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Congreso del país sudamericano avaló declarar de utilidad pública a la aerolínea de vuelos domésticos de Buenos Aires
Argentina aprueba expropiación de Aerolíneas

Buenos Aires
EFE

La Cámara de Diputados de Argentina aprobó ayer un proyecto para habilitar la expropiación de Aerolíneas Argentinas y sus subsidiarias al grupo español Marsans, iniciativa que ahora deberá debatirse en el Senado.
La iniciativa fue aprobada con 152 votos a favor, 84 en contra y una abstención, tras un debate de seis horas y media en el que el oficialismo hizo pesar su mayoría.
El proyecto propone declarar a Aerolíneas y su subsidiaria para vuelos domésticos Austral como empresas de “utilidad pública y sujetas a expropiación”.
La declaración también alcanza al resto de las compañías controladas por Aerolíneas: Optar (operador de turismo), Jet Paq (carga) y Aerohandling (servicios de rampa).
De la expropiación quedarán exceptuadas las participaciones accionariales minoritarias en Aerolíneas del Estado argentino (5%) y de los casi 9 mil trabajadores de la firma a través del Programa de Propiedad Participada (0,59%).
En el debate de ayer, las principales fuerzas de la oposición se manifestaron a favor de la “recuperación” de la empresa, pero no de que la compañía sea expropiada en su conjunto.
La oposición defendió la expropiación solo de aquellos activos utilizables, para que el Estado no se haga cargo de la pesada de deuda de Aerolíneas, cercana a los $1.000 millones.
“Estamos asumiendo una deuda fenomenal que el pueblo argentino no contrajo y que es por lo menos fruto de un manejo brutal empresarial y de la incapacidad brutal de control a la empresa”, dijo el diputado Jorge Sarghini, del peronismo disidente.
“Esta operación es ruinosa para el gasto público del país”, coincidió el radical Oscar Aguad, que destacó que la empresa tiene un déficit operativo de $50 millones mensuales.
Finalmente, el oficialismo introdujo en el proyecto original un artículo que aclara que el Estado sólo se hará cargo de las “deudas legítimas”, que deberán ser identificadas y diferenciadas de las “ilegítimas” generadas por operaciones dolosas o mala gestión de Marsans.
Una vez que la iniciativa se convierta en ley, el Estado argentino, por medio del organismo que designe, ejercerá “todos los derechos que las acciones a expropiar le confieren” para “garantizar la continuidad y seguridad del servicio”, señala el proyecto, que podría debatirse en el Senado dentro de 15 días.
Apunta, además, que el Estado deberá encargarse del mantenimiento de las fuentes laborales y del resguardo de los bienes de las empresas y presentar en seis meses un plan de negocios para las compañías, intervenidas judicialmente desde el 21 de noviembre pasado.
La Ley de Expropiaciones de Argentina, aprobada en 1977, establece que el objeto de expropiación debe ser antes declarado de “utilidad pública” y que por él debe pagarse una indemnización que “solo comprenderá el valor objetivo del bien y los daños que sean una consecuencia directa e inmediata de la expropiación”.
Según esta norma, el Estado deberá pagar la indemnización “dentro de los valores máximos que estimen a ese efecto el Tribunal de Tasaciones de la Nación”, organismo que ya determinó que Aerolíneas tiene una valoración negativa de $832 millones, por lo que el Estado debería pagar un “valor simbólico” de un peso.
Para Marsans, dueño del 94,4% de Aerolíneas, la compañía vale entre $330 y $546 millones, según determinó el banco Credit Suisse por encargo del grupo español.
La Ley de Expropiaciones establece que si no hay avenencia respecto del valor de los bienes, la cuestión deberá resolverse mediante un juicio sumario.
La Comisión Bicameral de Reforma del Estado y Seguimiento de las Privatizaciones recomendó hace dos semanas debatir esta ley de expropiación, después de que Marsans rechazara vender la empresa al Estado argentino por un “valor simbólico”.
El Gobierno argentino y el grupo español firmaron en julio pasado un acuerdo para iniciar las negociaciones para la venta al Estado de la línea aérea, pero las conversaciones naufragaron por diferencias en las tasaciones de ambas partes.
El grupo español ha advertido que demandará al Estado argentino ante el Centro Internacional de Arbitraje de Disputas de Inversiones (CIADI), tribunal dependiente del Banco Mundial.
“El supuesto enojo entre el Gobierno y Marsans es puro teatro, acá no hay buenos ni malos como nos quieren hacer creer. No olvidemos que Marsans fue el mayor contribuyente a la campaña (por la Presidencia argentina) de Cristina Fernández”, indicó el diputado opositor Esteban Bullrich.
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