningún criterio sin conocer primero el voto de la Sala, pero en el mejor de los casos para enmendar este error nos tardaremos como mínimo tres meses más”, dijo Oscar Núñez, jefe de fracción de Liberación Nacional.
Carlos Gutiérrez, diputado del Movimiento Libertario, consideró también que las estimaciones de Arias son “ilusas”.
“Don Oscar se está aventurando, eso es realmente imposible y no por falta de voluntad política, sino por asuntos de procedimiento, si este inciso no se logra excluir la consulta a los pueblos indígenas tomará al menos seis meses”, afirmó Gutiérrez.
El pasado viernes el Gobierno inició las negociaciones con su homólogo estadounidense y los países centroamericanos y descartó la sugerencia de algunos diputados del G-38 en el sentido de que el Cafta y los proyectos ya aprobados se depositen ante la Organización de Estados Americanos (OEA) para que el convenio entre en vigencia.
De igual manera el Ejecutivo aseguró que los reglamentos sobre la apertura de telecomunicaciones, seguros y propiedad intelectual que van paralelos a las leyes de implementación estarán aprobados antes del 30 de setiembre.
“Esas salidas y alternativas así no son las más idóneas, queremos dar las mayores garantías”, argumentó al respecto Laura Chinchilla, vicepresidenta de la República.
El nuevo plazo se definirá en las próximas semanas, cuando se conozca el voto completo de los magistrados y tras el encuentro que sostendrá el presidente Arias con su homólogo estadounidense, George Bush, a finales de e
ste mes.
Entre el sector empresarial más alarmado por esta postergación está el textil, pues a finales de mes caducan las preferencias arancelarias de la Iniciativa de la Cuenca del Caribe.
“Ya había compras programadas, tratos, compromisos y contratos con fecha 1º de octubre, esto nos deja muy mal parados y en una situación alarmante”, dijo Miguel Schyfter, empresario de la industria textil.
El pasado jueves trascendió que la Sala IV declaró ilegal el procedimiento que los diputados usaron para aprobar el último proyecto de la agenda de acompañamiento del Cafta, relativo a Derechos de Autor y Propiedad Intelectual.
Los magistrados determinaron que el yerro se dio por no consultar las implicaciones del proyecto a los pueblos indígenas, como lo establece un convenio vigente de la Organización Internacional del Trabajo.
De este modo, resulta imposible que todos los requisitos para la entrada en vigor del tratado estén aprobados antes del 30 de setiembre cuando vence la prórroga que se le concedió a Costa Rica en febrero pasado.
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