Emilio Bruce

Emilio Bruce

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Viernes 20 Junio, 2014

Que sean parámetros de costos internacionales los que rijan para fijar los costos, y que las cifras sean verificadas


Sinceramente

Aresep y el consumidor

Recientemente la ciudadanía ha comenzado a sentir temor de que los reguladores, lejos de defender a los consumidores con un sentido de equilibrio en sus decisiones, han estado aparentemente defendiendo, y más del lado, de quienes producen los servicios o los productos que adquieren los habitantes del país de los monopolios estatales.
No son pocos los que han comenzado a preguntarse por la pertinencia y exactitud de los modelos tarifarios y la veracidad de la información suministrada a la Aresep, a la Sutel y a quienes fijan tarifas y precios de consumidor.
Así se preguntan: ¿Quién ha revisado los modelos tarifarios para determinar su pertinencia y su justicia y equilibrio? ¿Quién los actualiza en su precisión? ¿Quién o quiénes auditan las cifras que las instituciones suministran a los reguladores?
Los modelos de fijación de precios son “al costo”, con un pequeño porcentaje para reinversión. ¿Pero entonces quién regula los costos de la empresa? Si la empresa puede fijar sus costos, pues los consumidores van a tener que pagar mucho más por ineficiencias y eso es censurable.
Aresep y Sutel tienen el deber, si los costos son determinantes en la fijación, estar muy claros en la competitividad de la fijación a nivel internacional. Los consumidores no deberíamos pagar la ineficiencia institucional.
Los modelos de “al costo” pretenden que las entidades cubran los mismos, pero ¿no resulta abiertamente irracional que ellas puedan subir sus costos y que los precios seguirán la subida sin más?
¿Quién regula los costos para que estos sean lo que deben de ser y no lo que el desperdicio de las instituciones determine? ¿Quién exige eficiencia y productividad a las instituciones? Si los precios se fijan sobre los costos en que ellos incurren y a su gusto y sin exigencias de ninguna naturaleza, la ineficiencia se traslada a los consumidores.
Otra faceta del problema resulta de la veracidad de los datos. En todo esto resulta fundamental desentrañar el papel que cumple la Contraloría General de la República.
La Contraloría debería auditar los costos, auditar la veracidad de las cifras que los regulados suministran a la Aresep para la fijación de los nuevos precios, digamos, de los combustibles y que a su vez tiene un impacto fiscal y un impacto en el consumo del ciudadano.
Sin veracidad de las cifras, los modelos matemáticos arrojan datos poco confiables. Se me ha asegurado que el ICE no lleva una contabilidad de costos formal. La fijación de precios no puede ser una herramienta fiscal disfrazada.
Veracidad de los datos, eficiencia de los costos, defensa del consumidor son principios básicos que deben seguir los reguladores. Vivimos épocas de cambio. Un millón trescientas mil personas votaron por ese cambio. Que los modelos de costos y de fijación se revisen para que sean pertinentes. Que sean parámetros de costos internacionales los que rijan para fijar los costos, y que las cifras sean verificadas. Entonces tendremos confianza y credibilidad en los precios que nos están fijando.

Emilio Bruce

Profesor
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