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Argentina planea estatizar pensiones privados

De aprobarse en el Parlamento, la reforma implicará el fin del sistema de retiro por capitalización creado en 1994

Buenos Aires
EFE


El Gobierno de Argentina anunció ayer que impulsará una reforma legal para traspasar los millonarios fondos de pensión administrados por entidades privadas al sistema estatal de jubilaciones.
Cristina Fernández, presidenta argentina, firmó ayer el proyecto de ley que enviará al Parlamento para concretar esta reforma, tras lo cual ofreció un discurso en el que hizo una fuerte defensa del rol de intervención del Estado para resguardar el futuro de los trabajadores.
El plan oficial supone el traspaso al Estado de la cartera de fondos gestionada por las administradoras de fondos de jubilación y pensión (AFJP), que asciende a 98 mil millones de pesos (unos $30.600 millones).
De aprobarse en el Parlamento, la reforma implicará el fin del sistema de retiro por capitalización creado en 1994 y en el que actualmente operan diez compañías controladas por bancos y aseguradoras de capitales europeos, estadounidenses y argentinos, con 9,5 millones de afiliados.
“Escucho decir que el Gobierno quiere hacerse de una caja. Nunca hemos especulado a la hora de tomar decisiones, más allá de mantener el superávit fiscal. Sí pensamos en la Constitución, que dice que es el Estado el que debe garantizar las jubilaciones”, afirmó Fernández.
El titular de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), Amado Boudou, sostuvo que la propuesta oficial viene a “dar por terminado el experimento fracasado del régimen de capitalización”.
El funcionario consideró que el sistema de las AFJP “fue un error fenomenal que le costó muy caro a la sociedad argentina”, ya que constituyó un “saqueo” por el que el Estado se endeudó en $100 mil millones y pagó altas tasas de interés a las administradoras por sus tenencias en títulos públicos.
Según alegó el Gobierno, la rentabilidad de los fondos administrados por las AFJP cayó un 20% en el último año “y seguirá dando pérdidas en el futuro” al compás de la crisis financiera global.
Boudou dijo que, mientras en Estados Unidos y Europa el Estado se dedica a rescatar bancos, en Argentina “el Gobierno ha decido rescatar a los trabajadores y a los jubilados para que tengan un futuro seguro”.
Si se aprueba el proyecto, los fondos provenientes del sistema privado pasarán a las arcas de la Anses, que administra ya los aportes de unos cinco millones de trabajadores adheridos al sistema de jubilación estatal y que paga pensiones a unos cinco millones de retirados.
Además, la caja estatal se nutrirá anualmente con unos 15 mil millones de pesos ($4.630 millones) que los trabajadores aportan actualmente al sistema privado.
La Anses también se hará cargo del pago a las 445.514 personas que cobran su retiro a través del sistema privado y que en un 77% no alcanzan a la jubilación mínima, que es de 689 pesos ($212,6) mensuales, por debajo de la cesta básica de alimentos y servicios que marca la línea de pobreza y que el mes pasado fue de 970 pesos ($300).
Orígenes (controlada por la holandesa ING Insurance), Met (de la estadounidense Metropolitan Life) y Consolidar (del grupo español BBVA) son las principales firmas afectadas, ya que entre las tres acaparan el 47% de las afiliaciones al régimen de capitalización.
También operan en el mercado otras firmas controladas por sindicatos, asociaciones profesionales y cooperativistas de Argentina (Arauca, Unidos, Futura, Previsol y Profesión+Auge); Máxima, del grupo inglés HSBC, y Nación, del estatal Banco Nación de Argentina.
El anuncio oficial ha puesto en alerta a los 11 mil empleados del sector, cuyos representantes sindicales indicaron a Efe que reclamarán al Gobierno por la “violencia” de la reforma y el golpe de muerte a su fuente laboral, pese al apoyo de las centrales gremiales a la iniciativa del Ejecutivo.
Boudou garantizó que esos trabajadores serán incorporados a la Anses.
La reacción también fue adversa en los mercados, con caídas generalizadas en la Bolsa de Buenos Aires y particularmente notables para los papeles del sector bancarios -con retrocesos de hasta el 21%- y pérdidas también para los bonos públicos argentinos (-7%).
La oposición, en tanto, rechazó la iniciativa oficial por considerarla “un robo” y un “saqueo del dinero de los jubilados”, tal como la calificó la líder de la Coalición Cívica y ex candidata presidencial Elisa Carrió.


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